[ LOCAL ]
Hasta 10 años por extorsionar
Se aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de dos a seis años de prisión cuando intervenga mas de una persona.

Agencias SPI
Córdoba, Ver. – En Veracruz el delito de extorsión se castigará con uno a 10 años de prisión y multas de 8 mil 900 hasta 35 mil 800 pesos, según las nuevas reformas aprobadas al Código Penal en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de Seguridad Pública y la Seguridad de la Comunidad.
Se impondrán de cinco a 10 años y multas de 8 mil 962 hasta 44 mil 810 pesos a quien por cualquier medio obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo en su perjuicio o de un tercero, para procurarse a sí mismo o a otro un lucro indebido, o para causar un daño.
Se aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de dos a seis años de prisión cuando intervenga mas de una persona; se realice por una o más personas armadas o bien portando instrumentos peligrosos; se emplee violencia física o psicológica.
También cuando se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada, sin que ello sea cierto, aun cuando sea únicamente para lograr que la víctima acceda de manera pronta y con mayor facilidad a alguna de las peticiones que se le hagan o bien para que no denuncie el hecho.
Igualmente, cuando la víctima sea una persona adulta mayor o sea mujer embarazada, o sea persona menor de dieciocho años; que se allane el inmueble de la víctima o donde ésta se encuentre para ejercer la conducta delictiva,
Cuando el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta; si el sujeto activo por extorsión telefónica o por cualquier medio electrónico fuere interno procesado o sentenciado.
A quien extorsione a personas dedicadas a la actividad comercial, de negocios, industrial o de trabajos lícitos, se impondrá una sensación de 10 a 15 años de prisión y multas de 17,924 a 35,848 pesos.
Además de las multas arriba citadas, se impondrá al responsable una sanción de tres a cinco años de prisión y multa de 25,043 a 71,696 pesos, cuando la víctima tenga a su servicio a uno o más trabajadores en el negocio, comercio, industria, profesión o trabajo lícitos.
Cuando el malhechor se ostente, por cualquier medio, como integrante de una pandilla, asociación delictuosa o delincuencia organizada, real o ficticia, de cualquier denominación; si el sujeto activo fuera condenado por delito doloso por sentencia irrevocable.
Cuando la extorsión se haga de forma continua, constante o periódica, dinero, bienes o servicios por concepto de cobro de cuotas de cualquier índole, o servicios adicionales a los obtenidos originalmente por el ilícito;
Si esta se realiza por vía telefónica, correo electrónico o cualquiera otro medio, aplicación o sistema de comunicación electrónico o digital, o por medios impresos;
Cuando la víctima suspenda o cierre parcial o totalmente sus actividades comerciales, de negocios, industriales o profesionales, o renuncie al trabajo, como consecuencia del delito.
Incluso, si los delitos arriba citados fuesen cometidos por servidores públicos de alguna institución de Seguridad Pública o privada, o fuerzas armadas, o de procuración y administración de justicia, se duplicarán las multas y los años de prisión.
Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo comisión y se inhabilitará de seis a diez años para desempeñarse en cualquier cargo público municipal o estatal y, se aplicará una pena de prisión que no será menor a la pena mínima y podrá llegar hasta las tres cuartas partes de la sanción máxima.
Finalmente, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multas de 896 a 3,584 pesos a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando el delito se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos.
Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito.

Miguel Angel Contreras Mauss
Córdoba, Ver.– Los voluntarios de la Cruz Roja Mexicana, delegación Córdoba, mantienen su labor en apoyo a las comunidades afectadas en la zona norte del estado, coordinándose con equipos de otras delegaciones de Veracruz y de diferentes estados del país.
Su trabajo se centra en recolectar, clasificar y enviar víveres, agua y artículos de primera necesidad para quienes más lo requieren.
Pese al esfuerzo continuo, la respuesta de la población ha disminuido en los últimos días, por lo que la delegación informó que el Centro de Acopio podría cerrar este viernes, según la asistencia y donativos que se registren hoy.
La institución hizo un llamado urgente para que quienes aún puedan contribuir, lo hagan, recordando que la necesidad sigue siendo grande en las zonas afectadas.
En Córdoba, los voluntarios se encuentran preparando cuidadosamente los paquetes con ayuda, asegurando que los envíos lleguen con rapidez y de manera organizada.
Cada donativo, desde alimentos hasta productos de higiene, representa un alivio para familias que han perdido parte de su patrimonio a causa de la emergencia.
La Cruz Roja refrenda su compromiso de permanecer activa mientras haya necesidades, agradeciendo el apoyo de la ciudadanía y de las empresas que se han sumado a esta labor solidaria.

