CANCÚN, Quintana Roo, octubre 26 (XPFM).- La empresa de transporte marítimo Ultramar -principal operadora de rutas entre Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Cozumel- arrastra un largo historial negro.

Son constantes las denuncias públicas por el servicio y precios elevados, saturación de pasajeros, abusos y cobros indebidos, problemas en las instalaciones y discriminación, así como constantes violaciones a normas federales.

El monopolio del transporte de pasajeros marítimo de Quintana Roo se encuentra en un largo proceso de descomposición empresarial.

Con más de 2.5 millones de usuarios anuales, Ultramar enfrenta un creciente escrutinio público y legal que pone en duda su reputación y estabilidad operativa en Quintana Roo

En los últimos meses y años, la empresa de transporte marítimo ha sido objeto de múltiples denuncias y quejas públicas.

Ciudadanos inconformes

De acuerdo con los testimonios, los usuarios señalan diversas irregularidades en el servicio que ofrece la compañía, especialmente en rutas populares como Puerto Juárez–Isla Mujeres.

Entre las principales quejas destacan el mal servicio al cliente y los precios elevados de los boletos; además, se ha denunciado la saturación de pasajeros en algunas embarcaciones, sin respetar las medidas de sana distancia, situación que generó especial preocupación durante el periodo de pandemia.

Algunos usuarios también acusan abusos y cobros indebidos, señalando la venta de servicios a bordo —como la renta de carritos de golf— a precios inflados.

En distintos foros en línea se han reportado problemas con las instalaciones y presuntos casos de estafa en los muelles. Asimismo, un usuario denunció un incidente de discriminación por parte de un miembro de la tripulación.

Finalmente, en 2023, un grupo de transportistas federales acusó a la empresa de haberlos expulsado del estacionamiento del muelle de Ultramar en Puerto Juárez, lo que generó inconformidad entre los trabajadores del sector.

En el ojo federal

Por si no fuera suficiente, la empresa marítima ha enfrentado múltiples revisiones por parte de autoridades federales, así como denuncias de usuarios, lo que evidencia un proceso de supervisión y cuestionamientos sobre su operación en la región.

Dependencias federales han realizado inspecciones y revisiones enfocadas en aspectos ambientales, sanitarios, de competencia económica y protección al consumidor.

Por ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha sancionado a Ultramar en varias ocasiones. En 2015, evaluó posibles irregularidades en el muelle de Playa del Carmen, mientras que en 2020 impuso medidas correctivas por la remoción y relleno de manglares en el Malecón Tajamar, exigiendo la restauración de 7.2 hectáreas afectadas.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios suspendió un barco en la ruta Playa del Carmen–Cozumel en 2025 por incumplir normas sanitarias y exceder la capacidad de pasajeros; y en 2020, multó a la empresa por no respetar la sana distancia durante la pandemia, permitiendo que los barcos operaran con más del 100 % de su aforo.

La Comisión Federal de Competencia Económica abrió en 2024 una investigación junto con la empresa Winjet para determinar posibles prácticas monopólicas en el mercado del transporte marítimo en Quintana Roo.

Y la Procuraduría Federal del Consumidor revisó en 2019 las tarifas de Ultramar tras denuncias de aumentos superiores al 200 % en los boletos de Playa del Carmen, verificando que los precios exhibidos coincidieran con los cobrados efectivamente.

Estas acciones reflejan un control creciente de las autoridades sobre Ultramar y evidencian un contexto de cuestionamientos sobre su gestión, tanto en materia legal como en la atención al usuario y cumplimiento de normas.

Uno de los reveses más importantes para la compañía fue cuando la Comisión Federal de Competencia Económica negó la compra de la empresa por parte de Grupo Xcaret al considerar que la operación representaba un riesgo de concentración excesiva en el mercado.

De acuerdo con la resolución del organismo, la adquisición implicaba que Grupo Xcaret obtuviera el control de varias navieras que operan rutas estratégicas, entre ellas Puerto Juárez–Isla Mujeres, Zona Hotelera de Cancún–Isla Mujeres y Playa del Carmen–Cozumel.

El resolutivo emitido en agosto de 2024, se basó en un estudio de mercado que mostró que más de 2.5 millones de usuarios anuales dependen de estas rutas para su movilidad, por lo que mantener la competencia es esencial para garantizar tarifas accesibles y un servicio eficiente.

