Xalapa, Ver. – La actual contralora general de Veracruz trabajó en el PRD bajo la dirigencia de Sergio Cadena Martínez, quien en 2022 cuestionó la llamada Ley Nahle.

Cuatro años después, el Congreso estatal aprobó una dispensa para que Galindo, originaria de Tampico, pudiera ocupar su actual cargo.

El 5 de agosto de 2022, Sergio Cadena Martínez, entonces dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechazó la llamada Ley Nahle al considerar que se trataba de una imposición del gobierno de Cuitláhuac García y que la iniciativa no respondía a una demanda social.

Meses después, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la disposición que permitía reconocer como veracruzanas a personas nacidas fuera del estado por tener hijos veracruzanos, Cadena calificó la reforma como una «aberración jurídica».

En ese período, Bárbara Galindo Ramos formaba parte de la estructura partidista del PRD. En 2020 encabezaba la dirigencia municipal del partido en Boca del Río, mientras Cadena estaba al frente de la dirigencia estatal, donde ambos participaban en la coordinación de actividades políticas.

En febrero de 2026, la gobernadora Rocío Nahle solicitó al Congreso de Veracruz una dispensa para que Galindo Ramos, originaria de Tampico, Tamaulipas, pudiera asumir la titularidad de la Contraloría General del Estado.

La solicitud recibió el respaldo de Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, quien defendió públicamente el perfil de la funcionaria y anunció un acuerdo entre las distintas bancadas.

Finalmente, el pleno legislativo aprobó la dispensa el 25 de febrero de 2026.

La discusión no se limita a los antecedentes partidistas de la actual contralora, sino al cuestionamiento de las razones jurídicas y políticas que sustentan este tipo de decisiones, así como los criterios que determinan cuándo una excepción resulta procedente y permiten distinguir si responde al interés público o a intereses políticos particulares.

SPI Veracruz

Xalapa, Ver.- Hasta septiembre Veracruz tiene un acumulado de 69 mil 451 víctimas de delitos del fuero común, según reportes del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En las categorías propuestas por la autoridad, la de delitos contra el patrimonio, acumula el mayor número de víctimas con 23 mil 630; aquí destacó el robo con 12 mil 289 y, a su vez, destacó el robo de vehículos con más de 2 mil víctimas; robo a negocios con 3 mil 177, mas de la mitad con violencia; daños a la propiedad también dejó un saldo de 5 mil 239 víctimas.

Otra categoría con muchas víctimas es la delitos contra otros bienes jurídicos y la amenaza es la de mayor número con 5 mil 931 personas perjudicadas; seguido de narcomunedo con 4 mil 911 víctimas; destacaron también delitos cometidos por servidores públicos con mil y suplantación o usurpación de identidad con mil 62 víctimas.

Delitos contra la familia concentró el ter grupo de mayor número de víctimas con 14 mil 469 y, el que se lleva toda la concentración es violencia familia con 9 mil 649 víctimas; violencia de género en todas sus formas con 2 mil 316 víctimas e; incumplimiento de obligación de asistencia familiar con mil 350 víctimas.

Asimismo, en cuanto a víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal, acumuló 9 mil 412 víctimas. Lesiones sumó un total de 7 mil 685 víctimas, de éste número, lesiones dolosas sumaron 5 mil 702 víctimas, la mayoría no se especifica en el reporte, pero 435 fueron con arma de fuego y 815 con arma blanca.

El homicidio -culposo y doloso- sumó un total mil 545 víctimas, de éstas 598 personas fueron victimas con arma de fuego y 427 con arma blanca.

Por homicidio culposo sumaron 876 víctimas, en su mayoría, 812, fueron por accidente de tránsito y; en cuanto a feminicidios, se tiene hasta septiembre un total de 17 víctimas – cuatro con arma de fuego; tres con arma blanca y, 10 sin especificar.

Agencias SPI

Xalapa, Ver.– El uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en las escuelas de educación básica de Veracruz quedó sujeto a nuevas restricciones con la entrada en vigor de los lineamientos que regulan su utilización dentro de los planteles públicos y privados.

La gobernadora Rocío Nahle García confirmó este martes la aplicación de la disposición, que busca evitar distracciones durante las clases y favorecer la atención de estudiantes y maestros en las actividades académicas.

La regulación establece que los dispositivos móviles únicamente podrán utilizarse cuando formen parte de actividades educativas previamente programadas y bajo la orientación del personal docente.

Sin embargo, la medida contempla excepciones. Los teléfonos y otros equipos podrán emplearse en situaciones de emergencia personal, así como cuando existan necesidades relacionadas con discapacidad, accesibilidad, inclusión o cuestiones de salud.

Antes de su entrada en vigor, la reglamentación fue sometida a un proceso de consulta en nueve regiones de Veracruz, encabezado por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

La disposición forma parte de los lineamientos aprobados a nivel federal por las autoridades educativas de las 32 entidades del país y publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Con el lema “¡Apaga la pantalla y enciende tu imaginación!”, las autoridades buscan propiciar entornos educativos saludables, favorecer la concentración de los alumnos y promover el uso responsable y seguro de la tecnología.

La regulación alcanza a las escuelas públicas y privadas de educación básica en Veracruz y establece que el uso de dispositivos dentro del salón de clases deberá responder a fines educativos o a alguna de las excepciones contempladas.

De esta manera, los teléfonos celulares dejan de ser dispositivos de uso libre durante las actividades escolares y quedan sujetos a las condiciones establecidas en los nuevos lineamientos.