Miguel Ángel Contreras Mauss

Amatlán de los Reyes, Ver.- Encontrar una fosa clandestina no significa encontrar a un desaparecido.

Para las familias que buscan a sus seres queridos, el hallazgo de restos humanos abre otra espera: la identificación. En los casos acompañados por el colectivo Madres Luna, apenas entre uno y uno y medio de cada 10 cuerpos recuperados han sido identificados y entregados a sus familiares.

Marcela Zurita, integrante de la organización, explicó que buena parte de los restos permanece bajo resguardo del Servicio Médico Forense mientras avanzan los procesos periciales para establecer su identidad.

En uno de los puntos intervenidos por las buscadoras fueron recuperados alrededor de 30 cuerpos. Sólo cuatro han sido restituidos a sus familias. En otro sitio fueron localizadas siete víctimas y una ha podido ser entregada.

Las cifras, advirtió Zurita, no alcanzan a dimensionar lo que ocurre detrás de cada hallazgo.

“Yo soy enemiga de dar números”, dijo la integrante de Madres Luna, al señalar que cada cuerpo representa una historia y una familia que lleva años esperando respuestas.

El problema no termina con la exhumación. Después viene la toma de muestras, los análisis forenses, la confronta de información genética y la revisión de expedientes para establecer a quién pertenecen los restos.

En ese proceso se acumulan los pendientes.

El colectivo tiene identificadas más de 200 carpetas relacionadas con personas desaparecidas. Sin embargo, de acuerdo con Zurita, el seguimiento con las autoridades resulta insuficiente para desahogar los expedientes con la rapidez que requieren las familias.

En algunas reuniones, señaló, las madres buscadoras alcanzan a revisar entre 25 y 30 carpetas durante una semana, pero posteriormente no siempre existe continuidad para avanzar sobre los casos restantes.

Las búsquedas tampoco parten únicamente de llamadas anónimas. Los colectivos trabajan con información contenida en expedientes de desaparición, datos aportados por familiares y líneas de investigación que permiten establecer posibles puntos de búsqueda.

Entre los casos que permanecen bajo investigación existen indicios relacionados con municipios como Omealca y Tezonapa.

Para las familias, el verdadero cierre no ocurre cuando los restos son extraídos de la tierra. Llega cuando existe una identificación oficial y pueden recibir a su familiar, incluso cuando la noticia confirma una muerte que durante años se negaron a aceptar.

“¿Quién no me dice que en esos que recuperé está mi hijo?”, cuestionó Zurita.

La frase resume el segundo drama de las fosas clandestinas: después de encontrar los cuerpos, todavía falta ponerles nombre.

Miguel Ángel Contreras Mauss

Amatlán de los Reyes, Ver.- Encontrar una fosa clandestina no significa encontrar a un desaparecido.

Para las familias que buscan a sus seres queridos, el hallazgo de restos humanos abre otra espera: la identificación.

En los casos acompañados por el colectivo Madres Luna, apenas entre uno y uno y medio de cada 10 cuerpos recuperados han sido identificados y entregados a sus familiares.

Marcela Zurita, integrante de la organización, explicó que buena parte de los restos permanece bajo resguardo del Servicio Médico Forense mientras avanzan los procesos periciales para establecer su identidad.

En uno de los puntos intervenidos por las buscadoras fueron recuperados alrededor de 30 cuerpos. Sólo cuatro han sido restituidos a sus familias.

En otro sitio fueron localizadas siete víctimas y una ha podido ser entregada.

Las cifras, advirtió Zurita, no alcanzan a dimensionar lo que ocurre detrás de cada hallazgo.

“Yo soy enemiga de dar números”, dijo la integrante de Madres Luna, al señalar que cada cuerpo representa una historia y una familia que lleva años esperando respuestas.

El problema no termina con la exhumación. Después viene la toma de muestras, los análisis forenses, la confronta de información genética y la revisión de expedientes para establecer a quién pertenecen los restos.

En ese proceso se acumulan los pendientes.

El colectivo tiene identificadas más de 200 carpetas relacionadas con personas desaparecidas. Sin embargo, de acuerdo con Zurita, el seguimiento con las autoridades resulta insuficiente para desahogar los expedientes con la rapidez que requieren las familias.

En algunas reuniones, señaló, las madres buscadoras alcanzan a revisar entre 25 y 30 carpetas durante una semana, pero posteriormente no siempre existe continuidad para avanzar sobre los casos restantes.

Las búsquedas tampoco parten únicamente de llamadas anónimas. Los colectivos trabajan con información contenida en expedientes de desaparición, datos aportados por familiares y líneas de investigación que permiten establecer posibles puntos de búsqueda.

Entre los casos que permanecen bajo investigación existen indicios relacionados con municipios como Omealca y Tezonapa.

Para las familias, el verdadero cierre no ocurre cuando los restos son extraídos de la tierra. Llega cuando existe una identificación oficial y pueden recibir a su familiar, incluso cuando la noticia confirma una muerte que durante años se negaron a aceptar.

“¿Quién no me dice que en esos que recuperé está mi hijo?”, cuestionó Zurita.

La frase resume el segundo drama de las fosas clandestinas: después de encontrar los cuerpos, todavía falta ponerles nombre.

Lerdo de Tejada, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció que su administración buscará una solución para evitar el cierre del Ingenio San Pedro y garantizar la continuidad laboral de más de mil 200 trabajadores que dependen de la factoría.

Durante una reunión con trabajadores, productores de caña, representantes sindicales y de la empresa, la mandataria estatal informó que desde la semana pasada se mantiene una mesa de diálogo para analizar la situación del ingenio y encontrar alternativas que permitan mantenerlo en operación.

Nahle García aseguró que la infraestructura de la factoría se encuentra en condiciones para trabajar, por lo que uno de los siguientes pasos será revisar, junto con el propietario, sus estados financieros y la situación económica que enfrenta la empresa.

“Vamos a revisar con el dueño sus estados financieros, su situación, si puede seguir con el ingenio y si no puede, pues también vamos a tener que tomar una decisión”, señaló.

La gobernadora destacó que el problema impacta directamente a más de mil 200 trabajadores, además de productores y cortadores de caña de la región, por lo que descartó dejar el caso sin atención.

Uno de los planteamientos que respaldó fue que la caña producida en la cuenca permanezca en la propia región y sea procesada en el Ingenio San Pedro, en lugar de trasladarla a otras factorías.

“Que la caña de la cuenca se quede en la cuenca”, expresó Nahle García al referirse a la propuesta de los productores.

La mandataria adelantó que durante toda esta semana continuará personalmente con las gestiones y que, de ser necesario, recurrirá a la Secretaría de Economía y a la presidenta de México para buscar respaldo del Gobierno federal.

Nahle García afirmó que Veracruz apoyará a los trabajadores y productores y sostuvo que se buscará una alternativa incluso si el actual propietario determina que ya no puede continuar operando el ingenio.

“Si el dueño ya no puede, está en su derecho, pero vamos a buscar una solución y la vamos a buscar donde sea”, afirmó.

La gobernadora reconoció además la importancia de conservar la mano de obra especializada, tanto de los trabajadores del ingenio como de los cortadores de caña, cuya capacitación y experiencia, dijo, no pueden sustituirse de manera inmediata.

“Esta es una semana muy importante para este tema”, enfatizó, al reiterar que su administración buscará evitar que el Ingenio San Pedro deje de operar.