Agencias SPI
Xalapa, Ver. – Socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), lamentaron que pese a la realización del Parlamento Abierto para el análisis de la Miscelánea Fiscal para 2022, los legisladores sin atender las propuestas de la sociedad y la iniciativa privada (IP).
Los hombres de negocios confían que el Senado de la República atenderá los planteamientos hechos por el sector empresarial, especialistas y representantes de organizaciones sociales para no avalar en sus términos los cambios propuestos por el Ejecutivo Federal en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y en el Código Fiscal de la Federación, que buscan otorgar un mayor control a la autoridad fiscal, pero sin tomar en cuenta las afectaciones a los derechos de los contribuyentes.
El organismo empresarial precisó que durante Parlamento Abierto para el análisis del Paquete Económico 2022 convocado por la Cámara de Diputados, surgieron 29 documentos con propuestas y observaciones y reformas a más de 200 artículos de las citadas leyes fiscales.
Entre las sugerencias a modificar por la parte empresarial, fueron al SAT para que sea quien determine la “razón de negocios” en fusiones y escisiones de sociedades, así como reestructuras corporativas, o que se establezcan facultades para que sea la autoridad fiscal quien determine la “simulación de actos” en facultades de comprobación.
También la obligación de que jóvenes de 18 años se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes, aún y cuando no tengan ingresos, y no exista la obligación de presentar declaraciones o que sean sancionados por su incumplimiento.
Para Coparmex dicha medida busca únicamente un mayor control por parte de las autoridades, ya que el motivo principal de la inscripción es la generación de ingresos por los cuales se debe realizar el pago de impuestos.
También señalaron que no existe razón justificada para limitar a 12 meses la temporalidad de los “Acuerdos Conclusivos”, toda vez que, es una herramienta que ha resultado viable tanto para el fisco como para el contribuyente para resolver las auditorías.
Por lo que hace a la idea de considerar como “contrabando” el transporte de bienes o mercancías sin el CFDI de tipo de ingreso o traslado, con el Complemento de Carta Porte respectivo, consideraron que es una medida excesiva, toda vez que existen sanciones aplicables a nivel administrativo, por lo que pareciera que únicamente se quiere continuar con la política de criminalizar a los contribuyentes.
Otras cuestiones que afectarán de la autoridad fiscal de rechazar la solicitud de Firma Electrónica Avanzada o de Certificado de Sello Digital, eliminar los supuestos para utilizar el procedimiento de aclaración en casos de suspensión y aumentar los supuestos para restringir temporalmente el Certificado.
Lo anterior no permitirá que los contribuyentes expidan de manera ordinaria sus comprobantes fiscales, por meras presunciones. Lo que implicará parálisis mercantil de empresas y de la formalidad.
Respecto a limitar la deducibilidad de los donativos que las personas físicas, afirmaron tendrá efectos negativos en la labor de asistencia social que brindan las organizaciones donatarias autorizadas en el país y cuya labor complementa el trabajo que el gobierno no alcanza a realizar para atender las necesidades de la población.
Advirtieron también que criminalizar a los profesionales de la contabilidad tampoco es una buena propuesta, pues además de violar el principio de no autoincriminación consagrado en nuestra Constitución, es desproporcional respecto al fin buscado.
Atemorizar a los contribuyentes o los terceros relacionados con ellos no es una forma adecuada de crear cultura tributaria.
Por último, Coparmex reiteró su llamado al Senado de la República atiendan las propuestas, planteamientos e inquietudes de la sociedad, legislen y reviertan las profundas deficiencias de una Miscelánea que atenta contra los jóvenes, contra el bienestar y promueve el terrorismo fiscal.