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[ ESTADO ]

Delito grave la violencia digital y mediática

Dichas conductas se sancionarán con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización.

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Agencias SPI

Xalapa, Ver. – La violencia digital, la violencia mediática y la violencia a la intimidad sexual en contra de las mujeres, se tipificaron como delito en el Código Penal Federal por decreto presidencial y se pagará con cárcel de tres a seis años y multas de 44 mil 810 a 89 mil 620 pesos.

Los 32 Congresos estatales contarán con un plazo de 180 días a partir de este miércoles -cuando entra en vigor el presente Decreto- para realizar las adecuaciones legislativas que correspondan.

Este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se adicionó la Violencia Digital y Mediática y Violencia a la Intimidad Sexual.

Se entiende como violencia digital, cualquier acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia.

Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

La violencia mediática, es todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida.

La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad.

También se adicionó a Ley General, la Violencia a la Intimidad Sexual, y cometen este delio aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización.

Así como quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización.

Ante la violencia digital, mediática y a la intimidad sexual, el Ministerio Público o el Juez, deberán ordenar de manera inmediata, las medidas de protección necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación previa satisfacción de los requisitos de Ley.

En este caso se deberá identificar plenamente al proveedor de servicios en línea a cargo de la administración del sistema informático, sitio o plataforma de Internet en donde se encuentre alojado el contenido y la localización precisa del contenido en Internet, señalando el Localizador Uniforme de Recursos.

La autoridad que ordene las medidas de protección contempladas en este artículo deberá solicitar el resguardo y conservación lícita e idónea del contenido que se denunció de acuerdo a las características del mismo.

Las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas darán aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que el contenido será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial.

Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en dicho artículo deberá celebrarse la audiencia en la que el juez de control podrá cancelarlas, ratificarlas o modificarlas considerando la información disponible, así como la irreparabilidad del daño.

Dichas conductas se sancionarán con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización.

Se impondrán las mismas sanciones previstas en el artículo anterior cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulguen, compartan, distribuyan o publiquen no correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos.

El mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina, o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza;

También cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones; cuando se cometa contra una persona que no pueda comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad para resistirlo y; cuando se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo

Asimismo, cuando se haga con fines lucrativos o; C¿cuando a consecuencia de los efectos o impactos del delito, la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida.

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[ ESTADO ]

Denunciarán ante la CEDH presuntas agresiones y violencia laboral en Manlio Fabio Altamirano

Los hechos se registraron dentro de las instalaciones del Palacio Municipal

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Alejandro Ávila

Manlio Fabio Altamirano, Ver.- La administración municipal de Manlio Fabio Altamirano enfrenta un nuevo escándalo institucional tras revelarse presuntos actos de intimidación, violencia física y vulneración a los derechos laborales de los trabajadores del Ayuntamiento, presuntamente encabezados por la presidenta municipal, Yuliana Neva Quirazco.

​Ante la gravedad de los hechos, la ex servidora pública Elizabeth Morales Hernández, quien fungía como encargada del área de Ingresos en la Tesorería Municipal, confirmó que acudirá ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer las denuncias correspondientes por abuso de autoridad, agresiones físicas y violencia psicológica.

​De acuerdo con las declaraciones de la afectada y testimonios recopilados en el sitio, los hechos se registraron dentro de las instalaciones del Palacio Municipal durante la jornada laboral; la alcaldesa habría ingresado al departamento de Tesorería exigiendo de manera categórica el retiro de Morales Hernández de su puesto de trabajo.

​Testigos presenciales señalaron que, tras recibir un saludo por parte de la colaboradora, la edil reaccionó de forma hostil y procedió a agredirla verbal y físicamente, desalojándola del espacio institucional mediante empujones e insultos; asimismo, se reportó el despido inmediato de otra trabajadora, identificada como Diana Paola Morales, únicamente por haber presenciado la agresión.

​A este incidente se suma una ola de inconformidades por parte de la plantilla laboral del Ayuntamiento, derivada de retenciones salariales arbitrarias que van del 20 al 50 por ciento de sus percepción quincenal, aplicadas sin notificación formal ni sustento legal.

​Tras las protestas generadas por estas afectaciones patrimoniales, la alcaldesa, acompañada por el cuerpo jurídico del municipio, el tesorero y asesores externos, condicionó la continuidad laboral del personal a la aceptación de dichos descuentos, instruyendo el cese de funciones de quienes manifestaron su desacuerdo.

​Representantes de los trabajadores afectados hicieron un llamado urgente al Gobierno del Estado de Veracruz y a las instancias de procuración de justicia para que intervengan y se investiguen las irregularidades administrativas y las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en el municipio.

