Agencias SPI
Xalapa, Ver. – Las violaciones a derechos humanos, incluidas torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales y ataques en contra de periodistas independientes y defensores de derechos humanos han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El Informe Mundial 2021 (sobre prácticas y tendencias de derechos humanos en todo el mundo) de Human Rights Watch, reveló que la impunidad sigue siendo una norma aún en el gobierno morenista de López Obrador.
El Informes precisó que el presidente ha ampliado considerablemente el ámbito de las actividades de las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas de orden público y control de aduanas, control de la migración irregular, gestión de programas sociales y el desarrollo y operación de megaproyectos.
Subrayó que encomendar a la milicia atribuciones legales para detener civiles, preservar escenas del crimen y proteger evidencias, contribuyen a graves encubrimientos de violaciones de derechos humanos.
Observó que si bien la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha aumentado la transparencia gubernamental sobre la cantidad de personas desaparecidas, los esfuerzos de los agentes del Ministerio Público por investigar desapariciones forzadas o identificar a los responsables siguen siendo muy limitados.
Destacó que sigue siendo habitual que agentes del Ministerio Público y policías no realicen siquiera las tareas investigativas básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas; frecuentemente, indicando a familiares de desaparecidos que investiguen por su cuenta.
La CNB informó que desaparecieron más de 7 mil personas en 2019. Ese año, la Fiscalía General de la República abrió solamente 351 carpetas de investigación de desapariciones y procesó penalmente apenas 2 casos.
Destacó la preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU, respecto a señalamientos de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares y policías y la impunidad en estos casos (el pasado noviembre de 2019).
En temas migratorios, se identificó que el Gobierno Federal tampoco proporcionó apoyo ni protección adecuada a los aproximadamente 66 mil solicitantes de asilo en EE. UU. que han sido asignados al programa de Quédate en México (Remain in México), incluyendo a aquellos con alto riesgo de marginación, como personas con discapacidad y problemas de salud crónicos, personas mayores y niños y niñas.
Hasta noviembre de 2020, muchos de los solicitantes incluidos en el programa seguían esperando una resolución, obligados a vivir en condiciones precarias, insalubres y peligrosas con asistencia insuficiente del gobierno mexicano.
Señaló igualmente, que la designación de Rosario Piedra Ibarra como la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue exdirigente del partido Morena, al cual pertenece el presidente, por lo que tiene un vínculo demasiado estrecho con el gobierno para ser autónoma y apolítica.
Asimismo, respecto al manejo de la pandemia, precisó que el gobierno de López Obrador no adoptó muchas de las medidas básicas que recomiendan las autoridades de salud mundiales para limitar la propagación del Covid-19.
“El funcionario a cargo de coordinar la respuesta de México se ha referido a las pruebas de detección masivas como “inútil[es]” y “un desperdicio de tiempo”, a pesar de la insistencia de la Organización Mundial de la Salud acerca de la importancia de realizar pruebas”, precisó el Informe.
Destacó que las personas que viven en áreas de bajos recursos o comunidades indígenas tienen 50 por ciento más probabilidades de morir por causa del Covid-19 y que la gran mayoría de los pacientes con Covid-19 que fallecieron nunca recibieron cuidados intensivos.
Amnistía Internacional informó que México tiene el número más alto de muertes de trabajadores de salud por Covid-19 en el mundo.