[ LOCAL ]
Oficina de Hacienda en Córdoba saturada ante trámites vehiculares
Solo atienden a las primeras 80 personas

Miguel Ángel Contreras Mauss
Córdoba, Ver.-La Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz en Córdoba experimenta un nivel de saturación inédito—principalmente por conductores de motocicleta que acuden para emplacar sus unidades, hacer cambios de propietario o regularizar su situación vehicular.
Usuarios entrevistados señalaron que la oficina sólo entrega 80 fichas al día, y el horario de atención se reduce a horas matutinas, terminando a las 12:00 h, lo que provoca largas filas desde muy temprano.
La demanda es particularmente alta cuando llega el grueso de motociclistas que buscan hacer trámites urgentes antes de la semana laboral.
Otra fuente de molestia es la jurisdicción amplia que cubre esta oficina. Según un decreto publicado recientemente, la oficina con sede en Córdoba ahora da servicio a los municipios de Amatlán de los Reyes, Chocamán, Córdoba, Coetzala, Fortín, Naranjal y Tomatlán.
Esta ampliación de competencia explica en parte la saturación, pues diversos municipios concentran su afluencia en este único módulo derivado de trámites vehiculares estatales.
Conductores de motocicletas comentan que enfrentan esperas de horas, incluso antes de que abran las puertas, y temen perder la ficha para recibir atención.
Algunos mencionan que han tenido que regresar otro día sin lograr realizar el trámite por la limitada disponibilidad.
“Llegamos muy temprano y aún así no alcanzamos ficha… acabo de comprar la moto y necesito placas, pero me dicen que ya no hay fichas”, expresó uno de los afectados.
[ LOCAL ]
Transportistas acusan indolencia del gobierno estatal
“Llevamos 12 años sin tarifa y el diésel no deja de subir”, dicen

Miguel Ángel Contreras Mauss
Córdoba, Ver.— Mario Olvera de Gasperín, integrante de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz, acusó al gobierno estatal de indolencia frente a la situación crítica que vive el gremio. Dijo que desde hace doce años las tarifas del transporte no se han actualizado, mientras el precio del diésel se ha disparado y los costos de operación se han vuelto insostenibles.
“Nosotros entendemos la función de un gobernante y atendemos a la gobernadora del estado con los problemas que tiene, pero es importante que sepa que el transporte está al borde del colapso. No hay tarifa desde hace más de una década y el diésel sigue subiendo. No podemos comprar camiones nuevos ni ofrecer un servicio de calidad”, señaló.
El dirigente explicó que el sector se ha mantenido con recursos limitados y que la falta de revisión tarifaria ha provocado el deterioro del parque vehicular. Indicó que en estados como Puebla o el Estado de México ya se aprobaron ajustes que llevan el pasaje hasta los 14 pesos, mientras que en Veracruz no hay avances.
“El gobierno dice que para autorizar una tarifa necesitamos renovar unidades, pero ¿con qué dinero las compramos si los ingresos no alcanzan? Eso es un doble discurso. Mientras tanto, los transportistas seguimos absorbiendo los costos y poniendo de nuestro bolsillo”, expresó.
Olvera de Gasperín señaló que la falta de respuesta del gobierno estatal afecta no solo a los concesionarios, sino también a los usuarios, porque las unidades se deterioran y los servicios se reducen. Añadió que, pese a todo, los transportistas mantienen disposición de diálogo y apoyo a las autoridades, pero consideró que el tema ya no puede posponerse más.
Comentó que la situación del transporte refleja la crisis que enfrentan otros sectores productivos, como los cañeros, limoneros y aguacateros, todos golpeados por los altos costos y la falta de incentivos. “El gobierno federal acaba de aprobar más impuestos para 2026, pero no se ve un apoyo real a quienes generamos trabajo”, sostuvo.
Advirtió que si no se actualizan las tarifas, muchos transportistas dejarán de operar. “Somos respetuosos del gobierno, pero necesitamos que nos escuchen. El transporte mueve al estado, y sin él, la economía también se detiene”, concluyó.
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