[ ESTADO ]
Alertan de infiltración del crmen en elecciones
Analiza los diez principales riesgos

Agencias SPI
Xalapa, Ver. – En Veracruz, así como en Jalisco, Chiapas y Ciudad de México existe muy alta probabilidad de que grupos criminales incidan en las elecciones próximas del 2 de junio y con ello ampliar su control sobre gobiernos y mercados locales.
Integralia Consultores, organización experta en análisis político, dio a conocer en días pasados el estudio Diez Riesgos Políticos para 2024, que como lo indica su título, analiza los diez principales riesgos que pueden afectar el entorno de negocios y la gobernabilidad democrática del país en 2024, año marcado por el proceso electoral.
Entre ellos, aborda el tema de como los grupos criminales aprovechan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales y de cómo en corto plazo aumenta la violencia política y; a mediano plazo, fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos.
Al respecto, la investigación marcó con rojo (nivel de impacto: alto y probabilidad: muy alta) en el mapa territorial, a los estados de Jalisco, Ciudad de México, Veracruz y Chiapas, en donde el escenario arriba descrito, podría ser una realidad en el marco de las elecciones electorales.
Los autores describen que las organizaciones criminales capturan a los gobiernos locales para disponer de recursos clave, como datos personales, dinero público, policías y otros funcionarios a su servicio, además, operar con impunidad, consolidar o diversificar sus áreas de negocios y, neutralizar a organizaciones rivales.
En el corto plazo, este fenómeno incrementa los incidentes de violencia político-electoral, es decir, las agresiones físicas o amenazas a personas candidatas y funcionarias públicas o sus círculos cercanos para obligarlas a cooperar con grupos criminales o retirarlas de la contienda electoral, a fin de favorecer a candidatos afines a los intereses de las organizaciones delictivas.
Al respecto, precisó el estudio, dichas agresiones han incrementado considerablemente de 2021 a 2023 (197.2 por ciento) y se espera que 2024 se posicione como el año más violento debido a el número de cargos en disputa a nivel local, la proliferación de organizaciones criminales y, la diversificación de los mercados ilícitos.
Otras implicaciones que salen a la luz cuando existe dominio territorial por parte del crimen organizado, es que la población se comporta conforme a las reglas de los grupos criminales y con ello queda neutralizada cualquier ley o garantía individual.
Al mismo tiempo, las comunidades y organizaciones quedan completamente desprotegidas ante cualquier clase de delitos (extorsiones, cobro de piso y robos); se agravan las afectaciones de las empresas (mayor inversión en seguridad, así como trato directo con los grupos criminales).
Aún más, eventualmente las comunidades podrían recurrir a la violencia extrema para liberarse del asedio de los grupos criminales, desatando agresiones constantes entre comunidades, organizaciones delictivas, fuerzas armadas y policías federales y estatales.
Esto podría desalentar las inversiones y motivar el abandono de las comunidades, además de suscitar violaciones masivas a derechos humanos.
Integralia destacó en su estudio, que con el avance territorial del crimen organizado, el país está transitando hacia una dualidad peligrosa, por un lado, en algunos territorios prevalece un Estado de derecho (deficiente en muchas ocasiones) en donde las actividades políticas, económicas y sociales operan conforme a la ley.
Pero, por otro lado, existen territorios donde el crimen organizado funge como el principal regulador de la vida económica y social, por lo que impera la ilegalidad en todos los ámbitos.
Dicha dualidad se está acentuando y existe una desconexión cada vez más grande entre las regiones dominadas por el (frágil) Estado de derecho y los territorios controlados por los grupos criminales.
Si bien no es exclusivo de 2024, uno de los riesgos principales del país para las próximas décadas es que esta dualidad no sólo se consolide, sino que incrementen las regiones dominadas por el crimen organizado y que el Estado carezca de capacidades para revertir esta situación.
Finalmente, cabe recordar que en las elecciones electoral de 2021, Etellekt Consultores, ubicó a Veracruz como el segundo estado más letal para quienes se lanzaron a puestos de elección popular, con nueve homicidios, todos del PRI.

Xalapa, Ver.- José Francisco Velasco López, un joven trailero de 30 años, desapareció el pasado sábado 7 de junio mientras conducía un tráiler en el tramo que va de Cantona, Puebla, hacia el municipio veracruzano de Perote. Desde entonces, nada se sabe de su paradero.
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, familiares y amigos del joven bloquearon este lunes la carretera federal Xalapa-Veracruz, a la altura de la localidad de Toxtlacoaya, en el municipio de Las Vigas de Ramírez, para exigir su pronta localización.
Durante la protesta, los manifestantes portaron pancartas con mensajes de desesperación y exigencia de justicia. Pidieron a las autoridades una investigación inmediata y efectiva, al advertir que tras más de 48 horas sin noticias, temen que José Francisco haya sido víctima de algún delito.
El bloqueo provocó un fuerte congestionamiento en esta importante vía de comunicación que conecta con la capital del estado, afectando a cientos de automovilistas. Sin embargo, los familiares aseguraron que no se moverán hasta tener una respuesta concreta sobre el paradero del joven.