Escándalos sin freno

Durante el presente año, Ultramar enfrenta nuevos cuestionamientos por incidentes recientes que han afectado tanto a pasajeros como a empleados y empresarios locales.

En enero, más de 300 pasajeros quedaron varados en el cruce Isla Mujeres–Cancún debido a una falla mecánica en una de sus embarcaciones.

Aunque la empresa desplegó embarcaciones de apoyo, la situación generó caos y preocupación entre los usuarios, algunos de los cuales recurrieron al 911 para pedir ayuda.

A ello se suman conflictos laborales, como el ocurrido en septiembre, cuando empleados de Ultramar iniciaron un paro por falta de pago de sus quincenas, situación que la empresa atribuyó a bloqueos de cuentas por parte del gobierno municipal de Isla Mujeres.

Empresarios locales denunciaron restricciones arbitrarias para el transporte de carga en los ferries, mientras que taxistas en Playa del Carmen han protestado contra la competencia desleal de operadores autorizados por la compañía.

Toda esta larga fila de hechos evidencian que Ultramar continúa enfrentando problemas operativos, administrativos y legales que afectan su reputación.

La mala fama arrastra el grupo empresarial.

Por Víctor Hugo Arteaga, Arturo Andrade y Alberto Martínez

Gráficos: Enrique Torres

MIAMI, Florida, (XPFM).- Con un entramado empresarial bien definido, los hijos del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), no sólo son beneficiados de manera directa e indirecta con contratos oficiales, sino que evaden impuestos con prácticas que le han costado al fisco mexicano al menos 87 millones de pesos.

Una investigación periodística de XPECTRO FM descubrió que de forma sistemática la principal empresa de los hijos del mandatario, Constructora Chocosa SA de CV, cancela facturas, previamente pagadas, emitidas a empresas a las que otorgaron servicios de proveeduría. Compañías que ganaron licitaciones o recibieron asignaciones directas del Gobierno de Sinaloa.

Además, los nombres de los dos hijos del mandatario aparecen vinculados con dos empresas señaladas por autoridades de posible tráfico de hidrocarburos y una investigada por su relación con grupos delincuenciales en supuesto lavado de dinero.

Un hecho que no es aislado, sobre todo cuando la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció este lunes sanciones a ocho personas y doce empresas por tener nexos con la fracción de Los Chapitos, entre ellos una compañía que fue beneficiada con contratos por el Gobierno de Sinaloa.

El modus operandi de evasión fiscal

La profunda investigación de XPECTRO FM, con apoyo del portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT), encontró que la empresa Constructora Chocosa S.A de C.V., propiedad de dos de los hijos de Rocha Moya, evade al fisco mexicano de forma sistemática.

En una primera entrega, la investigación denominada La Banda Sinaloense del Gobernador Rocha Moya, detectó que existían dos modos de operación que llevan a las empresas de los hijos del mandatario a ganar concursos de manera directa o indirectamente y después una de esas compañías (Constructora Chocosa SA de CV), recibir (recibe) pagos por diversos servicios o proveedurías.

Los socios principales de Chocosa son Rubén Rocha Ruíz, Ricardo Rocha Ruíz. Y a partir del año 2015 se sumó como socio Francisco Javier Barrón Sandoval, padre de Francisco Javier, Jefe de Departamento de la Secretaría de Finanzas de Gobierno, y Fernando Barrón Aguayo, Director de Administración y Finanzas de la Comisión de Vivienda del Estado.

Uno de los hechos más emblemáticos fue de la Constructora Bogax SA de CV, que el 18 de febrero del año 2022, tres meses después de la toma de Rocha Moya, concursó con una propuesta de 16 millones 410 mil 828.05 pesos, misma cifra presentada por otras nueve empresas y dos más que varió sólo 100 mil pesos.

El 23 de febrero de ese año, sólo cinco días después, la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa, le otorgó la victoria a la Constructora Bogax de dicha obra. Diez días después del acto inicial del concurso (el 28 de marzo), el representante legal de la compañía, Manuel Octavio Borboa Robles, firmó el contrato ganador.

