SPI / Gisela Uscanga

Xalapa, Ver. -Más de 2 mil hectáreas de bosque mesófilo de montaña de la microcuenca Río Gavilanes del municipio de Coatepec, se encuentran en riesgo por la invasión de personas.

Integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas Campesino (Cioac) exigen la posesión de una de las áreas más importantes de recargas acuíferas de la región central montañosa de Veracruz, que surten de agua a municipios como Xalapa, Xico, San Andrés Tlalnelhuayocan, entre otros.

Vecinos de la zona, activistas y organizaciones ambientales están preocupados que la invasión se extienda hacia otros terrenos montaña arriba, pero también por el impacto en la participación que tienen las tierras en el Fideicomiso Público de Fidecoagua (pionero a nivel nacional) para la promoción y preservación del bosque.

La cobertura vegetal de las hectáreas en disputa es de bosque de niebla o bosque mesófilo de montaña, ecosistema de los más amenazados del mundo. En México ocupa solo el 1 por ciento (18,534 km2) del territorio nacional en pequeñas porciones de 20 estados, entre ellos Veracruz.

Las más de 2 mil hectáreas se ubican en la microcuenca Río Gavilanes, en posesión legal de más de 500 pequeños propietarios desde hace décadas; en donde además, se siembra café de excelente calidad (café de altura) que da sustento económico a miles de familias veracruzanas.

En el bosque de niebla yace la mayor diversidad vegetal del país y el mayor endemismo de plantas (10 por ciento, 2,500 especies), además de servicios ambientales como captura de agua y de carbono, conservación de la biodiversidad y del suelo, formación de abundante materia orgánica, conservación de acervos genéticos, belleza paisajística, entre otros.

En 1998 la ciudad de Coatepec estuvo a punto de quedarse sin agua potable como consecuencia de una prolongada temporada de estiaje. A raíz de ello, la administración municipal constituyó en el año 2002 el Fideicomiso Público de Fidecoagua (pionero a nivel nacional) para la promoción y preservación del bosque.

Desde entonces año tras año, propietarios que viven en esa región, se han sumado a Fidecoagua. Reciben 900 pesos por hectárea por pago por servicios ambientales. En 2019 se entregó recursos a 107 propietarios de terrenos boscosos de 10 congregaciones.

Los objetivos de Fidecoagua es asegurar en cantidad y calidad el caudal del agua del municipio, procurar la recarga de los mantos acuíferos, influir en la disminución de los procesos de erosión y de los riesgos y daños por fenómenos naturales.

Propietarios amenazados de muerte por la Cioac

Afectados de la zona denominada Jinicuil Manso en la congregación de Tapachapan, municipio de Coatepec, narran como el líder de la Cioac, Ramón González Gómez, además de violar sus derechos humanos y amenazarlos de muerte, ha cometido delito ambiental.

“En enero de 2019 integrantes de la Cioac invadieron y chapearon varios terrenos. En todos los casos se levantaron las denuncias legales correspondientes”, denunció Ari Sebastián Brickman, propietario de 5 hectáreas desde hace más de 10 años.

Su terreno lo destinó -en su mayoría- al programa de pago por servicios ambientales de Fidecoagua. Actualmente construye su casa tipo ecológica, a la cual se piensa ir a vivir con su esposa y su pequeño hijo y poder desarrollar su arte.

No obstante, a los pocos meses, julio de 2019, la organización campesina volvió a invadir las propiedades.

“Tiraron linderos, cortaron árboles que se plantaron en la última reforestación hace más de 5 años y esta vez desplegando banderines de su organización, con lonas, generador eléctrico, instalando una suerte de campamento con visos de fincar”, dice.

Nuevamente levantaron las denuncias correspondientes. Esta vez la autoridad municipal recomendó a los afectados no acercarse a sus predios para evitar una confrontación.

Ante la negativa de salirse, Birckman -narra- acudieron a la oficina de Política Regional del Gobierno del Estado, encabezada por Héctor Ciprián Méndez. Se hizo una mesa de diálogo, asistieron 10 vecinos con escrituras de propiedad y dos representantes de la Cioac.

“Los invasores presentaron como documentales para avalar su acción ilegal, unas fotocopias de peticiones ante a la Sedatu, sin respuesta. Decían que eran prueba de derecho o propiedad sobre aproximadamente 2 mil hectáreas que reclamaban”, comenta.

Durante las negociaciones el Subdirector de Política Regional señaló a los representantes de la organización que sus documentos no tenían ningún sustento legal para reclamar esas tierras y se les permitió (a los de la Cioac) establecer el plazo en el que se retirarían.

Ante la negativa de retirarse, en agosto de 2019 se hizo presente la Guardia Nacional en los terrenos. “Salieron del campamento, pero se instalaron en el camino frente a los terrenos invadidos, para días después volvieron a reinstalarse dentro y fuera de los predios”, recuerda.

Las cosas fueron subiendo de tono. En septiembre se escucharon balazos y amenazaron a los propietarios con machete en mano.

Laura Martínez es otra de las afectadas, tiene más de 40 años que compró con escrituras 40 hectáreas y también forma parte del programa de Fidecoagua para conservar el bosque de niebla.

“Adquirimos este compromiso porque la microcuenca del Río Gavilanes es indispensable para la recarga hidrológica que abastece de agua a Coatepec y partes de Xalapa”, dice.

