Miguel Ángel Contreras Mauss

Córdoba, Ver.-La Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz en Córdoba experimenta un nivel de saturación inédito—principalmente por conductores de motocicleta que acuden para emplacar sus unidades, hacer cambios de propietario o regularizar su situación vehicular.

Usuarios entrevistados señalaron que la oficina sólo entrega 80 fichas al día, y el horario de atención se reduce a horas matutinas, terminando a las 12:00 h, lo que provoca largas filas desde muy temprano.

La demanda es particularmente alta cuando llega el grueso de motociclistas que buscan hacer trámites urgentes antes de la semana laboral.

Otra fuente de molestia es la jurisdicción amplia que cubre esta oficina. Según un decreto publicado recientemente, la oficina con sede en Córdoba ahora da servicio a los municipios de Amatlán de los Reyes, Chocamán, Córdoba, Coetzala, Fortín, Naranjal y Tomatlán.

Esta ampliación de competencia explica en parte la saturación, pues diversos municipios concentran su afluencia en este único módulo derivado de trámites vehiculares estatales.

Conductores de motocicletas comentan que enfrentan esperas de horas, incluso antes de que abran las puertas, y temen perder la ficha para recibir atención.

Algunos mencionan que han tenido que regresar otro día sin lograr realizar el trámite por la limitada disponibilidad.

“Llegamos muy temprano y aún así no alcanzamos ficha… acabo de comprar la moto y necesito placas, pero me dicen que ya no hay fichas”, expresó uno de los afectados.

Miguel Ángel Contreras Mauss

Córdoba, Ver.— Mario Olvera de Gasperín, integrante de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz, acusó al gobierno estatal de indolencia frente a la situación crítica que vive el gremio. Dijo que desde hace doce años las tarifas del transporte no se han actualizado, mientras el precio del diésel se ha disparado y los costos de operación se han vuelto insostenibles.

“Nosotros entendemos la función de un gobernante y atendemos a la gobernadora del estado con los problemas que tiene, pero es importante que sepa que el transporte está al borde del colapso. No hay tarifa desde hace más de una década y el diésel sigue subiendo. No podemos comprar camiones nuevos ni ofrecer un servicio de calidad”, señaló.

El dirigente explicó que el sector se ha mantenido con recursos limitados y que la falta de revisión tarifaria ha provocado el deterioro del parque vehicular. Indicó que en estados como Puebla o el Estado de México ya se aprobaron ajustes que llevan el pasaje hasta los 14 pesos, mientras que en Veracruz no hay avances.

“El gobierno dice que para autorizar una tarifa necesitamos renovar unidades, pero ¿con qué dinero las compramos si los ingresos no alcanzan? Eso es un doble discurso. Mientras tanto, los transportistas seguimos absorbiendo los costos y poniendo de nuestro bolsillo”, expresó.

Olvera de Gasperín señaló que la falta de respuesta del gobierno estatal afecta no solo a los concesionarios, sino también a los usuarios, porque las unidades se deterioran y los servicios se reducen. Añadió que, pese a todo, los transportistas mantienen disposición de diálogo y apoyo a las autoridades, pero consideró que el tema ya no puede posponerse más.

Comentó que la situación del transporte refleja la crisis que enfrentan otros sectores productivos, como los cañeros, limoneros y aguacateros, todos golpeados por los altos costos y la falta de incentivos. “El gobierno federal acaba de aprobar más impuestos para 2026, pero no se ve un apoyo real a quienes generamos trabajo”, sostuvo.

Advirtió que si no se actualizan las tarifas, muchos transportistas dejarán de operar. “Somos respetuosos del gobierno, pero necesitamos que nos escuchen. El transporte mueve al estado, y sin él, la economía también se detiene”, concluyó.

Miguel Ángel Contreras Mauss
Orizaba, Ver.– Empresarios de la región centro de Veracruz advirtieron que el proyecto federal para instalar dos nuevas casetas de cobro en la autopista Córdoba–Orizaba–Ciudad Mendoza (150D) reabrirá un conflicto carretero que se creía superado tras la eliminación de la caseta de Fortín hace más de tres años.

El plan, impulsado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en conjunto con la empresa Cal y Mayor y Asociados, plantea colocar nuevos puntos de cobro en los tramos Balastrera (Nogales) y Amatlán de los Reyes, con una inversión estimada en cinco mil millones de pesos. La concesión contempla la modernización, mantenimiento y operación de 45.3 kilómetros de autopista durante un periodo de diez años.

Los representantes empresariales señalaron que la propuesta ya había sido descartada en 2022, luego de que estudios técnicos y sociales confirmaran su inviabilidad. En aquel entonces, se concluyó que la medida afectaría directamente a transportistas, productores y usuarios locales, además de provocar nuevos cuellos de botella en una de las vías más transitadas del estado.

“Retomar esta idea es un retroceso. Después de la eliminación de la caseta de Fortín, el tránsito entre Veracruz y el altiplano se normalizó sin necesidad de nuevos peajes”, afirmó un empresario del sector industrial consultado.

De acuerdo con el sector privado, las nuevas casetas impactarían a 12 municipios del corredor Córdoba–Orizaba, entre ellos Nogales, Río Blanco, Ixtaczoquitlán, Ciudad Mendoza y Maltrata, además de poner en riesgo infraestructura crítica que atraviesa la zona, como ductos de Pemex, líneas de CFE y Telmex, gasoductos y acueductos, así como varios cruces de ríos y vías férreas.

Los empresarios llamaron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Capufe y al propio Fonadin a detener el proceso de licitación y abrir una mesa de diálogo con los municipios colindantes para evaluar los impactos técnicos y económicos.

“El proyecto no mejora la conectividad ni la seguridad; solo incrementará los costos logísticos y reducirá la competitividad regional”, advirtieron los representantes del sector productivo.