Por Miguel Ángel Contreras Mauss
Atoyac, Ver.— El precio de preliquidación de la caña para la zafra 2025-2026 en el Ingenio El Potrero será de 900 pesos por tonelada, confirmó el dirigente de la CNPR, Ángel Gómez Tapia.

La determinación, considerada el dato más relevante para los abastecedores, marca el arranque económico de la próxima molienda y define la base con la que los productores podrán planear sus gastos inmediatos en campo, traslado y mantenimiento de sus cultivos.

De acuerdo con el comunicado difundido a nombre del Comité de Producción, el nuevo precio se aplicará en cuanto inicien las preliquidaciones correspondientes a la zafra 25/26, cuyo calendario será anunciado en los próximos días.

Gómez Tapia señaló que este monto representa un beneficio directo para miles de productores que dependen de los anticipos para sostener el periodo previo a la producción final.

Destacó que la definición del precio permite dar certeza a los abastecedores en una etapa clave para la actividad cañera.

El Ingenio El Potrero, operado por el Grupo Beta San Miguel, mantiene una amplia zona de abasto en Atoyac y municipios vecinos, donde el precio de preliquidación es uno de los indicadores más esperados por el sector productor por su impacto directo en la manutención del cultivo.

Las autoridades cañeras reiteraron que la información oficial sobre fechas y mecanismos de pago será difundida oportunamente, a fin de evitar confusiones entre los productores y garantizar que el recurso llegue en tiempo y forma.

Miguel Ángel Contreras Mauss

Amatlán de los Reyes, Ver. — Vecinos de distintas comunidades de Amatlán de los Reyes confrontaron este jueves al alcalde Luis Arturo Figueroa Vargas para exigir una solución inmediata a la crisis de desabasto de agua que mantiene a más de 35 mil habitantes sin el servicio desde hace dos semanas.

Lo que inició como una reunión informativa derivó en un reclamo directo. Pobladores de Paraje Nuevo encararon al edil y lo acusaron de evadir su responsabilidad ante la falla constante de la bomba del Sistema Miguel Hidalgo, cuyo colapso ha paralizado el suministro en gran parte del municipio.

El alcalde insistió en que el problema no le corresponde y responsabilizó al taller de Monterrey donde, aseguró, se encuentra el motor en reparación.

 “El Ayuntamiento ya cumplió con el pago. Lo que pase ahora es asunto de la empresa”, respondió Figueroa Vargas, lo que generó mayor molestia entre los presentes.

Los habitantes cuestionaron que la administración actúe “como si fuera sorpresa” cada nueva falla, cuando este año se han registrado al menos cinco interrupciones del servicio.

Solo en los últimos dos meses, el equipo dejó de funcionar en dos ocasiones, lo que evidencia la falta de mantenimiento y la ausencia de un plan preventivo, señalaron.

En un intento por desviar la presión, el edil señaló después a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como responsable de los daños, debido a supuestas variaciones de voltaje en la zona del manantial El Tule, de donde se extrae el agua. Su explicación no convenció a los vecinos, quienes le reprocharon buscar “un culpable distinto” cada vez.

“Ya estamos cansados. Todos los días es un gasto más: comprar pipas, cargar agua de pozas, almacenar como se pueda. Y mientras tanto el Ayuntamiento presume fiestas y espectáculos”, reclamaron habitantes que se acercaron al alcalde.

Aunque el municipio asegura enviar pipas, los testimonios de varias localidades revelan una distribución irregular que beneficia solo a algunos sectores.

 En otras zonas, las familias pagan hasta mil 500 pesos por una pipa que cubre apenas unos días de consumo básico.

Los inconformes exigieron que el gobierno municipal adquiera un equipo nuevo en lugar de seguir reparando la misma bomba, además de transparentar los gastos y las decisiones técnicas relacionadas con el sistema hidráulico.

Por ahora, 29 comunidades continúan sin servicio de agua potable y la crisis permanece sin resolverse.

Miguel Ángel Contreras Mauss
Paso del Macho, Ver.— Habitantes de la colonia San José mantienen este jueves detenidas las actividades de la oficina local de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), tras denunciar un presunto incremento irregular en el costo de los contratos para acceder al servicio de agua potable.

Los vecinos aseguran que semanas atrás funcionarios de la dependencia —identificados como Alejandro y Alan— sostuvieron una reunión con la comunidad para establecer un esquema de regularización: 2 mil 800 pesos por contrato, a cubrirse en tres parcialidades.

El acuerdo, afirman, fue presentado como una vía accesible para que decenas de familias pudieran formalizar el servicio tras años de gestiones.

Sin embargo, al acudir nuevamente para continuar el trámite, los colonos se toparon con una nueva cifra: 4 mil 400 pesos, sin explicación formal ni documentación que justificara el aumento.

Las únicas respuestas que recibieron, según relataron, fueron que “así viene” y “es lo que se debe pagar”.

El malestar escaló cuando algunos habitantes señalaron haber sido intimidados por el funcionario Alejandro, quien presuntamente les advirtió que podrían ser denunciados ante la Fiscalía si mantenían su inconformidad.

Ante la falta de transparencia, el presunto rompimiento de acuerdos y las amenazas señaladas, los vecinos mantienen cerrado el acceso a la oficina de la CAEV, en exigencia de una explicación pública sobre el incremento y los criterios utilizados para fijar el nuevo costo.

Los colonos adelantaron que solicitarán la intervención de la gobernadora para verificar si la oficina local está actuando conforme a los lineamientos oficiales y para garantizar un proceso claro y justo para la población.