La profesora jubilada, ha permitido que en su propiedad se realicen cursos de reforestación e investigación de instituciones como el Instituto de Ecología A.C. (Inecol), Universidad Veracruzana (UV), Pronatura Veracruz A.C., Red de Viveros A.C. entre otros.

Hasta el momento la situación no se ha resuelto, los invasores siguen generando un clima de inseguridad, zozobra y peligro y las autoridades no han dado respuesta definitiva, debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Emergencia retrasa proceso legal

La asesora jurídica Itzel Jurado Ortiz, quien  lleva el caso de 25 propietarios de la localidad Jinicuil-Manso solicitó ante el Juez de Control la figura jurídica de audiencia de restitución.

“Esto permite una medida provisional de la restitución provisional del bien en lo que camina la investigación. Pero se atravesó el tema de la pandemia y tenemos la fecha suspendida”, expresa.

Igualmente, en la Fiscalia se integró una carpeta con las denuncias interpuestas en 2019 y 2020 con su soporte documental.

“Recientemente nos informó la Fiscalía que las investigaciones concluyeron y ahora la carpeta entrará en proceso de judicialización, pues hay suficientes elementos de que se cometió un delito y se iniciaría el juicio en contra de los integrantes de la organización agraria, que serán citados por el Juez de Control”, afirma.

“Las personas que represento tienen debidamente acreditada la propiedad de bienes ante el Registro Público de la Propiedad Aclaro esto porque los terrenos no son propiedad de la nación, ni están en litigio ante ninguna instancia legal. Los invasores dijeron que estaban en litigio y eso falso”.

Destaca que los integrantes de Cioac ya fueron citados por la Fiscalía a inicios de este año, pero no acudieron a comparecer argumentando la falta de condiciones higiénicas por la pandemia.

Sobre el procedimiento administrativo ante la Sedatu, explica que fue el 13 de febrero de este 2020 cuando la Secretaría publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un aviso de medición de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Sierra Alta, con una superficie aproximada de 2 mil hectáreas, ubicadas en el municipio de Coatepec.

La Sedatu dio un periodo de 30 días hábiles a partir de la publicación para que propietarios, poseedores, colindantes y todo aquel que considere que los trabajos de deslinde lo pudiesen afectar, a comparecer ante la autoridad y presenten la documentación que fundamente su dicho.

Derivado de la culminación del proceso legal en curso, dice,  “tendrá que intervenir la fuerza pública para desalojar a los invasores y enfrentar las consecuencias legales por el delito de despojo. Esto será un derecho y uso legítimo de parte de los propietarios”, acotó.

La Sedatu debe revisar administrativos

El ex gerente general de Fidecoagua (2011-2013) Martín Quitano Martínez aseguró que no es la primera vez que organizaciones campesinas buscan adueñarse de la parte alta y baja de la microcuenca Río Gavilanes.

“Con cada intento de apropiación se ha desactivado gracias a la resistencia de los propietarios y presión de organizaciones ambientales para mantener a salvo esta fábrica de agua, que abastece a Coatepec, Xalapa (con un 40 por ciento), Acajate, San Andrés Tlalnelhuayocan, Xico, Teocelo, entre otros”, dice.

Aclara que no se está en contra de que personas busquen adquirir tierras para vivir y trabajar, pero está en manos del Estado encauzar mejor esas demandas, sin perjuicio social y ambiental.

Quitano Martínez precisa que existen vacíos legales y administrativos en la Sedatu, pues la dependencia alienta a las mismas organizaciones a invadir propiedades ajenas, al aceptar solicitudes de adquisición de tierras que ya tienen dueño.

“La Sedatu (Veracruz) no tiene sensibilidad social, ni política y tal parece que existe un desconocimiento sobre la parte alta de Coatepec, incluso se puede pensar mal, que la institución respalda las invasiones, cuando debe ser garante de certidumbre legal sobre la tierra”, dice.

Agrega que la Sedatu de Veracruz ha atentado no sólo contra el patrimonio legal de ciudadanos de Coatepec, sino contra un ecosistema amenazado como el bosque de niebla, “contra programas federales de reforestación y estatal como Fidecoagua. El impacto ambiental es muy alto en esa zona”.

En búsqueda por la red, se encontró la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral (Pniryc), donde participan la Sedatu, los Registros Públicos Inmobiliarios y los Catastros de las entidades federativas y los municipios, el Registro Agrario Nacional, del Catastro y del Registro Público Federal, así como distintas dependencias.

La Plataforma conjunta elementos jurídicos operativos y tecnológicos de integración e intercambio de información en un mapa digital, para evitar la redundancia en la generación de datos geográficamente.

Ésta sirve de soporte a las políticas públicas federales, estatales y municipales en materia de ordenamiento territorial, desarrollo económico, social y ambiental del territorio.

Asimismo, hay que precisar que el actual gerente de Fidecoagua Jaime Enrique Piña Montiel, nunca respondió a las reiteradas peticiones de entrevista, para que expusiera su opinión del asunto.

Hasta 2013 en Fidecoagua, recuerda Quintano, se tenían 1600 hectáreas en conservación (justo en la zona amenazada) y mas de 150 propietarios entre particulares y ejidales. En 2003 lanza el programa Adopta una Hectárea, logró que cerca de 500 empresas, entre ellas Coca Cola participara.

• 

• 

•