Agencias SPI
Xalapa, Ver. -A tres años de la aprobación de reforma de la prisión preventiva o automática, representó mayor hacinamiento en las cárceles, criminalización de la pobreza y la proliferación de familias desintegradas y no la reducción de delitos o víctimas. Sólo 3 de cada 10 presos han sido condenados.
México Evalúa, afirmó, según su análisis de la reforma al artículo 19 constitucional, que amplió el catálogo de delitos considerados graves y acreedores a una medida de prisión automática, tuvo un severo impacto negativo en la sociedad y ha sido ineficiente como herramienta de prevención del crimen.
Entre sus efectos negativos, fue el incremento de la prisión preventiva a partir de 2019 –cuando se aprobó la reforma– y hasta el cierre de 2021, en 27 por ciento. Esto significó que casi se ha triplicado el número de personas privadas de libertad sin condena.
Aunado a ello, mientras a nivel nacional cuatro de cada 10 personas en prisión se encuentran esperando que avancen sus procesos, existen entidades como Tlaxcala en donde ocho de cada 10 mujeres y siete de cada 10 hombres esperan sentencia.
Le siguieron estados como Oaxaca, Michoacán, Baja California Sur, Jalisco y Veracruz, también con niveles significativamente mayores a la media nacional.
Para el caso de Veracruz, de acuerdo al Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, el total de hombres privados de la libertad actualmente ascendió a 6 mil 746 personas, de éstos hay 4 mil 65 procesados (representó 60.3 por ciento), un total de 2 mil 681 hombres sentenciados (que representó 40 por ciento).
Para el caso de las féminas, existen un total de 437 mujeres privadas de su libertad, un total de 301 procesadas (equivalente 68.9 por ciento) y un total de 136 mujeres sentenciadas (equivalente al 31 por ciento).
México Evalúa señaló que los efectos son claramente diferenciados y discriminatorios. Mientras que entre hombres se impone en cuatro de cada 10, en mujeres son una de cada dos, con un impacto mucho más severo en el ámbito federal, donde son seis de cada 10 mujeres las que están presas sin condena.
En esa imposición discriminatoria de la medida, se observó también en el incremento en las tasas de presas y presos sin condena por cada 100 mil habitantes, muy marcado a partir de 2019.
La organización afirmó la medida de prisión automática ha reflejado impactos más severos en las mujeres y en las personas que no pueden cubrir una defensa privada.
Por el contrario, ha generado incentivos perversos para reducir los esfuerzos investigativos por parte de los ministerios públicos, nulificar el rol de las Unidades estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (Umecas) y generar espacios de incertidumbre entre las personas juzgadoras.
“Si bien hablar de promedios nacionales ayuda a brindar un retrato del país, en este caso se invisibilizan casos más dramáticos en los que las probabilidades de estar en prisión y ser encontrado culpable se reducen al 2 por ciento (Colima), 4 por ciento (Puebla) y 5 por ciento (Veracruz y Baja California)”; acotó México Evalúa.