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[ ESTADO ]

Lluvias continuarán en Veracruz hasta el jueves; prevén más sol el fin de semana

Se prevén neblinas

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Agencias

Xalapa, Ver.— Las lluvias continuarán en distintas regiones de Veracruz hasta el jueves 29 de octubre, principalmente en las zonas montañosas y las cuencas del sur, donde se esperan precipitaciones de intensidad ligera a moderada durante las tardes y noches.

El pronóstico indica que, durante los próximos días, persistirá un ambiente templado a cálido durante el día, mientras que por las noches y madrugadas las temperaturas serán de templadas a frescas.

También podrían presentarse nieblas y neblinas en algunos puntos de la entidad.

En las zonas costeras se prevé viento del este, noreste y norte, con velocidades de entre 20 y 35 kilómetros por hora, además de rachas ocasionales. El oleaje podría alcanzar alturas de uno a dos metros cerca del litoral, por lo que se recomienda precaución a quienes realizan actividades marítimas y a la población que visita las playas.

Las condiciones comenzarán a cambiar a partir del viernes 30 de octubre, cuando se esperan mayores periodos de sol y una disminución de la probabilidad de lluvias en buena parte del estado.

Para el fin de semana también se anticipa un ligero aumento en la sensación de calor, aunque no se descartan precipitaciones aisladas en regiones de montaña.

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil, especialmente en zonas donde las lluvias puedan ocasionar encharcamientos, reducción de visibilidad por niebla o afectaciones en caminos serranos. El pronóstico puede actualizarse conforme evolucionen las condiciones atmosféricas.

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Fiscalías sin reportan fosas clandestinas

Entre 2018 y 2024, las 32 fiscalías reportaron oficialmente al Inegi, un total de 4 mil 85 fosas clandestinas

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PorSPI Veracruz

Xalapa, Ver..- Las 32 fiscalías estatales de México son reticentes al momento de informar el número de fosas clandestinas que realmente localizan en sus en sus territorios, según un estudio de organizaciones civiles.

Data Cívica y la Plataforma Ciudadana de Fosas, señalaron que las 32 fiscalías del país falsean información al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Iengi) respecto al número real de fosas clandestinas localizadas en sus territorios; o bien reportan cero fosas o, números infinitamente inferiores a los reales. En este supuesto cae la fiscalía de Veracruz.

Entre 2018 y 2024, las 32 fiscalías reportaron oficialmente al Inegi, un total de 4 mil 85 fosas clandestinas -sin determinar número de cadáveres y restos humanos-, dejando fuera de sus reportes a la dependencia, al menos mil 189 sitios de inhumación clandestinas localizados, para hacer un total de 5 mil 274 fosas clandestinas.

Lo arriba expuesto, quiere decir que un 22.5 por ciento de esos casos no fueron incorporados a los informes que las fiscalías entregan al Inegi.

De manera desagregada, diez fiscalías estatales reportaron cero fosas clandestinas encontradas: Jalisco 192 (fosas no reportadas), Guerrero (150), Baja California (1), Campeche (5), Puebla (39), Hidalgo (25), Ciudad de México (16), Querétaro (1), Tlaxcala (9) y Yucatán (1).

En contraste, los reportes que estas mismas fiscalías entregaron a Data Cívica y la Plataforma Ciudadana de Fosas revelaron que en esas entidades fueron localizadas al menos 439 fosas clandestinas en dicho periodo.

Igualmente, el estudio arrojó que otros 14 estados reportaron al Inegi un número de fosas inferior al que las mismas fiscalías locales reconocen en los informes entregados por Transparencia.

La Fiscalía de Veracruz notificó al Inegi que en el periodo 2018-224 se localizaron sólo 22 fosas clandestinas, pero en los reportes entregados a Data Cívica las autoridades estatales reconocen el hallazgo de 227 fosas. La diferencia (de 205 sitios de inhumación ilegal) equivale a 90 por ciento de las fosas localizadas en ese estado.

Igualmente, la Fiscalía de Michoacán, por ejemplo, informó al Inegi la localización de 207 fosas clandestinas entre 2018 y 2024. Sin embargo, los reportes oficiales entregados revelaron que en realidad fueron descubiertos al menos 414 sitios de inhumación ilegal en territorio michoacano (una diferencia de 223 fosas); es decir, omitió notificar sobre 53 por ciento de las fosas clandestinas localizadas por su fiscalía.

Igualmente,

En esta misma situación están Tamaulipas, Sonora, Oaxaca, Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Estado de México, Baja California Sur, Durango, Guanajuato y Tabasco.

Asimismo, en estas 14 entidades asciende a 750 casos el número total de fosas no reportadas al Inegi, pero que sí son incluidas en reportes obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

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