Río Blanco, Ver.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró al menos 33 mil 250 litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Río Blanco, como parte de una investigación por presuntos delitos relacionados con el almacenamiento y manejo ilícito de combustible.

La intervención fue autorizada por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio y ejecutada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), bajo la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Durante la diligencia, las autoridades también aseguraron un semirremolque tipo tanque, un tractocamión, una motoneta, dos motocicletas y el inmueble donde se llevó a cabo el operativo. Todos los bienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal como parte de la carpeta de investigación.

En el despliegue participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), mientras que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal brindó seguridad perimetral para garantizar el desarrollo de la diligencia.

El aseguramiento ocurre en un contexto en el que el robo de hidrocarburos continúa siendo un problema en Veracruz. De acuerdo con estadísticas del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), elaboradas con información de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el primer trimestre de 2026 fueron detectadas 60 tomas clandestinas en la entidad, cifra que representa un incremento del 3.45 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La Fiscalía General de la República informó que continuará con las investigaciones para establecer el origen del combustible asegurado, determinar si existen más personas involucradas y deslindar las responsabilidades legales correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas derivadas de este operativo.

Miguel Ángel Contreras Mauss

Orizaba, Ver.- Restos humanos en avanzado estado de putrefacción fueron localizados la tarde de este lunes a un costado de la autopista Ciudad Mendoza–Orizaba, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

El hallazgo se registró en un área contigua a la carpeta asfáltica, donde fueron encontradas varias bolsas negras que contenían restos humanos. El fuerte olor que emanaba del sitio alertó a personas que transitaban por la zona, quienes solicitaron la presencia de las autoridades a través del número de emergencias 911.

Elementos de diversas corporaciones policiacas acudieron al lugar, confirmaron el reporte y procedieron a acordonar el perímetro para preservar la escena, mientras agentes ministeriales y peritos en criminalística iniciaban las diligencias correspondientes.

Durante varias horas se realizaron las labores de inspección, fijación de indicios y levantamiento de las bolsas localizadas en el lugar. Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicarán los estudios periciales que permitan determinar el número de víctimas, su identidad y las causas de la muerte.

De manera preliminar, las autoridades confirmaron que los restos humanos se encontraban en avanzado estado de putrefacción. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas o identificadas en relación con este hecho.

La presencia de unidades de seguridad y de servicios periciales generó expectación entre automovilistas que circulaban por el tramo carretero Ciudad Mendoza–Orizaba, mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales.

La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el caso y establecer cómo ocurrieron los hechos. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer información oficial conforme avancen las investigaciones y los resultados de los estudios forenses.

Por Redacción

Cancún, Quintana Roo. – La situación jurídica de Octavio Domínguez Fernández continúa complicándose. Apenas unos días después de haber sido detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión en Cancún, Quintana Roo, ahora enfrenta una segunda causa penal, luego de que la Fiscalía le ejecutara un nuevo mandamiento judicial por el presunto delito de extorsión.

La nueva orden de aprehensión fue cumplimentada el pasado 17 de julio por elementos de la Policía Ministerial dentro del penal de La Toma, ubicado en Amatlán de los Reyes, Veracruz, donde Domínguez Fernández permanecía recluido tras su captura del pasado 14 de julio. La nueva investigación corresponde a un presunto caso de extorsión cometido en Coatzacoalcos, cuya víctima mantiene su identidad bajo reserva. ODF – nota periodistica 3 ext.docx

Durante la audiencia inicial celebrada el 18 de julio, la Fiscalía dio a conocer la investigación que sigue en su contra por este delito y el Juez de Control determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Su situación jurídica será definida en la continuación del proceso judicial.

Esta nueva acusación se suma a las investigaciones que ya enfrentaba por un presunto esquema de fraude mediante el cual, según diversas denuncias, ofrecía a empresarios y particulares distintos negocios asegurando contar con relaciones privilegiadas con integrantes del poder político.

De acuerdo con las denuncias, Domínguez Fernández afirmaba tener cercanía con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y otros integrantes de su familia, nombres que presuntamente utilizaba para convencer a potenciales clientes de que sus operaciones contaban con respaldo político y protección institucional. Hasta el momento no existe información pública que acredite dicha relación.

Según los señalamientos, esa supuesta red de influencias era uno de los principales argumentos con los que ofrecía la venta de facturas, operaciones inmobiliarias e inversiones que prometían importantes rendimientos. Incluso aseguraba contar con supuestos contactos dentro del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que cualquier revisión fiscal, decía, podía resolverse sin mayores consecuencias.

Las denuncias también sostienen que parte de las operaciones consistían en la comercialización de inmuebles que presuntamente no eran de su propiedad, además de otras negociaciones que habrían ocasionado pérdidas económicas a distintas personas.

Quienes posteriormente reclamaban la devolución de recursos o exigían el cumplimiento de los acuerdos, aseguran haber recibido amenazas e intimidaciones. Precisamente esos hechos dieron origen a una nueva carpeta de investigación que hoy mantiene a Domínguez Fernández sujeto a proceso por el presunto delito de extorsión.

Con esta nueva orden de aprehensión, el empresario acumula ya al menos dos procesos penales distintos. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar si existen más personas afectadas y si la presunta forma de operar se repitió en otros estados del país.

Juristas consultados señalan que, de acreditarse los hechos denunciados, además del delito de extorsión podrían configurarse otras conductas previstas tanto en el Código Penal Federal como en el Código Fiscal de la Federación, particularmente aquellas relacionadas con fraude, uso de documentos falsos y la comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, sin que ello implique un pronunciamiento anticipado sobre la responsabilidad penal del imputado.

Por ahora, corresponderá al Ministerio Público continuar la integración de las carpetas de investigación y al Poder Judicial determinar, con base en las pruebas que se presenten durante el proceso, la responsabilidad de Octavio Domínguez Fernández en cada uno de los casos que enfrenta.