Xalapa, Ver. – La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) que aplica el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (desde el 2019) carece de aspecto concretos para reducir la incidencia criminal en las ciudades.
Incluso, el último informe anual de 2021 de la ENSP, reconoció que la gran mayoría de los estados y municipios no tienen el estado de fuerza necesario (policías) para cubrir turnos y sectores de vigilancia.
El estudio Ciudades Violentas. Panorama Internacional y Desafíos para México, de Juan Pablo Aguirre Quezada, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, realizó un análisis de datos y estudios de organizaciones especializadas e instituciones oficiales, del impacto de la violencia en las ciudades.
Su análisis reveló que la ENSP, con ocho objetivos específicos (erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; respeto y promoción de derechos humanos; regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; recuperación y dignificación de los Centros Penitenciarios y; seguridad públicas, seguridad nacional y paz), carece de aspectos concretos para reducir la incidencia criminal de las ciudades.
Incluso, destacó el autor, que en la última versión (2021) del informe anual de la ENSP expuso: “la gran mayoría de las entidades y municipios no tienen el estado de fuerza necesario para cubrir de manera adecuada los turnos y los sectores de vigilancia en sus ciudades y regiones”.
Es decir, lo que refiere una crisis en el número de elementos policiales para atender las emergencias de seguridad en las grandes urbes.
Y es que uno de los grandes obstáculos para la mejora de la seguridad pública en las ciudades mexicanas es el estado de fuerza, es decir, el número de elementos policiacos por cada diez mil habitantes.
En ese sentido, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Pública impulsado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), refirieron que existen 650 municipios en el país sin policías municipales. El 4 por ciento de la población nacional vive en municipios sin policías.
Otro estudio es del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C, el cual en medición de 2021 detalló que de 50 ciudades del ranking México tuvo 18; Brasil 11; Estados Unidos 7; Sudáfrica 4; Colombia 4; Honduras 2 y; hay una de Puerto Rico, una de Haití, una de Ecuador y una de Jamaica.
En dicho ranking (2021) los primeros ocho lugares fueron ciudades mexicanas: Zamora (610 homicidios), Ciudad Obregón (478 homicidios), Zacatecas (390), Tijuana (2,124), Celaya (747), Juárez (1,455), ensenada (343) y, Uruapan 8263). Todas ellas con tasas de 73.40 a 155.47 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Además de las 18 ciudades mexicanas incluidas en el ranking, hay otras mexicanas que no llegan a los 300 mil habitantes, pero tuvieron tasas por encima de los 100 homicidios por cada 100 mil habitantes, como es el caso de Fresnillo, Manzanillo, Guaymas y Tecate, esta urbe con una tasa de 247 homicidios por cada 100 mil habitantes.
También se tomó en cuenta la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), marzo 2022, del Inegi, reveló que el 66.2 por ciento de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad, tales como Fresnillo, Ciudad Obregón, Zacatecas, Cuautitlán Izcalli, Irapuato y Guadalajara con 97.1, 94.1, 91.7, 89.5, 87.6 y 87.1 por ciento, respectivamente
Otras mediciones las ha hecho el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, ambos coincidieron en que existen políticas erróneas para combatir la violencia, que solo evitan que el estado aplique la ley para legalizar las frogas; dan subsidios a delincuentes o; negocian con delincuentes mediante treguas o amnistías.
Algunos analistas consideraron que la violencia seguirá siendo una amenaza importante, mientras las organizaciones criminales tengan nexos con funcionarios públicos corruptos e impactando sectores económicos, como la minería y la agricultura.
Asimismo, otros autores relacionan los índices de inseguridad en las ciudades, a la falta de personal como estado de fuerza en las policías locales, además de carencias de recursos económicos, equipo táctico o sistemas de videovigilancias; lo que permite la realización de conductas ilícitas ya sean del fuero común o realizados por grupos de la delincuencia organizada.