Ciudad de México. – Legisladoras demandaron a las autoridades investigar las denuncias sobre la venta de niñas en el Estado de Guerrero por “usos y costumbres”, pues hechos como esos no pueden quedar impunes.

La diputada federal por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, dijo que la venta de niñas tiene que volverse un tema socialmente sancionable, pues se trata de una realidad poco atendida que se vive, sobre todo, en el sur del País.

REFORMA publicó este lunes que en la Montaña de Guerrero pagan por niñas a partir de los nueve años de 40 mil a 200 mil pesos, e incluso son vendidas por ganado y cerveza, práctica atribuida a “costumbres” de las comunidades.

La legisladora advirtió que esta práctica es una muestra de que la política para la atención de niñas en riesgo es prácticamente inexistente.

Tagle recordó que hoy en día, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) está sin cabeza y los sistemas DIF estatales no reaccionan frente a este tipo de denuncias que fundamentalmente vienen de organizaciones civiles y no de las familias.

“Son las propias familias quienes recurren a estas prácticas, y pretenden se quede en el espacio privado. Se tiene que volver un tema socialmente sancionable”, dijo.

La diputada detalló que entre las acciones que se han impulsado está la prohibición de matrimonios infantiles.

No obstante, demandó que también se dé seguimiento a los embarazos de niñas de entre 10 y 14 años de edad, pues en muchos casos es posible que se deba a abusos sexuales y derivado de este delito de vender a menores de edad.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, dijo que la venta de niñas en Guerrero y en otras zonas del País es el reflejo del fracaso en la implementación de la ley y la falta de políticas públicas para atender a uno de los sectores más vulnerables de México: las niñas indígenas.

Juárez lamentó que si bien existe un sistema de protección de menores y adolescentes en el que participan los tres niveles de Gobierno, éste se ha quedado corto, porque requiere, entre otras cosas, de más recursos, de una mayor coordinación y de mayores capacidades para actuar de manera inmediata ante un problema que no es reciente.

“No deberíamos de quedarnos nada más en la denuncia, me parece importante que las autoridades de los tres niveles: municipal, estatal y federal deben actuar de manera inmediata para garantizarles sus derechos”, sostuvo.

Juárez mencionó que, si bien el matrimonio infantil está prohibido en el País, la bancada del PRD ha insistido en la necesidad de realizar una reforma constitucional.

No obstante, insistió en que la ley no es suficiente si no hay presupuesto y si las autoridades encargadas de su aplicación no tienen como prioridad los derechos de las niñas y de los niños y el interés superior de la niñez, el cual ya está establecido en el Artículo 4 de la Constitución.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya, advirtió que esta práctica atenta contra los derechos de la niñez y lacera gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas.

De acuerdo con el Informe Estado Mundial de la Población 2020 de la ONU, expuso, México está entre los países de América Latina con la mayor prevalencia de mujeres entre 20 y 24 años que se casaron siendo niñas.

En 2019, añadió, las y los legisladores hicieron lo que les correspondía para combatir el matrimonio infantil, mediante la aprobación de una reforma al Código Civil Federal que lo prohíbe, por lo que es responsabilidad del Gobierno federal y de los gobiernos locales garantizar su implementación.

Sobre todo, expresó, luego de que organismos internacionales como Unicef lanzaron el año pasado una alerta sobre el riesgo de que el número de matrimonios forzados creciera durante la crisis sanitaria, motivado por el cierre de escuelas, las limitantes económicas, la interrupción de servicios básicos, así como la muerte de padres y madres por la enfermedad.

“Si bien el Gobierno Federal en coordinación con gobiernos locales deben destinar presupuestos y programas para combatir esta práctica en aquellas entidades con mayor prevalencia, también debe existir rendición de cuentas sobre las acciones emprendidas durante la pandemia por Covid-19”, aseguró.

En el Senado, la panista Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, consideró que los niños y las niñas han sido invisibles a los ojos del Gobierno.

La senadora apremió al Gobierno a presentarse de inmediato en la Montaña de Guerrero para detener la venta de niñas por “usos y costumbres”, una práctica que en realidad es de “abusos y costumbres”.

“El Gobierno debe presentarse de inmediato, acompañado del Gobierno estatal y de instancias municipales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y parar la venta de las niñas, pero también, la impunidad y la complicidad porque esto no sucede de manera aislada”, propuso.

Hemos logrado la prohibición del matrimonio infantil, dijo, pero es evidente que prohibir esta venta requiere el esfuerzo y el acompañamiento de las autoridades de todos los órdenes de Gobierno para terminar con esos abusos.

“Es muy importante que las niñas y los niños estén en las prioridades del Gobierno y no sigan siendo invisibles, como han sido hasta este momento. Hay una invisibilidad de niñas y niños desde el inicio de esta administración que se ha demostrado desde la desaparición de las estancias infantiles, hasta aquellas declaraciones al inicio de la pandemia de que los niños no se contagiaban de Covid”, recordó.

Vázquez Mota comentó que se entrevistó con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para hacerle notar el estado de indefensión en que están muchas niñas.

La venta de niñas en Guerrero ocurre, explicó, por una absoluta impunidad.

“Por eso se requiere una intervención de ayudar a cambiar la cultura, la mentalidad, tanto de las mujeres como de los hombres de esta región”, manifestó.

“Que esa supuesta prioridad que tienen los niños para el Gobierno se reconozca en políticas públicas, de presupuestos que acompañen y que el Gobierno tenga colaboración conjunta con los otros órdenes de Gobierno, estatal y municipal”.

En tanto, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez, advirtió que los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos humanos de las personas, sobre todo de niñas y niños que forman parte de los sectores más excluidos.

La venta de niñas, sostuvo, no es un fenómeno exclusivo de Guerrero, pues también se ha presentado en entidades como Chiapas, Oaxaca y el Estado de México.

El Comité de los Derechos del Niños y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ambos de Naciones Unidas, recordó, emitieron hace un par de años la observación general Prácticas Tradicionales Nocivas.

En ese documento, comentó, ambas instancias internacionales alertaron que bajo el argumento de las nociones culturales se justifican diversas violaciones a los derechos de las niñas, como la mutilación genital, las uniones tempranas y la venta de menores.

El especialista en derechos de la niñez dijo que ante ello, el Estado mexicano está obligado a generar políticas públicas preventivas y de información, pero también de identificación de riesgos y de atención urgente.

Además, agregó, es necesario sancionar aquellos delitos de carácter federal, como la trata con fines de explotación sexual o esclavitud laboral.

“Es importante destacar que los usos y costumbres de los pueblos originarios no pueden estar por encima de los derechos humanos de las personas, particularmente de niñas, niños y adolescentes, de tal suerte que el Estado mexicano está obligado a generar políticas públicas que incluyan aspectos preventivos y de información hacia las comunidades.

“Pero también de identificación de riesgos y atención urgente en aquellos casos en los que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean vulnerados”, insistió

(Con información de Reforma)