Agencias SPI
Xalapa, Ver. – Propietarios afectados por la invasión ilegítima del predio Jinicuil Manso por parte de la organización campesina CIOAC, señalaron a la titular de la CEDH, Namiko Matzumoto de estar coludida con la autoridad estatal para no ejecutar la orden judicial de desalojo.
Vecinos del municipio de Coatepec, propietarios legítimos del predio Jinicuil Manso, dieron a conocer que el sábado 12 de este mes, se burló por séptima ocasión la orden judicial que dispuso la restitución de tales terrenos invadidos por la CIOAC a sus legítimos propietarios
Los afectados precisaron quelos juzgados federales ordenaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz para constatar el respeto a los derechos humanos en la diligencia, dicho organismo decidió no presentarse este sábado 12 y acatar así la instrucción dada por el gobierno del Estado de impedir el cumplimiento de la orden judicial.
“De tal suerte, es factible asegurar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos perdió ya su autonomía, en el mismo tenor que claudicó a ella la Comisión Nacional. Ha sido la propia autoridad estatal quien ha alentado la impunidad en favor de los invasores de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac)”, comentó el afectado, Ari Sebastián Brickman.
Agregó que es lamentable también que la Federación permanezca indiferente frente a delitos ecológicos, toda vez que dicha región es la fábrica de agua que alimenta a la ciudad de Coatepec y zonas aledañas, incluida la propia ciudad de Xalapa.
Advirtieron los afectados que no claudicarán hasta obtener justicia, aunque ésta esté maniatada en Veracruz, por lo que seguirán su lucha ante las instancias del Poder Judicial Federal hasta lograr que les restituyan sus propiedades.
Hay que mencionar que desde hace ya varios años, sedicentes campesinos adheridos a la CIOAC, con la abierta complacencia del gobierno de Veracruz, invadieron y despojaron de sus bienes a pequeños propietarios, dañando al medio ambiente, poniendo en riesgo el abasto de agua a varios municipios.
Para lograr su cometido, los despojadores falsificaron documentos, tras asegurar que están asentados en tales predios desde 1976 sustentado en constancias de posesión falsificadas.