Agencias SPI

Xalapa, Ver. – En Veracruz, así como en Jalisco, Chiapas y Ciudad de México existe muy alta probabilidad de que grupos criminales incidan en las elecciones próximas del 2 de junio y con ello ampliar su control sobre gobiernos y mercados locales.

Integralia Consultores, organización experta en análisis político, dio a conocer en días pasados el estudio Diez Riesgos Políticos para 2024, que como lo indica su título, analiza los diez principales riesgos que pueden afectar el entorno de negocios y la gobernabilidad democrática del país en 2024, año marcado por el proceso electoral.

Entre ellos, aborda el tema de como los grupos criminales aprovechan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales y de cómo en corto plazo aumenta la violencia política y; a mediano plazo, fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos.

Al respecto, la investigación marcó con rojo (nivel de impacto: alto y probabilidad: muy alta) en el mapa territorial, a los estados de Jalisco, Ciudad de México, Veracruz y Chiapas, en donde el escenario arriba descrito, podría ser una realidad en el marco de las elecciones electorales.

Los autores describen que las organizaciones criminales capturan a los gobiernos locales para disponer de recursos clave, como datos personales, dinero público, policías y otros funcionarios a su servicio, además, operar con impunidad, consolidar o diversificar sus áreas de negocios y, neutralizar a organizaciones rivales.

En el corto plazo, este fenómeno incrementa los incidentes de violencia político-electoral, es decir, las agresiones físicas o amenazas a personas candidatas y funcionarias públicas o sus círculos cercanos para obligarlas a cooperar con grupos criminales o retirarlas de la contienda electoral, a fin de favorecer a candidatos afines a los intereses de las organizaciones delictivas.

Al respecto, precisó el estudio, dichas agresiones han incrementado considerablemente de 2021 a 2023 (197.2 por ciento) y se espera que 2024 se posicione como el año más violento debido a el número de cargos en disputa a nivel local, la proliferación de organizaciones criminales y, la diversificación de los mercados ilícitos.

Otras implicaciones que salen a la luz cuando existe dominio territorial por parte del crimen organizado, es que la población se comporta conforme a las reglas de los grupos criminales y con ello queda neutralizada cualquier ley o garantía individual.

Al mismo tiempo, las comunidades y organizaciones quedan completamente desprotegidas ante cualquier clase de delitos (extorsiones, cobro de piso y robos); se agravan las afectaciones de las empresas (mayor inversión en seguridad, así como trato directo con los grupos criminales).

Aún más, eventualmente las comunidades podrían recurrir a la violencia extrema para liberarse del asedio de los grupos criminales, desatando agresiones constantes entre comunidades, organizaciones delictivas, fuerzas armadas y policías federales y estatales.

Esto podría desalentar las inversiones y motivar el abandono de las comunidades, además de suscitar violaciones masivas a derechos humanos.

Integralia destacó en su estudio, que con el avance territorial del crimen organizado, el país está transitando hacia una dualidad peligrosa, por un lado, en algunos territorios prevalece un Estado de derecho (deficiente en muchas ocasiones) en donde las actividades políticas, económicas y sociales operan conforme a la ley.

Pero, por otro lado, existen territorios donde el crimen organizado funge como el principal regulador de la vida económica y social, por lo que impera la ilegalidad en todos los ámbitos.

Dicha dualidad se está acentuando y existe una desconexión cada vez más grande entre las regiones dominadas por el (frágil) Estado de derecho y los territorios controlados por los grupos criminales.

Si bien no es exclusivo de 2024, uno de los riesgos principales del país para las próximas décadas es que esta dualidad no sólo se consolide, sino que incrementen las regiones dominadas por el crimen organizado y que el Estado carezca de capacidades para revertir esta situación.

Finalmente, cabe recordar que en las elecciones electoral de 2021, Etellekt Consultores, ubicó a Veracruz como el segundo estado más letal para quienes se lanzaron a puestos de elección popular, con nueve homicidios, todos del PRI.