Xalapa, Ver. – La mañana de este martes fue secuestrada Marina Garay, ex alcaldesa de San Andrés Tuxtla y madre del actual alcalde, Octavio Perez Garay.
La información fue confirmada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al señalar que desde muy temprano se desplegó un operativo policiaco en la zona para dar con su paradero.
“Se dieron instrucciones de inmediato para la localización de la madre del alcalde de San Andrés. Ya tuvo comunicación con la fiscal, se le está atendiendo, se le ha conminado a que ponga la denuncia formalmente y hay un operativo intensificado en estas últimas horas para atender esta denuncia”.
De acuerdo con medios locales, la privación de Marina Garay ocurrió cuando se encontraba en una bodega de su empresa de construcción y hombres armados la obligaron a subirse a un automóvil con rumbo desconocido.
Sobre estos hechos, el mandatario negó tener ya una línea de investigación, aunque recordó que recientemente 12 elementos de la policía municipal de San Andrés fueron señalados de haber participado en la fuga de Elías Marcelo “N”, alias “Lito”.
“No olvidemos que hay un contexto de mucha preocupación porque la policía municipal de San Andrés participo presuntamente en la fuga de un presunto responsable de delitos de un nivel delincuencial mayor y para nosotros era una preocupación mayor. Cómo es posible que sucedan ese tipo de cosas, que se libere a un presunto responsable porque eso genera lo que venimos atacando, que siga la violencia”.
Días antes del secuestro de Marina Garay, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, advirtió que se investigaría al alcalde Octavio Pérez, para determinar si ordenó la liberación del detenido.
Cuestionado sobre el desarme de al menos cuatro policías municipales en sitios gobernados por alcaldes de oposición, el morenista justificó que se debe a que sus cuerpos policiacos no contaban con la certificación necesaria y que por ello la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asumió las tareas de seguridad en San Andrés Tuxtla, Orizaba, Jilotepec y Playa Vicente.
“Cuando vemos que hay suspicacias vamos más a fondo y lo que nos hemos topado como factor común es que donde han sucedido temas de violencia, la policía no está certificada y nos crea un problema legal porque en ese momento no podemos ser omisos (…) Si nos enteramos de algo que administrativamente está mal no podemos ser omisos”.
“La Sedena nos ha dicho que es responsabilidad nuestra el mal uso de armas por parte de una policía que no está certificada. Intervenimos la policía y se hace una revisión, eso es lo que pasó en Playa Vicente y como pasó en Orizaba, una vez certificado vuelve todo a su curso y ya de nuestra parte no quedó, no fuimos omisos, tenemos que hacerlo de manera preventiva”.