Agencias SPI

Xalapa, Ver. – El asesinato de los hermanos Román y Ernesto Pérez González a manos de policías municipales de Orizaba en 2018, no estuvo justificado, advirtió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Al emitir la recomendación 152/2020, la Comisión acreditó que elementos de la policía municipal de Orizaba dispararon y mataron injustificadamente al maestro de 31 años y al odontólogo de 33 años de edad.

El organismo no se comprobó que estuvieran armados o hubieran cometido algún ilícito como señalo la autoridad, además de que tras estos hechos los elementos habrían modificado la escena.

Tras el asesinato ocurrido el 1 de noviembre de 2018 afuera de la vivienda familiar ubicada en la calle Colón Oriente, los policías municipales modificaron la escena del crimen, con la supervisión del encargado de la Policía Municipal, Juan Ramón Herebia Herández.

En la relatoría se establece que la madrugada de ese día Luz María González, madre de ambos, escuchó detonaciones de arma de fuego afuera de su hogar, por lo que su hijo Ernesto salió para ver qué sucedía; tras el cese de los disparos la mujer se asomó y vio a sus dos hijos tendidos sobre el pavimento cubiertos de sangre.

Al lugar fueron enviados seis policías municipales y se apersonó Herebia Hernández, a quien los padres le hicieron saber lo ocurrido, que sus elementos dispararon contra sus hijos por lo que fueron aprehendidos.

La versión oficial señala que los elementos municipales realizaron la persecución de un vehículo marca Jeep color blanco, al cual dispararon en diversas ocasiones hasta que el conductor descendió y se dirigió corriendo a su domicilio para pedir ayuda; al momento salió su hermano, por lo que ambos recibieron impactos de bala por parte de los policías, perdiendo la vida en ese instante.

Pese a ello, la Comisión estableció que la autoridad no probó que la persecución y el uso de la fuerza letal contra las víctimas estuviera justificado, ya que los seis elementos fueron puestos a disposición luego de advertirse que actuaron probablemente fuera del marco legal”.

En la carpeta de investigación se determinó que los tres proyectiles de arma de fuego que impactaron al vehículo oficial tipo patrulla de la Policía Municipal de Orizaba se realizaron de adentro hacia afuera.

“Se puede establecer razonada y objetivamente que no hubo una agresión del exterior hacia la unidad que tripulaban los elementos señalados, con la cual pudieran justificar que las detonaciones fueran una respuesta proporcional a alguna agresión sufrida”, señala la recomendación.

La Comisión localizó un video que muestra el momento en que los policías municipales disparaban contra los hermanos; en la grabación se observan diversas personas con uniformes de policía que pasan corriendo sobre la calle y hablando en voz alta, y se escucha que uno de ellos pronuncia la frase “no era güey”.

“No ha sido probado que ambos hermanos hubieran incurrido en alguna conducta que ameritara el uso de la fuerza en su contra, ni que en ese momento, alguno de ellos hubiese portado o utilizado un arma de fuego para agredir a los policías municipales. Al contrario, Román llegó a su casa para ponerse a salvo mientras que su hermano Ernesto interrumpió su descanso para salir a su encuentro, y una vez fuera de su hogar, ambos fueron privados de la vida por dichos servidores públicos”, señala el reporte.

Tras la agresión, otros policías municipales se trasladaron al lugar de los hechos y durante ese tiempo la Comisión pudo corroborar que existió una alteración de la escena del crimen; esto se constató con imágenes que la madre de los jóvenes pudo tomar, ya que se observa que los cuerpos habían sido movidos y les había sido puesta un arma de fuego a un costado.

Cabe destacar que personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Veracruz realizó una inspección pericial de ambas fotos y concluyó que los dos cuerpos fueron cambiados de posición.

“La criminalística de campo con secuencia fotográfica y levantamiento de cadáver e indicios realizada en la fecha de los hechos mediante informe […], describe cómo se encontraba el cuerpo de V5, precisando que “la prenda de vestir tipo playera color blanco, se encontraba arremangada con una trayectoria de abajo hacia arriba, efecto característico a un arrastre del cuerpo”, señala ese reporte.

Y agrega que que “sobre la cinta de rodamiento […] se apreció una mancha de líquido rojo al parecer de origen hemático en forma de arrastre […] interceptando la extremidad superior izquierda del cuerpo”.

La Comisión determinó la inmediata manipulación de la escena indica el ánimo de obstaculizar el esclarecimiento del crimen y encausar la responsabilidad hacia las víctimas por su muerte, como un medio para justificar la agresión realizada indebidamente en contra de los hermanos por parte de quienes en ese momento se desempeñaban como elementos de la Policía Municipal de Orizaba.

Ante esto, la CEDH emitió la recomendación al Ayuntamiento de Orizaba, gobernado por Igor Rojí López  quedeberá otorgar atención médica, psicológica especializada conforme a sus necesidades, considerando que en la actualidad ya cuentan con un tratamiento en materia de psicología y tanatología.

Y deberá pagar una compensación que contemple la reparación del daño moral ocasionado por la privación de la vida de los hermanos, el daño emergente provocado por el desgaste económico que generó en las víctimas el someterse a procesos de búsqueda de justicia, contratación de asesoría jurídica privada especializada, cubrir durante un año la pensión alimenticia de una menor de edad y posteriormente sus gastos totales de manutención, los costos del tratamiento requerido en materia de psicología y tanatología, los gastos funerarios, entre otros que sean acreditados por las víctimas al momento de realizar la cuantificación.

Y deberá ofrecer una disculpa pública a sus seres queridos manteniendo la privacidad de su identidad, así como asumir el compromiso de reparar el daño a las víctimas de forma integral y garantizar la no repetición de hechos semejantes.

Asimismo, se ordena el inicio de investigaciones internas, diligentes, imparciales y exhaustivas, con la finalidad de determinar la responsabilidad administrativa individual de todos los funcionarios que participaron–por acción u omisión– en cada una de las conductas violatorias de derechos humanos precisadas y acreditadas a lo largo de la presente Recomendación.