Anexar Acta de Fallo Constructora Bogax Pavimentación Municipio de Culiacán ( DOCUMENTO 1)

Anexar Contrato Bogax Pavimentación Culiacan (documento 2)
Anexar Factura de Bogax a Chocosa por 3,016,475.60 (documento 3)

Tres semanas más tarde, el 14 de marzo, Bogax realizó un pagó a la firma Chocosa por 3 millones 16 mil 475.60 pesos por concepto de agregados de material para terraplén, subrasante y base triturado.

Al buscar en el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para verificar si el comprobante fue certificado por esta entidad, el resultado fue negativo.

“Este comprobante no se encuentra registrado en los controles del servicio de administración tributaria”, reportó dicho sistema oficial. Es decir, la factura emitida no existe, pero el pago sí fue hecho y después la factura cancelada.

(Anexar Pantallazo revision página del SAT de la Factura Emitida). Documento 4

Además se identificaron media docena de folios fiscales por pagos de Bogax a Chocosa que sumaron otros 4 millones 434 mil 478.10 pesos.

Se trató de los folios número A73055D-A2BF-45A3-A442-E44862DFB530, 7AA8D6E3-2AB8-4966-8837-B7AC7858FDFE, A35F1033-7B7B-4C95-AFA9-B4532A9D7679, 9E9E3D54-0544-4A7A-A70C-356EC9BCC6DE, D7ED794E-532C-4F6F-9B76-9007B0E34A9B.

Al consultar el portal de verificación de comprobantes fiscales electrónicos del SAT, XPECTRO FM confirmó que los folios no se encuentran registrados en los controles del SAT, es decir las facturas fueron emitidas, cobradas, depositadas y posteriormente canceladas.

ANEXAR RELACION DE FOLIOS FISCALES (DOCUMENTO 5)

Un modus operandi que se aplicó del año 2019 al 2021, cuando su padre fue Senador de la República.

Ricardo y Rubén Rocha Ruiz, emitieron facturas por 87 millones de pesos, sin embargo, posteriormente fueron canceladas a pesar de que habían sido pagadas a sus cuentas empresariales.

Los documentos fiscales emitidos, pagados y posteriormente cancelados en el año 2019, fueron por un total de 52 millones 230 mil 434 pesos.

Y en 2020, la empresa Chocosa SA de CV canceló facturaciones por 16 millones 656 mil 147 pesos. Un año después, en 2021 las facturas canceladas fueron por 18 millones 848 mil 225 pesos.

En total, la cancelación de los comprobantes fiscales representó el 10.23 por ciento del total de la facturación realizada en el año 2019, mientras que en el 2020 llegó al 10.27 y en 2021 la cifra aumentó al 12.05.

ANEXAR REPORTE FACTURAS CANCELADAS SAT DOCUMENTO 6)

Aún más, un contador público identificado como Abel Escobedo Flores, es el representante de las empresas JRM Transportación de Hidrocarburos S.A. de C.V. y de Transportes Nari S.A. de C.V. , esta última requerida apenas el 25 de agosto por la Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas para aclarar movimientos bancarios por más de 339 millones 552 mil 525.15 pesos y 2,000 dólares de la cuenta número 82-50097202-7 Banco Santander S.A.

ANEXAR OFICIO SECRETARIA DE FINANZAS DE TAMAULIPAS 3 PAGINAS (DOCUMENTO 7)

Red de complicidades delincuenciales

Como parte de la indagatoria periodística, se destaparon nexos de los Rocha Ruíz con dos empresas señaladas por autoridades de posible tráfico de hidrocarburos y una investigada por su relación con grupos delincuenciales.

Se trata de las compañías Constructora Remco SA de CV, JRM Transportación de Hidrocarburos SA de CV y Stare It Services SA de CV, esta última vinculada al vehículo involucrado al atentado contra la nieta de Rocha Moya, ocurrido el pasado 23 de septiembre.

Stare It Services SA de CV fue la empresa que tramitó el permiso de importación de petrolíferos e hidrocarburos 1701C1240001274, el cual es de interés para las agencias de seguridad en los Estados Unidos.

ANEXAR PERMISO DE IMPORTACION (DOCUMENTO 8)

En tanto, Constructora Remco S.A de C.V., una de las firmas más beneficiadas en el sexenio de Rocha con contratos de todo tipo, tiene como accionista a Jesami Ana Lucía Carrillo Félix, quien también aparece como socia de JRM Transportación de Hidrocarburos, S.A. de C.V. empresa que ha sido señalada por casos de Huachicol.

