Miguel Ángel Contreras Mauss

Paso del Macho, Ver.— La diputada federal Blanca Estela Hernández Rodríguez afirmó que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales no afecta a campesinos ni a productores cañeros, sino que tiene como propósito otorgar certeza jurídica en el uso del agua y garantizar que el recurso llegue a quienes lo utilizan para la producción agrícola.

Ante las dudas surgidas en distintas regiones rurales del centro de Veracruz, la legisladora sostuvo que la iniciativa fue revisada de manera puntual antes de ser aprobada, y dejó en claro que no habría respaldado ningún cambio legal que representara un perjuicio para el sector agropecuario.

Hernández remarcó que su postura está sustentada en su propia historia familiar y en el conocimiento directo del campo, al señalar que proviene de una familia cañera y que entiende de primera mano las necesidades y dificultades que enfrentan los productores.

Explicó que la reforma busca ordenar y actualizar las concesiones de agua, ya que muchas presentan rezagos administrativos, vencimientos o irregularidades que limitan el acceso a programas, apoyos o ampliaciones para riego agrícola.

Añadió que los campesinos cuentan con mayor seguridad jurídica gracias a sus títulos y concesiones históricas, por lo que la ley representa una oportunidad para depurar padrones y asegurar un reparto más equitativo del recurso hídrico, especialmente en zonas de alta demanda.

Finalmente, reconoció que existe inquietud en sistemas de riego como Alfredo V. Bonfil y Carrizal, aunque atribuyó esta preocupación a la desinformación, por lo que anunció que continuará recorriendo los municipios de su distrito y participando en mesas de trabajo con Conagua y SADER para explicar el contenido de la ley y acompañar a los productores en sus trámites.

Por Miguel Ángel Contreras Mauss
Atoyac, Ver.— El precio de preliquidación de la caña para la zafra 2025-2026 en el Ingenio El Potrero será de 900 pesos por tonelada, confirmó el dirigente de la CNPR, Ángel Gómez Tapia.

La determinación, considerada el dato más relevante para los abastecedores, marca el arranque económico de la próxima molienda y define la base con la que los productores podrán planear sus gastos inmediatos en campo, traslado y mantenimiento de sus cultivos.

De acuerdo con el comunicado difundido a nombre del Comité de Producción, el nuevo precio se aplicará en cuanto inicien las preliquidaciones correspondientes a la zafra 25/26, cuyo calendario será anunciado en los próximos días.

Gómez Tapia señaló que este monto representa un beneficio directo para miles de productores que dependen de los anticipos para sostener el periodo previo a la producción final.

Destacó que la definición del precio permite dar certeza a los abastecedores en una etapa clave para la actividad cañera.

El Ingenio El Potrero, operado por el Grupo Beta San Miguel, mantiene una amplia zona de abasto en Atoyac y municipios vecinos, donde el precio de preliquidación es uno de los indicadores más esperados por el sector productor por su impacto directo en la manutención del cultivo.

Las autoridades cañeras reiteraron que la información oficial sobre fechas y mecanismos de pago será difundida oportunamente, a fin de evitar confusiones entre los productores y garantizar que el recurso llegue en tiempo y forma.

Miguel Ángel Contreras Mauss

Amatlán de los Reyes, Ver. — Vecinos de distintas comunidades de Amatlán de los Reyes confrontaron este jueves al alcalde Luis Arturo Figueroa Vargas para exigir una solución inmediata a la crisis de desabasto de agua que mantiene a más de 35 mil habitantes sin el servicio desde hace dos semanas.

Lo que inició como una reunión informativa derivó en un reclamo directo. Pobladores de Paraje Nuevo encararon al edil y lo acusaron de evadir su responsabilidad ante la falla constante de la bomba del Sistema Miguel Hidalgo, cuyo colapso ha paralizado el suministro en gran parte del municipio.

El alcalde insistió en que el problema no le corresponde y responsabilizó al taller de Monterrey donde, aseguró, se encuentra el motor en reparación.

 “El Ayuntamiento ya cumplió con el pago. Lo que pase ahora es asunto de la empresa”, respondió Figueroa Vargas, lo que generó mayor molestia entre los presentes.

Los habitantes cuestionaron que la administración actúe “como si fuera sorpresa” cada nueva falla, cuando este año se han registrado al menos cinco interrupciones del servicio.

Solo en los últimos dos meses, el equipo dejó de funcionar en dos ocasiones, lo que evidencia la falta de mantenimiento y la ausencia de un plan preventivo, señalaron.

En un intento por desviar la presión, el edil señaló después a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como responsable de los daños, debido a supuestas variaciones de voltaje en la zona del manantial El Tule, de donde se extrae el agua. Su explicación no convenció a los vecinos, quienes le reprocharon buscar “un culpable distinto” cada vez.

“Ya estamos cansados. Todos los días es un gasto más: comprar pipas, cargar agua de pozas, almacenar como se pueda. Y mientras tanto el Ayuntamiento presume fiestas y espectáculos”, reclamaron habitantes que se acercaron al alcalde.

Aunque el municipio asegura enviar pipas, los testimonios de varias localidades revelan una distribución irregular que beneficia solo a algunos sectores.

 En otras zonas, las familias pagan hasta mil 500 pesos por una pipa que cubre apenas unos días de consumo básico.

Los inconformes exigieron que el gobierno municipal adquiera un equipo nuevo en lugar de seguir reparando la misma bomba, además de transparentar los gastos y las decisiones técnicas relacionadas con el sistema hidráulico.

Por ahora, 29 comunidades continúan sin servicio de agua potable y la crisis permanece sin resolverse.