Agencias SPI
Xalapa, Ver. -Un total de 203 servidores y ex servidores públicos de Veracruz están siendo investigados por la Contraloría General del Estado (CGE).
Al comparecer ante el Congreso del Estado para la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, la contralora general, Mercedes Santoyo Domínguez, explicó que son investigados por diversas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, así como por posible enriquecimiento ilícito.
La funcionaria estatal, expuso que al hacer un análisis de “Evoluciones Patrimoniales”, se verificó la congruencia de los datos entregados para detectar posibles omisiones, inconsistencias e incluso algún presunto enriquecimiento ilícito.
En ese entendido, expuso que de enero a octubre del presente año han recibido y procesado en el Sistema Declaranet Plus un total de 202 mil 545 declaraciones patrimoniales de funcionarios.
Un total de 18 mil 640 declaraciones se generaron por inicio de funciones; mil 612 por conclusión de servicio y 182 mil 293 declaraciones de modificación de situación patrimonial.
Fue así que detectaron 203 casos con alguna irregularidad que amerita un análisis especial de las evoluciones de situación patrimonial y de intereses de servidores y exservidores públicos.
Al mismo tiempo, informo que la contraloría emitió 69 resoluciones de inhabilitación contra los servidores y exservidores del Poder Ejecutivo que hayan cometido omisiones o presuntos actos de corrupción en el ejercicio de sus encargos.
Del total, 30 han sido inhabilitaciones sin sanción económica, 2 sanciones económicas con inhabilitación, 1 destitución, 1 amonestación, 2 apercibimientos y 33 resoluciones fueron absolutorias.
Santoyo Domínguez, señaló que la Contraloría aclaró observaciones por 7 mil 224 millones de pesos, que se han solventado 503 observaciones de 2005 a 2017, por un monto de 7 mil 224 millones 481 mil 704 pesos de administraciones entre el 2005 al 2017.
También ha recibido 185 quejas y 207 denuncias, mismas que fueron canalizadas a los órganos internos de control de la administración pública estatal a través de la Dirección General de Fiscalización como su superior jerárquico.