Agencias SPI
Xalapa, Ver. – Veracruz se ubica entre los primeros lugares a nivel nacional con mayor población analfabeta, es decir, personas de 15 años y más que no son capaces de leer ni escribir una breve y sencilla exposición de hechos relativos a su vida cotidiana, reveló Educación con Rumbo.
El seguimiento que realiza Educación con Rumbo a diversos aspectos de la educación, entre ellos, el porcentaje de la población mexicana que es analfabeta, dio a conocer los datos del ciclo escolar anterior inmediato y el actual.
Con información del Sistema Educativo Nacional, de la Dirección General de Planeación y Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), arrojó que Veracruz, en el ciclo escolar 2023-2024 se ubicó como el cuarto estado con más población analfabeta, con 7.8 por ciento de su población.
Los primeros lugares los ocuparon los estados de Chiapas, con 11.9 por ciento de población analfabeta; seguido de Guerrero con 11 por ciento y; en ter lugar Oaxaca con 10.5 por ciento de la población.
Si bien se observó una disminución de analfabetismo para el presente ciclo escolar actual, 2024-2025, esta fue mínima. Nuevamente Veracruz se mantiene en cuarto lugar con 7.7 por ciento de población analfabeta.
Para dicho ciclo escolar, Chihuahua arrojó 11.8 por ciento de población analfabeta; Guerrero con 10.9 por ciento y; Oaxaca con 10.3 por ciento.
Como se observó, la reducción fue apenas de un punto porcentual en los cuatro estados donde se concentran los mayores porcentajes de población que no sabe leer ni escribir.
Asimismo, en cuanto al porcentaje de población indígena que se ubica en este estrato educativo, resultó que Veracruz ocupó el tercer lugar con 25 por ciento de su población; en primer lugar se ubicó Chihuahua con 32.9 por ciento y; en segundo Guerrero con 30.9 por ciento.
En números, de las 555 mil 974 personas de comunidades indígenas que existe en la entidad veracruzana (censo Inegi 2020), 416 mil 871 saben leer y escribir y, las que no saben leer ni escribir fueron 138 mil 932 personas.
Asimismo, según la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, Objetivo 4, relacionado con garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, ce aquí a 2030, los países deben asegurar que todos sus jóvenes y una proporción considerable de sus adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

Martínez de la Torre, Ver. — Productores de limón persa en Veracruz acusaron a las grandes comercializadoras de provocar una caída artificial en el precio de este cítrico, a pesar de la escasez derivada de la intensa sequía que afecta a la región.
El caso más alarmante se registra en Martínez de la Torre, municipio reconocido como la “Capital Mundial del Limón Persa”, donde la falta de lluvias ha reducido considerablemente la producción y, aun así, el precio continúa desplomándose.
Actualmente, la caja de limón persa se está cotizando por debajo de los 250 pesos, una cifra que los productores consideran inaceptable ante el contexto climático y económico que enfrenta el sector.
Señalan que el costo de producción ha aumentado, y sin embargo, el valor de venta al productor sigue cayendo sin justificación de mercado.
Productores acusan que intermediarios ligados a grandes comercializadoras están imponiendo precios que no reflejan la escasez del producto ni el incremento en los costos de producción, generando pérdidas severas para quienes cultivan y cosechan.
El 95 por ciento de la producción de limón persa en Veracruz depende de las lluvias de temporal.
La falta de precipitaciones ha mermado la cosecha y encarecido los procesos, pero esto no se ha traducido en una mejora para el productor.
Por el contrario, se ha reportado una caída sostenida en el pago por costal, lo cual —aseguran los afectados— no corresponde a una lógica de oferta y demanda, sino a un control de mercado ejercido por las empresas acaparadoras.
A esta situación se suma la presión que ejercen los llamados “coyotes”, intermediarios que operan en nombre de las comercializadoras y que fungen como únicos canales de venta para muchos productores.
Estos actores, denuncian, son quienes dictan el precio sin considerar las condiciones reales del campo, beneficiando únicamente a quienes controlan el mercado mayorista.
Ante esta problemática, los productores veracruzanos hicieron un llamado urgente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al Gobierno del Estado para que frenen los abusos, vigilen el comportamiento del mercado y establezcan un precio de referencia justo que garantice condiciones mínimas de rentabilidad en el sector citrícola.
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