Miguel Ángel Contreras Mauss

Córdoba, Ver.- Después de seis días de búsqueda, familiares de Guadalupe Espinoza Ariespe, de 51 años, la encontraron sin vida en el fondo de un barranco ubicado en la colonia Los Carriles, en Córdoba.

La mujer había sido reportada como desaparecida desde el pasado 17 de septiembre, por lo que autoridades iniciaron las acciones de búsqueda, mientras sus familiares también recorrieron distintos puntos de la zona con la esperanza de encontrarla.

La localización ocurrió este miércoles, cuando uno de sus familiares ingresó a una zona de difícil acceso en Los Carriles y observó un bulto entre la vegetación. Al acercarse descubrió que correspondía al cuerpo de una mujer.

El hallazgo fue reportado de inmediato a los servicios de emergencia. Elementos de seguridad acudieron al sitio y confirmaron que la persona ya había fallecido.

Debido a las condiciones del terreno, los primeros respondientes establecieron un perímetro de seguridad y mantuvieron bajo resguardo el lugar mientras esperaban el arribo del personal de la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, agentes de la Policía Ministerial y peritos en criminalística se trasladaron hasta el barranco para realizar las diligencias correspondientes.

El personal especializado inspeccionó el área donde fue localizado el cuerpo y realizó el registro fotográfico de la escena, además de buscar posibles indicios que pudieran contribuir a establecer qué ocurrió con la mujer.

Una vez concluidos los trabajos ministeriales, el cuerpo fue recuperado del barranco y trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios necesarios para confirmar plenamente su identidad y conocer las causas de su muerte.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existe alguna relación con la desaparición reportada días antes.

Hasta ahora no se ha informado si el cuerpo presenta huellas de violencia o si existen indicios que permitan establecer que se trató de un hecho delictivo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y esperan los resultados de los estudios forenses para establecer con precisión qué ocurrió con Guadalupe Espinoza Ariespe.

Miguel Ángel Contreras Mauss

Huatusco, Ver.- Lo que inicialmente fue reportado como un presunto suicidio terminó bajo investigación de la Policía Ministerial, luego de que el esposo de Meredith Martínez Quezada fuera detenido tras encontrarse indicios que apuntarían a una posible muerte violenta.

La joven fue localizada sin vida durante la mañana de ayer en el interior de su domicilio, situado en la avenida 5 y calle 5, en esta ciudad.

Tras recibir el reporte, paramédicos acudieron al inmueble, donde confirmaron que Meredith ya no presentaba signos vitales.

La primera versión señaló que la joven se habría quitado la vida.

El escenario cambió cuando personal de la Fiscalía y agentes ministeriales realizaron las diligencias dentro de la vivienda. Durante la inspección fueron localizados indicios de violencia que hicieron necesario ampliar la investigación.

Los investigadores también tomaron declaración a Jesús Adame “N”, esposo de la joven, quien se encontraba en el domicilio y habría tenido una discusión con Meredith horas antes de su muerte.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los agentes detectaron inconsistencias en la declaración del hombre, por lo que determinaron proceder con su aseguramiento mientras se esclarecen los hechos.

El inmueble quedó bajo investigación y personal especializado realizó el levantamiento de indicios para establecer las circunstancias en las que murió la joven.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios que permitirán determinar la causa exacta del fallecimiento.

Jesús Adame “N” quedó a disposición de las autoridades ministeriales y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer si se trató de un suicidio o si existen elementos que permitan acreditar la comisión de un delito.

Miguel Ángel Contreras Mauss

Córdoba, Ver.- Un perito de la Delegación de Servicios Periciales quedó bajo investigación luego de un cateo realizado por agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) en las instalaciones ubicadas en la zona de San Miguelito, en Córdoba.

La diligencia forma parte de una investigación de la Fiscalía General del Estado relacionada con el manejo de indicios de un caso en el que fueron localizados diversos objetos que, de acuerdo con las autoridades, pertenecían a elementos de una corporación federal.

Durante el operativo fueron asegurados cargadores para armas de fuego, equipo táctico, gorras, chalecos y uniformes con insignias de una corporación policiaca federal. También fueron encontrados teléfonos celulares, accesorios, documentos personales y papelería oficial.

La investigación apunta a que estos objetos no habrían sido procesados conforme a los protocolos establecidos para el manejo de indicios, debido a que presuntamente no fueron embalados, fijados ni etiquetados en el sitio donde fueron localizados.

Los objetos estarían relacionados con una carpeta de investigación que posteriormente fue remitida a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Dentro de las indagatorias aparece el servidor público Luis Rodolfo “N”, quien se desempeñaba como perito y es señalado de manera preliminar por su posible participación en el ocultamiento de los indicios.

Tras el operativo, el funcionario quedó a disposición de las autoridades ministeriales y posteriormente deberá comparecer ante la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

El caso tiene relación con la investigación por la agresión registrada el 4 de septiembre en Omealca, donde dos agentes federales murieron y una integrante de la corporación resultó herida.

Los elementos fallecidos fueron identificados posteriormente como Emmanuel Santamaría Alvarado y Luis Manuel Castillo Melo.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para establecer cómo fueron manejados los objetos después de los hechos y determinar si existieron responsabilidades por parte de servidores públicos.