ANEXAR ACTA ASAMBLEA CONSTRUCTORA REMCO (DOCUMENTO 9)

ANEXAR ACTA ASAMBLEA JRM TRANSPORTACION DE HIDROCARBUROS (DOCUMENTO 10)

Por ejemplo, el 23 de febrero del 2024, en Saltillo Coahuila, la Guardia Nacional detuvo al conductor de una pipa doble remolque que transportaba 61 mil litros de hidrocarburos, propiedad de la empresa, JRM Transportación de Hidrocarburos, el cual no pudo acreditar debidamente la procedencia del producto.

El 12 de agosto de 2022, en un operativo contra el huachicol fiscal realizado por la Fuerza Civil en la autopista Monterrey-Reynosa en el kilómetro 120 en General Bravo, pudieron detectar y asegurar por irregularidades en su documentación, un camión en color blanco de la marca International de la empresa “JRM Transportes de Hidrocarburos S.A. de C.

Hay que recordar que en el último mes, personal de seguridad asignado a hijos del Gobernador sinaloense han sufrido ataques, que incluso costó la vida a Alexander “Chuy” Rodríguez.

Fue la tarde del 23 de septiembre, cuando un comando atacó la camioneta asignada a la hija del gobernador, Eneyda Rocha Ruiz, y en la que viajaba su nieta.

Y recientemente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a ocho personas y doce empresas señaladas de tener nexos con la fracción de Los Chapitos.

El gobierno de Donald Trump se lanzó contra la red que suministra precursores químicos ilícitos de fentanilo al Cártel de Sinaloa, entre ellas a la empresa de suministros de laboratorio Sumilab, con sede en Culiacán.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros identificó como principales socios de dicha compañía a los hermanos Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y Gabriela Favela López, quienes recibieron, durante 2018 y 2022, contratos del Gobierno de Sinaloa por casi 15 millones de pesos, según documentó en su momento el diario español El País.

Negocios al amparo del poder
La gran red empresarial que forma parte del tráfico de influencias de la familia Rocha Ruíz fue descubierta al revisar cientos y miles de documentos de actas constitutivas de empresas ante el Registro Público del Comercio y en el Sistema Integral de Gestión Registral.

Ahí se encontró que hijos del gobernador son socios de funcionarios estatales en distintas compañías y a su vez, estos servidores públicos son accionistas de otras compañías que han sido beneficiados con jugosos contratos gubernamentales.

Durante años, los hijos del gobernador morenista (Ricardo, Rubén, José Jesús, Eneyda Rocha Ruíz y su yerno Jorge Antonio Cano Félix), han realizado negocios al amparo de las relaciones políticas de su padre.

Desde que su padre fue coordinador de asesores del gobernador Quirino Ordaz Coppel, pasando por su puesto como Senador de la República y hasta su llegada al Ejecutivo Estatal, han logrado obtener grandes sumas de dinero producto de contratos y asignaciones a las distintas empresas a su nombre.

Los tres hijos del mandatario, adquirieron empresas a lo largo de los años, que durante la administración de su padre como gobernador de Sinaloa, tienen relación con otras que participan en la asignación de contratos de servicios y obras públicas.

Por ejemplo, Ricardo y Rubén Rocha Ruíz son socios mayoritarios en la compañía Constructora Chocosa SA de CV, fundada el 14 de mayo de 2009.

ANEXAR ACTA CONSTRUCTORA CHOCOSA DOC 11

Y con su hermano José Jesús Rocha Ruíz, figuran en actas constitutivas en las empresas Grupo Rofcar SA de CV, A&R Inyecta Soluciones SA de CV Sofom ENR, Construcciones Suaqui SA de CV, Agronegocios y Servicios El Águila del Norte SA de CV, A&R Soluciones y Estadísticas SA de CV, Stare It Services SA de CV y Chocosa Ranch SPR de RL.

ANEXAR ACTAS DE EMPRESAS (DOCUMENTOS 12 A 18)

Los documentos obtenidos, revelaron que de 2010 a 2018 el Gobierno del Estado de Sinaloa, así como los ayuntamientos de Culiacán y Mocorito, otorgaron contratos a la empresa Constructora Chocosa S.A. de C.V., propiedad de dos de los hijos de Rocha Moya, por 64 millones 660 mil 930 pesos.

