Miguel Ángel Contreras Mauss

Alpatláhuac, Ver.- La presencia del gusano barrenador comenzó a convertirse en un problema recurrente para productores y propietarios de animales en Alpatláhuac.

En los últimos meses se han atendido más de 200 reportes relacionados con posibles infestaciones y casos confirmados en distintas comunidades.

Los avisos involucran principalmente a perros, ganado y animales utilizados para actividades agrícolas. El número de reportes ha aumentado y las autoridades municipales reciben nuevos casos de manera constante.

La atención se concentra en comunidades rurales, donde personal de Fomento Agropecuario revisa a los animales y orienta a sus propietarios cuando existen heridas que podrían favorecer la presencia de la larva.

El problema también ha llevado a realizar actividades de capacitación con productores y habitantes. Las acciones incluyen pláticas, talleres y vacunación.

El gusano barrenador se desarrolla cuando la mosca deposita sus huevos en heridas de animales. Las larvas pueden avanzar sobre el tejido vivo y provocar lesiones de consideración si no son atendidas.

Por ello, la revisión de los animales se ha vuelto una tarea frecuente para los propietarios. La recomendación es vigilar heridas, mantenerlas limpias y solicitar atención cuando exista sospecha de infestación.

Los reportes registrados en Alpatláhuac no corresponden exclusivamente a casos confirmados.

La cifra de más de 200 incluye sospechas que aún requieren diagnóstico, por lo que el número no puede tomarse como el total de animales afectados.

El municipio mantiene la atención de los avisos en las comunidades mientras continúa la vigilancia ante nuevos reportes.

La situación ocurre en un contexto nacional en el que el gusano barrenador mantiene presencia en diferentes entidades.

Hasta el 31 de julio de 2026, Senasica reportaba 1,326 casos de miasis por gusano barrenador en México.

Miguel Ángel Contreras Mauss

Amatlán de los Reyes, Ver.- Encontrar una fosa clandestina no significa encontrar a un desaparecido.

Para las familias que buscan a sus seres queridos, el hallazgo de restos humanos abre otra espera: la identificación. En los casos acompañados por el colectivo Madres Luna, apenas entre uno y uno y medio de cada 10 cuerpos recuperados han sido identificados y entregados a sus familiares.

Marcela Zurita, integrante de la organización, explicó que buena parte de los restos permanece bajo resguardo del Servicio Médico Forense mientras avanzan los procesos periciales para establecer su identidad.

En uno de los puntos intervenidos por las buscadoras fueron recuperados alrededor de 30 cuerpos. Sólo cuatro han sido restituidos a sus familias. En otro sitio fueron localizadas siete víctimas y una ha podido ser entregada.

Las cifras, advirtió Zurita, no alcanzan a dimensionar lo que ocurre detrás de cada hallazgo.

“Yo soy enemiga de dar números”, dijo la integrante de Madres Luna, al señalar que cada cuerpo representa una historia y una familia que lleva años esperando respuestas.

El problema no termina con la exhumación. Después viene la toma de muestras, los análisis forenses, la confronta de información genética y la revisión de expedientes para establecer a quién pertenecen los restos.

En ese proceso se acumulan los pendientes.

El colectivo tiene identificadas más de 200 carpetas relacionadas con personas desaparecidas. Sin embargo, de acuerdo con Zurita, el seguimiento con las autoridades resulta insuficiente para desahogar los expedientes con la rapidez que requieren las familias.

En algunas reuniones, señaló, las madres buscadoras alcanzan a revisar entre 25 y 30 carpetas durante una semana, pero posteriormente no siempre existe continuidad para avanzar sobre los casos restantes.

Las búsquedas tampoco parten únicamente de llamadas anónimas. Los colectivos trabajan con información contenida en expedientes de desaparición, datos aportados por familiares y líneas de investigación que permiten establecer posibles puntos de búsqueda.

Entre los casos que permanecen bajo investigación existen indicios relacionados con municipios como Omealca y Tezonapa.

Para las familias, el verdadero cierre no ocurre cuando los restos son extraídos de la tierra. Llega cuando existe una identificación oficial y pueden recibir a su familiar, incluso cuando la noticia confirma una muerte que durante años se negaron a aceptar.

“¿Quién no me dice que en esos que recuperé está mi hijo?”, cuestionó Zurita.

La frase resume el segundo drama de las fosas clandestinas: después de encontrar los cuerpos, todavía falta ponerles nombre.

Miguel Ángel Contreras Mauss

Amatlán de los Reyes, Ver.- Encontrar una fosa clandestina no significa encontrar a un desaparecido.

Para las familias que buscan a sus seres queridos, el hallazgo de restos humanos abre otra espera: la identificación.

En los casos acompañados por el colectivo Madres Luna, apenas entre uno y uno y medio de cada 10 cuerpos recuperados han sido identificados y entregados a sus familiares.

Marcela Zurita, integrante de la organización, explicó que buena parte de los restos permanece bajo resguardo del Servicio Médico Forense mientras avanzan los procesos periciales para establecer su identidad.

En uno de los puntos intervenidos por las buscadoras fueron recuperados alrededor de 30 cuerpos. Sólo cuatro han sido restituidos a sus familias.

En otro sitio fueron localizadas siete víctimas y una ha podido ser entregada.

Las cifras, advirtió Zurita, no alcanzan a dimensionar lo que ocurre detrás de cada hallazgo.

“Yo soy enemiga de dar números”, dijo la integrante de Madres Luna, al señalar que cada cuerpo representa una historia y una familia que lleva años esperando respuestas.

El problema no termina con la exhumación. Después viene la toma de muestras, los análisis forenses, la confronta de información genética y la revisión de expedientes para establecer a quién pertenecen los restos.

En ese proceso se acumulan los pendientes.

El colectivo tiene identificadas más de 200 carpetas relacionadas con personas desaparecidas. Sin embargo, de acuerdo con Zurita, el seguimiento con las autoridades resulta insuficiente para desahogar los expedientes con la rapidez que requieren las familias.

En algunas reuniones, señaló, las madres buscadoras alcanzan a revisar entre 25 y 30 carpetas durante una semana, pero posteriormente no siempre existe continuidad para avanzar sobre los casos restantes.

Las búsquedas tampoco parten únicamente de llamadas anónimas. Los colectivos trabajan con información contenida en expedientes de desaparición, datos aportados por familiares y líneas de investigación que permiten establecer posibles puntos de búsqueda.

Entre los casos que permanecen bajo investigación existen indicios relacionados con municipios como Omealca y Tezonapa.

Para las familias, el verdadero cierre no ocurre cuando los restos son extraídos de la tierra. Llega cuando existe una identificación oficial y pueden recibir a su familiar, incluso cuando la noticia confirma una muerte que durante años se negaron a aceptar.

“¿Quién no me dice que en esos que recuperé está mi hijo?”, cuestionó Zurita.

La frase resume el segundo drama de las fosas clandestinas: después de encontrar los cuerpos, todavía falta ponerles nombre.