Agencias SPI
Xalapa, Ver. – En México 33 millones de personas, es decir el 26 por de la población, queda excluida del derecho a la salud y es inequitativa, afectando a los más pobres.
México Evalúa, Centro de Estudios Espinosa Yglesias y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, a propósito del Día Mundial de la Salud (7 de abril), revelaron que la vinculación del acceso a servicios de salud con el régimen laboral constituye una de las principales fuentes de exclusión, discriminación y violación del derecho a la salud.
En ese sentido, solo el 45 por ciento de la población, 56 millones de personas, contaron con afiliación a servicios de salud de la seguridad social (IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, Semar y Sedena).
El 27 por ciento de la población (33.8 millones de personas) está afiliada a sistemas públicos diferentes a la seguridad social, como el Seguro Popular, hoy Insabi e IMSS Bienestar.
El 2 por ciento cuenta con seguro privado o afiliación a otra institución. Y el 26 por ciento restante carece totalmente de afiliación a servicios de salud.
No obstante, la afiliación además no necesariamente garantiza el acceso efectivo del derecho.
El 34 por ciento de la población afiliada a servicios del seguro social recurren a los servicios privados, principalmente consultorios dependientes de farmacias.
Al igual que el 41 por ciento de la población de los sistemas públicos diferentes a la seguridad social, se encuentra en la misma situación.
Otro factor es que México es de los países de la OCDE que menos gasta en salud, destinando sólo 2.8 por ciento del PIB, contra un promedio del 6.6% del PIB de países que conforman dicho organismo internacional.
Lo anterior se refleja en las debilidades de infraestructura hospitalaria y de recursos humanos que enfrentamos. Existe una baja proporción de personal de enfermería con respecto a médicos, 1.2 contra 2.7, que es el promedio de la OCDE.
En 2020, el gasto público en salud creció 9 por ciento con relación al año anterior y apenas superó en 3 por ciento el presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
“El incremento en la variación anual no fue nada excepcional si se considera que desde 2016 no hubo crecimiento, y en 2019 se acumularon tres años de caídas consecutivas”, precisó el estudio.
Ante dicho contexto, las tres organizaciones arriba citadas, propusieron dar mayor sostenibilidad al presupuesto de salud, a fin de reducir la carga económica en los bolsillos de las familias.
Etiquetar ingresos provenientes de impuestos especiales para asegurar financiamiento a la atención de la salud pública e incrementar el presupuesto, teniendo como primera meta igualar los montos presupuestales per cápita entre el Insabi y el IMSS.
Modificar los criterios de asignación del FASSA del Ramo 33, para que los recursos de la salud descentralizados a los estados se asignen con base en una función de costos y en las necesidades de atención a la salud actuales de cada entidad.
Finalmente, las organizaciones se comprometieron a vigilar el presupuesto para la salud y su aplicación, con la meta de avanzar en la cobertura universal de salud.
Participación en discusiones sobre una reforma fiscal y hacendaria progresiva, a fin de que se mejore la progresividad de los impuestos y la efectividad del gasto público, colocando la salud como primera prioridad nacional.
Y, reforzar la colaboración y articulación con organizaciones ciudadanas que promueven el derecho a la salud, el abasto efectivo de medicamentos (cero desabasto) y la reforma al sistema desde la atención primaria en salud.