Agencias SPI

Xalapa, Ver. – La implementación del sistema de justicia penal en Veracruz es prácticamente nulo, pues se ubica en el lugar 30 de 32 entidades en el país, con menor avance en su ejecución, de acuerdo con el informe de México Evalúa “Hallazgos 2019: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”.

Esto debido a que a pesar de que la entidad ha recibido poco más de mil 600 millones de pesos tan solo de 2016 a 2019 para implementar los cambios necesario, dado que existe un rezago en cuanto al diseño presupuestal del recurso entregado, que no corresponde con las necesidades del estado.

A ello se suma que como resultado hay dependencias con un déficit de personal especializado como en el caso de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) en cuanto a sus policías ministeriales, fiscales, peritos y jueces, esto se refleja en que exista una impunidad del 91.2 por ciento en el número de delitos.

De los 900 puntos posibles en 2019, Veracruz obtuvo apenas 293 puntos, con los cual sólo se encuentra por encima de Nayarit con. 284 y Guerrero con 278 puntos; en contraparte Querétaro obtuvo 727 y Baja California 641.

“Se observa un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, ya que ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo. Querétaro fue la entidad con mayor avance en la consolidación del sistema de justicia penal, seguida de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Yucatán. Por otro lado, las entidades peor evaluadas en términos de sus condicionantes fueron Guerrero, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo”, señala el informe.

Entre los hallazgos, se establece que los presupuestos asignados a las demencias y organismo públicos no responden a sus necesidades, pues mientras la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Veracruz obtuvo 68 millones 142 mil 564 pesos en 2019, la Fiscalía General de la entidad recibió 14 millones 794 mil 706 pesos; esto es, por cada peso otorgado a SSP, recibió apenas 0.24 pesos.

En contraparte, la Defensoría Pública no recibió presupuesto y la Comisión Estatal de Atención de Víctimas (CEAV) tuvo una asignación de un millón 190 mil pesos, contra los 22 millones 523 mil pesos otorgados al Poder Judicial de Veracruz.

Ello ha generado un rezago en materia de impartición de justicia; en la FGE se tienen 2.86 agencias del Ministerio Público  por cada 100 mil habitantes, cuando en promedio a nivel nacional son 3.94; este atraso también se presenta en el número de policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, pues mientras el promedio nacional es de 9.93, en la entidad es de 0.62.

En cuanto a fiscales, el promedio nacional es de 9.60 por cada 100 mil habitantes, pero en Veracruz es de 5.88; el número de peritos ni siquiera fue informado y los jueces son 3.52 por cada 100 mil habitantes, mientras el promedio nacional es de 3.77; los defensores también son insuficientes con apenas 0.28 por cada 100 mil personas, cuando la media es de 2.23.

El informe señala que esto ha generado que el índice de confianza en el sistema de justicia penal es muy bajo ya que es de -7.9 por ciento en la entidad, debido a que un alto porcentaje de los casos que son conocidos por las autoridades no reciben una respuesta efectiva por parte de ellas, aún cuando el diseño del sistema de justicia prevé diversidad de posibles respuestas y elementos suficientes para su atención.

“Es una señal de alerta que requiere ser atendida con urgencia ya que, en este caso, se dejan fuera los delitos ocurridos que no son del conocimiento de las autoridades, lo cual estaría dando señales de un problema más grave”.

La impunidad en Veracruz es del 91.2 por ciento, lo cual quiere decir que 9 de cada 10 delitos que se denuncian no son resueltos; el 95 por ciento de las investigaciones iniciadas fueron sin detenido, lo que la ubica ente las cinco entidades con los porcentajes más bajos, apenas después de Tabasco, Sinaloa, Baja California Sur y Tamaulipas.

Del total de investigaciones abiertas, el 80 por ciento en Veracruz fueron enviadas al archivo temporal, con lo cual se ubica entre las seis entidades peor calificadas en este tema. Además, el informe señala que solo el 1.3 por ciento de las carpetas iniciadas en Veracruz resultan en vinculación en proceso; mientras que a nivel nacional el promedio es de 3.4 por ciento.
A ello se agrega que en Veracruz el sistema de justicia penal enfrenta una congestión en causas penales, ya que los casos sin resolverse; es decir, en trámite llegan a ser el 71.3 por ciento del total, mientras el promedio es del 48.2 por ciento.

El informe advierte que en Veracruz solo el 2 por ciento de los delitos judicializados en causas penales lograron sentencias, a pesar de que el promedio nacional es de 13 porq neto; esto quiere decir que Veracruz se ubica entre los seis estados peor evaluados, junto con Sonora con 2 por ciento, y Puebla, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala con uno por ciento.
El informe advierte que el sistema de justicia penal se encuentra aún en un estado de inmadurez, con una característica general: la falta de liderazgo político y de voluntad para consolidarlo.