Miguel Ángel Contreras Mauss

Ciudad de México.– El Gobierno federal prepara un permiso previo para importar azúcar, con el que busca contener el ingreso de producto extranjero y dar un respiro temporal a los ingenios nacionales, que enfrentan una de las peores crisis en una década.

La medida, confirmada este miércoles 30 de octubre durante una reunión entre representantes cañeros y funcionarios de las secretarías de Agricultura y Economía, sería el primer paso de una estrategia de “defensa comercial” para evitar un colapso en los precios internos, según informó Carlos Blackaller Ayala, dirigente de la Unión Nacional de Cañeros CNPR.

El plan incluye además la revisión de un arancel de 156% ad valorem a la importación de azúcar, propuesta que —según la CNPR— no viola los compromisos internacionales de México.

No obstante, se busca que su aplicación se dé de manera coordinada con Estados Unidos, para evitar conflictos con el T-MEC.

Aun con estos ajustes, los productores advirtieron que el problema de fondo sigue siendo la entrada indiscriminada de fructosa al país, lo que ha desplazado al azúcar mexicana en la industria alimentaria.

“Mientras no se corrija esa distorsión, cualquier medida será insuficiente”, sostuvo Blackaller.

El dirigente recordó que el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, ha reconocido la gravedad del problema y prometió una “solución estructural” que reactive al sector.

Sin embargo, los cañeros exigen acciones más rápidas y efectivas.

“Llevamos años escuchando que habrá una estrategia integral, pero en el campo la realidad es otra: los ingenios trabajan al límite y los productores apenas sobreviven”, advirtió un representante local al salir del encuentro.

Por Miguel Ángel Contreras Mauss
Atoyac, Ver.- Más de siete mil productores de caña de azúcar de las uniones locales de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), abastecedores del ingenio El Potrero, ganaron una demanda mercantil interpuesta contra el grupo Beta San Miguel, luego de que la empresa incumpliera con el pago oportuno de la liquidación correspondiente al ciclo azucarero 2018-2019.

El fallo del juzgado ordena al corporativo cubrir un monto de 8 millones 322 mil 74 pesos por concepto de intereses moratorios, derivados del retraso en el pago a los productores del endulzante en la región.

La empresa cuenta con un plazo aproximado de 15 días hábiles para realizar el depósito ante el tribunal correspondiente, con el fin de que posteriormente el recurso sea entregado a los cañeros.

El líder local de la CNPR del ingenio El Potrero, Ángel Gómez Tapia, calificó la resolución como un “triunfo histórico” para los productores, pues demuestra que el trabajo organizado y la vía legal pueden hacer justicia al campo.

“Fueron años de lucha constante, pero hoy se confirma que los cañeros tenían la razón. Este dinero pertenece al esfuerzo de la gente que vive de la tierra”, expresó.

Gómez Tapia reconoció la colaboración de los equipos jurídicos y de los dirigentes cañeros que respaldaron el proceso durante los últimos cinco años, subrayando que esta resolución beneficia tanto a los afiliados de la CNPR como de la CNC, sin distinción política o gremial.

Por su parte, el líder de la ULPCA-CNC, José Luis Gordillo Fernández, advirtió que si el grupo Beta San Miguel no cumple con la sentencia dentro del periodo establecido, se procederá al embargo y remate de bienes de la empresa, a fin de garantizar el pago total de la cantidad fijada por la autoridad judicial.

Subrayó que de la CNC son tres mil 400 productores los que se verán beneficiados con este pago.

El caso de El Potrero, señaló, marca un precedente en la industria azucarera nacional, donde los conflictos por pagos atrasados se han vuelto frecuentes.

“La victoria judicial de los productores veracruzanos podría sentar las bases para que otros ingenios sean obligados a responder por los perjuicios causados a miles de trabajadores del campo que, año tras año, sostienen con su esfuerzo la economía rural de la región centro del estado”, agregó.

Miguel Ángel Contreras Mauss

Atoyac, Ver. – La Policía Municipal de Atoyac no ha sido disuelta a pesar de que 11 policías enfrentan un proceso penal por omisión al deber, confirmó el alcalde Carlos Alberto Ventura de la Paz.

Luego de la balacera registrada en el bar La Victoria de Potrero Nuevo —donde murieron cuatro personas, entre ellas presuntamente un jefe de plaza del crimen organizado—, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó la detención de 11 policías municipales.

El edil morenista explicó que los elementos están siendo investigados no por temas relacionados con la delincuencia organizada sino por el delito de omisión al deber, mientras que otros once agentes que ese día se encontraban francos continúan en espera de conocer su situación laboral.

Entrevistado en su oficina, Ventura de la Paz reconoció que, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió temporalmente el control de la seguridad en el municipio, la corporación local sigue oficialmente en funciones, ya que hasta el momento no ha recibido ninguna instrucción de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para su desaparición.

“Hemos intentado comunicarnos con el secretario o el subsecretario para conocer qué pasará, pero no hemos tenido respuesta. También nosotros estamos esperando indicaciones sobre cómo quedará finalmente el control de la Policía”, señaló.

El alcalde dijo desconocer el paradero del armamento, así como de una patrulla y una ambulancia que estaban bajo resguardo de la corporación y que fueron asegurados tras los hechos violentos.

“Desde la madrugada del lunes, cuando ocurrió la situación, la Policía Estatal tomó el control y selló la comandancia. Desde entonces permanecen ellos cuidando a la población. El martes 28 de octubre llegó la Sedena; el comandante del batallón se presentó y pidió ocupar el área de los submúltiples, junto a la comandancia, para coordinar la seguridad en Atoyac”, agregó.

El pasado lunes, un total de 32 personas fueron detenidas durante el operativo realizado en el bar La Victoria, en Potrero Nuevo, tras un enfrentamiento entre fuerzas estatales, federales y presuntos integrantes del crimen organizado. Cuatro personas murieron, entre ellas José Eduardo “N”, alias El Lalo o El Matanovias, identificado como jefe de plaza en la región centro de Veracruz.