Ciudad de México. – La Gaceta del Senado de la República publicó este martes el nuevo dictamen que propone extender la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028 y que se prevé aprobar por el pleno hoy mismo.
El dictamen al que se le dispensará la primera lectura en una sesión matutina y en una posterior se debatirá fue avalado la víspera por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.
Entre los cambios a la minuta original que envió la Cámara de Diputados está la obligación del Gabinete de Seguridad de rendir cuentas, que sea improrrogable la fecha límite de marzo de 2028 para el retiro del Ejército y la Marina de las calles y la creación de un fondo de apoyo al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública locales.
Sobre este tema, se proyecta que a partir del ejercicio fiscal 2024, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.
“Dicho fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin”.
El dictamen señala que el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.