Ciudad de México. – En México, el 39 por ciento de la población en pobreza son niños, lo que representa un porcentaje más alto al 25 por ciento del promedio entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
La elevada desigualdad entre la población infantil es una limitante para ascender en la movilidad social, por lo que se deben vincular las políticas públicas con el combate a la pobreza infantil, dijo Grainne Dirwan, experta en política del Centro de Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades de la OCDE.
“La pobreza infantil es un problema muy grande que impide una infancia feliz y segura al no tener lo necesario para desarrollar su máximo potencial”, sostuvo al detallar que invertir en el bienestar infantil es necesario para un futuro inclusivo.
“El bienestar infantil se puede usar para lograr una mayor prosperidad económica, cohesión social y estabilidad política”, dijo y explicó tres ejes de acción: orientarse en el uso eficaz de los recursos; identificar áreas en donde la acción tendrá altos resultados y la medición del impacto de las políticas en la vida de los niños.
México y Turquía son los países con el porcentaje más alto de niños entre su población pobre, los cuales representan el 39 y 43 por ciento, respectivamente, mientras que en Finlandia es del 10 por ciento, siendo el porcentaje más bajo entre la OCDE, según su estudio “Cambiar las oportunidades de los niños vulnerables: construir posibilidades y resiliencia”.
El reporte recomienda acciones de políticas para hacer la diferencia en la vida de los niños, conectar el bienestar de la infancia con políticas públicas como parte de una estrategia para sentar las bases hacia el crecimiento y bienestar a mediano y largo plazo.
De acuerdo con el estudio, los niños fueron los grandes perdedores de la pandemia, tanto en términos de educación como de salud. “Hay evidencia del incremento en la mortalidad infantil, impacto en la salud mental, pérdidas en habilidades socioemocionales, maltrato infantil”, señaló Diana Hincapié, Economista de la División de Educación del BID.
Las repercusiones de haber cerrado los centros educativos de preescolar tendrán un costos en la productividad de largo plazo, equivalente a tres puntos porcentuales del PIB, según un estudio para América Latina, citado por Diana Hincapié.
“Del tres por ciento del PIB pueden ser las pérdidas en productividad que vamos a experimentar por estos cierres”, señaló.