El entramado empresarial y tráfico de influencias construido por las familias Rocha Ruíz y Cano Rocha, abarca además empresas cuyos socios, son a su vez accionistas de las empresas de los hijos del Gobernador.

Esos socios están relacionados con otros socios y parientes, que se encuentran en la estructura actual del Gobierno del Estado de Sinaloa y quienes otorgan contratos a sus propias empresas de manera directa y de forma indirecta a las firmas relacionadas con la familia del Ejecutivo.

En el actual gobierno sinaloense, los funcionarios identificados en las sociedades alrededor de los Rocha Ruíz y Cano Rocha son José Carlos Cárdenas Mellado, actual director del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (Sates) y socio de Grupo Rofcar SA de CV.

ANEXAR DOCUMENTO 19 NOMBRAMIENTOS

En la lista de los funcionarios cercanos también aparecen Eduardo Aguirre Medina, director administrativo de los Servicios de Salud de Sinaloa, socio de A&R Inyecta Soluciones SA de CV Sofom ENR y también figura en A&R Soluciones y Estadísticas SA de CV.

Además de Fernando Barrón Aguayo, director administrativo y finanzas de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa y su hermano Francisco Javier Barrón Aguayo, director de servicios generales de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa. El padre de ambos, Francisco Javier Barrón Sandoval, es socio en el acta constitutiva de la principal empresa de los hijos del Gobernador, Constructora Chocosa SA de CV.

Otra funcionaria coludida en el esquema es Elizabeth Millán Vélez, quien es una de las responsables de la oficina del Registro Público del Comercio en Culiacán y quien también ha ocupado cargos en el Sindicato de trabajadores al Servicio del Estado y aparece como socia de la empresa Infraestructura Urbana de Sinaloa SA de CV, compañía participante y ganadora de licitaciones durante esta administración.

ANEXAR DOCUMENTOS 19/2-3-4

En la lista aparece Katya Lizbeth González Ramos, adscrita a la Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud de Sinaloa y representante legal de la empresa Electroconstrucciones SA de cv

ANEXAR LISTADO PREELIMINAR CONTRATO SSA DOCUMENTO 26
ANEXAR ACTA FALLO UA DE O DOCUMENTO 27

El presidente suplente del Comité de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Luis Manuel Mercado Rosales, también es socio de Construcciones Suaqi, junto con Rubén Rocha Ruiz. También se desempeña como jefe del departamento de supervisión norte de la Secretaría de Obras Públicas.

La empresa A&R Inyecta Soluciones S.A de C.V. SOFOM ENR, fue creada el 12 de agosto de 2014 como una sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, es decir realizan actividades financieras, pero no bajo la supervisión directa de la Comisión Nacional Bancaria (CNBV).

Se encontró que entre sus socios se encuentran Ricardo Rocha Ruiz (hijo del gobernador) y Eduardo Aguirre Medina (actual Director Administrativo de la SSA de Sinaloa).

Pero resulta que el funcionario estatal, Eduardo Aguirre Medina, es socio también de Manocash .S.A. de C.V. junto con Manuel Ángel Rivera Urbina, este último socio de Pinturas Mobil de Culiacán S.A. de C.V.

ANEXAR ACTA MANOCASH (DOCUMENTO 20)

La empresa fue creada el 27 de marzo del 2009, y sus socios actuales son Manuel Ángel Rivera Urbina, Giovanni Rivera Urbina y Yazmin Rivera Urbina.

ANEXAR ACTA PINTURAS MOBIL (DOCUMENTO 21)

Obviamente, de 2021 a 2024 recibió contratos del Gobierno de Sinaloa por un monto de 15 millones 750 mil 818 pesos; de los cuales 5 millones 245 mil 564 pesos corresponden a la Secretaría de Salud de Sinaloa, y quien firmó los contratos fue el propio Eduardo Aguirre Medina.

En la lista aparece Constructora y Mobiliaria Rivang S.A. de C.V., creada el 20 de julio de 2009, cuyos socios registrados fueron Yeseli Angulo Inzunza y Manuel Ángel Rivera Urbina, éste último –recordemos- socio en la empresa Manocash .S.A. de C.V. del Director Administrativo de la SSA de Sinaloa, Eduardo Aguirre Medina, a su vez, socio del hijo del gobernador.

