Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó la versión de un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien aseguró haber participado en una incineración masiva de personas en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

La dependencia calificó como falsa la afirmación difundida en un video y reportó que los trabajos periciales en el inmueble presentan un avance de 92 por ciento.

El testimonio fue difundido por el noticiero TG1, de la televisión pública italiana RAI. En la entrevista, un hombre que se identificó como presunto integrante del CJNG afirmó que en el rancho fueron asesinadas más de 500 personas y que él habría incinerado a 250.

Ante estas declaraciones, la FGR informó que mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las actividades realizadas en el predio, señalado por las autoridades como un centro de reclutamiento y adiestramiento criminal.

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con las actividades desarrolladas en el lugar.

Las diligencias incluyen el análisis de registros telefónicos y dispositivos móviles, bajo control judicial, así como la recopilación y valoración de testimonios de víctimas.

El caso del Rancho Izaguirre tomó relevancia en 2025, luego de que colectivos de búsqueda reportaron el hallazgo de prendas de vestir, zapatos y otros indicios en el inmueble.

La FGR señaló que continuará con las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades penales, mientras prosigue el procesamiento pericial del sitio.

La institución no ha concluido los trabajos en el predio, que registran un avance de 92 por ciento, de acuerdo con el reporte difundido este 14 de octubre.

Miguel Ángel Contreras Mauss

Ciudad de México.- Las empresas que operan plataformas digitales deberán establecer medidas para limitar el acceso de niñas, niños y adolescentes a publicaciones que promuevan agresiones, abuso sexual, acoso o conductas suicidas, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum firmara un decreto para regular este tipo de contenidos en México.

La disposición establece un plazo de 30 días naturales, contado a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para que las compañías definan sus restricciones de acceso y los procedimientos con los que identificarán y retirarán el material señalado.

La medida pone el foco en la responsabilidad de las plataformas frente a contenidos que pueden afectar la integridad física y emocional de los menores. Entre ellos se encuentran publicaciones que inciten a la violencia, promuevan el abuso o el acoso sexual, o alienten las autolesiones y el suicidio.

El anuncio fue realizado por Sheinbaum este miércoles 14 de octubre, quien explicó que las empresas deberán establecer mecanismos para aplicar las nuevas disposiciones una vez que entren en vigor.

El decreto abre una nueva etapa en la regulación del contenido digital dirigido a menores de edad, un ámbito en el que las plataformas deberán definir cómo restringir el acceso a publicaciones consideradas perjudiciales y qué procedimientos utilizarán para retirarlas.

La aplicación de estas medidas dependerá de los mecanismos que establezcan las compañías dentro del periodo fijado por el Gobierno federal. La firma del decreto no implica, por sí sola, que todo el contenido señalado haya sido retirado de manera inmediata.

El siguiente paso será la publicación oficial de la disposición y el cumplimiento del plazo establecido para que las plataformas informen y pongan en marcha sus mecanismos de restricción y retiro de contenidos.

Agencias

Ciudad de México.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la prohibición de vender comida chatarra en todos los planteles del Sistema Educativo Nacional, incluidas las universidades, al considerar que el Estado tiene facultades para proteger el derecho a la salud y garantizar una alimentación adecuada.

Por unanimidad, el Pleno negó un amparo promovido por la empresa Eric Kayser México, vinculada a la cadena de panaderías Maison Kayser, que cuestionó las restricciones para comercializar estos productos en centros educativos.

La resolución rechazó el argumento de que los estudiantes universitarios, por ser mayores de edad, deben tener libertad para decidir qué alimentos consumir dentro de los planteles. Los ministros señalaron que el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad corresponde a todas las personas, sin distinción de edad.

El fallo respaldó las facultades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), establecidas en los artículos 75 y 75 Bis de la Ley General de Educación, para regular la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas en las escuelas.

Estas disposiciones derivan de una reforma publicada en diciembre de 2023, mientras que los lineamientos correspondientes se difundieron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024.

La medida comprende los centros educativos de distintos niveles, incluidas las instituciones de educación superior, tanto en el ámbito de la regulación de los alimentos que se ofrecen dentro de sus instalaciones.

La resolución no establece una prohibición general para comprar o consumir estos productos fuera de las escuelas, sino que respalda las restricciones aplicables a su venta dentro de los planteles educativos.

Con esta decisión, la Suprema Corte mantiene la validez de las disposiciones que buscan promover entornos escolares con opciones de alimentación más saludables.

Fuente: La Jornada. <Cite refs={[“turn922139view0″,”turn922139search3”]}/>