Ciudad de México. – El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) lanzó un exhorto urgente para que México anule la prisión preventiva obligatoria, llamada también prisión preventiva oficiosa o automática, consagrada en la Constitución.
Miriam Estrada-Castillo, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo, declaró que “la prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones”.
Según Estrada-Castillo, la figura es contraria a la independencia judicial y al deber de justificar los motivos de una detención.
Además, aseguró que “pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. A pesar de que la prisión preventiva oficiosa sea establecida en la ley, ello no garantiza que no sea arbitraria”.
Además, la presidenta del grupo de trabajo recordó que la prisión preventiva oficiosa ha sido utilizada para meter a miles de mexicanos a la cárcel, sin antes haber tenido una investigación y un juicio.
“Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal”, afirmó.
Con independencia y responsabilidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá la validez de la prisión preventiva oficiosa, aseguró el ministro presidente, Arturo Zaldívar.
A través de su cuenta de Twitter, el ministro detalló que “el día de hoy la #SCJN inicia el debate de uno de los temas más trascendentes para el sistema constitucional y los Derechos Humanos de todas las personas”.