Agencias SPI
Xalapa, Ver. – La entidad veracruzana es uno de los cincos estados del país donde ocurren el mayor número de casos de tráfico y secuestro de personas migrantes en los últimos 10 años, según el Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El Informe Especial sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020 (del 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2020), reveló que, en los últimos 10 años, más de 70 mil personas migrantes han sido víctimas de tráfico y secuestro en México y, por ello, los operativos contra el tráfico de migrantes amentaron en un 600 por ciento.
Los estados con más casos de secuestro en perjuicio de personas migrantes fueron Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, principalmente en contra de personas de nacionalidad de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba.
Se detectó igualmente que México no cuenta con un Protocolo Homologado de Actuación especializado en el tema, que garantice un procedimiento de coordinación entre las autoridades para la prevención, investigación, búsqueda y sanción de los delitos de tráfico y secuestro de personas migrantes, así como medidas de asistencia y protección y seguridad a las víctimas que atienda sus necesidades especiales.
La CNDH emitió 13 propuestas generales y 44 propuestas particulares para que las autoridades mexicanas emprendan acciones precisas de coordinación en los tres órdenes de gobierno e impulsar el combate al tráfico y secuestro de personas migrantes en el que se incluya el fortalecimiento de las tareas de prevención del delito, procuración de justicia y el respeto de los derechos humanos.
Entre las propuestas generales, resaltó la urgente necesidad de cumplir el deber jurídico que tienen las instituciones del Estado competentes para garantizar la seguridad pública, de prevenir la comisión de conductas delictivas y, en su caso, investigar los delitos que lleguen a cometerse, a fin de identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones legales correspondientes, garantizando que no queden impunes.
Todo ello acompañado de una política pública específica e integral.
Por su parte, entre las propuestas específicas más relevantes fue la dirigida al Instituto Nacional de Migración 8inm) para que adopte mayores medidas para facilitar el ingreso y tránsito de las personas migrantes de forma regular, a fin de que no recurran a vías clandestinas, de modo que se reduzca el riesgo a ser objeto de delitos y/o violaciones a sus derechos humanos y fomentar la denuncia.
Precisó que a partir del 2022 dicho Informe Especial se actualizará todos los años, lo que requerirá que todas las autoridades competentes consideren en sus sistemas de información en la materia, como mínimo, los criterios de información solicitados por el organismo para la realización del presente Informe Especial, de modo que se pueda caracterizar, efectivamente, el estado que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México.
El Informe Especial evaluó -desde una perspectiva de derechos humanos- las acciones realizadas en ese período por las autoridades migratorias, así como por las encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, relacionadas con la persecución y sanción de los delitos de tráfico ilícito y secuestro en perjuicio de personas migrantes en México.