ANEXAR ACTA CONSTRUCTORA Y MOBILIARIA RIVANG DOCUMENTO 22

A Constructora y Mobiliaria Rivang S.A. de C.V., el Gobierno del Estado de Sinaloa le asignó entre 2021 a 2024, contratos por 6 millones 235 mil 966.34 pesos, de los cuales 2 millones 873 mil 831 pesos corresponden a la Secretaría de Salud de Sinaloa y nuevamente aparece la firma del propio Eduardo Aguirre Medina.

El comisario designado en la fecha de creación fue Mario Ernesto Gallardo Pérez, (socio de Sueños Bajo Techo S.A. de C.V.), nombramiento que le fue revocado el 22 de enero de 2024, cuando la asamblea de accionistas nombra a Luz Berthila Inzunza Ángulo.

En la compañía Sueños Bajo Techo S.A. de C.V., vuelve a surgir el nombre de Manuel Ángel Rivera Urbina, socio del Director Administrativo de la SSA de Sinaloa, Eduardo Aguirre Medina, a su vez, socio del hijo del gobernador.

ANEXAR INSERTAR ACTA SUEÑOS BAJO TECHO DOCUMENTO 25

Esta empresa fue creada el 25 de abril de 2022 con su socio Mario Ernesto Gallardo Pérez (comisario en Constructora y Mobiliaria Rivang de 2009 a 2024) y Dorisa Valenzuela Meza, como comisario Edgar Jaciel Inzunza Cárdenas, quien también aparece como proveedor de la SSA de Sinaloa y a quien la SSA de Salud le ha otorgado contratos vía adjudicación directa por un monto de $9 millones 533 mil 649 pesos.

A esta empresa el Gobierno del Estado, le ha asignado contratos por la cantidad de 22 millones 080 mil 483 pesos, de los cuales 7 millones 894 mil 464 pesos corresponden a la SSA de Sinaloa, vía adjudicación directa.

José Rosario Ibarra Félix es proveedor de la SSA y quien ha tenido relación laboral en la empresa Ballel Comercializadora propiedad de una de las piezas claves en el entramado, Manuel Ángel Rivera Urbina, a quien la SSA de Salud de Sinaloa, le ha otorgado contratos por 4 millones 158 mil 396 pesos.

Gracias a los vínculos con los hijos de Rocha Moya, la SSA de Sinaloa le ha asignado contratos a estas empresas por un monto de 29 millones 705 mil 877 pesos.

En tanto, José Rosario Ibarra Félix, socio del hombre clave del entramado, aparece también como representante de la empresa Urbanizaciones y Edificaciones Corrales S.A de C.V., a la cual la Secretaria de Obras Públicas le ha asignado contratos por 49 millones 483 mil 390 pesos.

ANEXAR ACTA CVIVE DOCUMENTO 24

Mientras la presidente de México visita Sinaloa y apoya públicamente al Gobernador de Sinaloa, éste junto con sus hijos y su yerno, se dedica a beneficiar a sus propias empresas y permite que los miembros de su gabinete fortalezcan sus propias compañías y las de sus familias cercanas.

Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que su gobierno propondrá la eliminación del fuero constitucional para diputados y senadores, medida que formará parte de la reforma electoral que será enviada al Congreso en 2026.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria cuestionó la vigencia de esta figura legal. “Que no haya fuero, ¿por qué tiene que haberlo? Eso es del pasado. La presidenta no tiene fuero, pues tampoco deberían tenerlo los legisladores”, expresó.

Sheinbaum subrayó que la iniciativa busca combatir la impunidad y avanzar hacia un ejercicio público más transparente. Recordó que, históricamente, el fuero ha servido como escudo para políticos que evaden responsabilidades legales, lo que ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones.

De acuerdo con lo expuesto, la propuesta será trabajada en los próximos meses, con la intención de integrarla al paquete de reformas electorales en diciembre y presentarla formalmente en febrero de 2026.

La presidenta señaló que el tema abrirá un debate político de gran calado, ya que implicará revisar los privilegios de la clase política y garantizar que todos los servidores públicos sean juzgados bajo las mismas reglas. “La rendición de cuentas es el eje de este gobierno; ningún privilegio debe estar por encima de la ley”, afirmó.

La iniciativa se suma a otros planteamientos de reforma electoral que la administración federal ha adelantado y que, según Sheinbaum, serán discutidos con todas las fuerzas políticas para asegurar su legitimidad y respaldo ciudadano.