Agencias SPI
Xalapa, Ver. – La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el 29 de mayo dará inicio la operación del Banco Nacional de Datos Forenses y del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Inidentificadas y No Reclamadas.
La dependencia precisó que el Banco Nacional de Datos Forenses estará integrada por la interconexión gradual de los sistemas Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, Registro Forense Federal, Base Nacional de Información Genética, Registro Nacional de Detenciones y, el Registro Nacional del Delito de Tortura.
Además, por el Registro de Antecedentes Criminales, Sistema Nacional de Información Nominal (SININ), Sistema Automático de Identificación de Locutores (ASIS), Sistema de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), Alerta Amber, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Y, las demás bases de datos, registros o sistemas que tengan información forense y genética relevante para la búsqueda, localización e identificación de una Persona Desaparecida o No Localizada.
Aún más, la FGE ya cuenta con los Lineamiento tecnológicos del banco Nacional de Datos Forenses, previstos en la Ley general en Materia de desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometa por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para que puedan trabajar procuradurías y fiscalías especializadas del todo el país.
En agosto de 2022, la Red de Enlaces Nacionales, que agrupa a más de 70 colectivos de búsqueda del país, clausuraron simbólicamente la FGE en la Ciudad de México, para exigir la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF).
Los inconformes afirmaron que el Banco sería una herramienta tecnológica que agilizaría la identificación de los más de 52 mil cuerpos (según un informe del Movimiento nacional de Nuestros Desaparecidos de México), que siguen sin una identidad en los Semefos de todo el país.
En 2017, con la publicación de la Ley General de Desaparición de Personas, se ordenó la creación del BNDF para poder concentrar la información forense de todo el país, incluida la genética, e identificar a personas desaparecidas que habían fallecido.
Todo ello, utilizando cruces masivos, es decir, comparando de manera automatizada todos los datos que aportan las familias sobre las personas desaparecidas con los de los cuerpos sin identidad.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República, dirigida por Alejandro Gertz Manero, llevaba más de tres años de retraso en su creación.
Esta omisión fue llevada a los tribunales por Olimpia Montoya, quien buscaba a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Celaya, Guanajuato en 2017, tramitó una demanda de amparo alegando que la falta del Banco Nacional violaba su derecho a la verdad y el acceso a la justicia como familiar de víctima de desaparición, en particular relacionado con la búsqueda e identificación.