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Rúbrica

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Aurelio Contreras Moreno

Cómo “desaparecer” 500 millones y agachar la cabeza

Desde que fue impuesta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, la magistrada Isabel Romero Cruz no ha tenido empacho alguno en poner de rodillas al Poder Judicial ante el Ejecutivo estatal, en una actitud de sumisión absoluta, indigna y abyecta. El sello de la casa de la “4t” a todos los niveles, valga decir.

Pero si las formas son detestables, lo que hay en el fondo de las mismas implica una cantidad tal de manejos turbios de los recursos de ese Poder constitucionalmente autónomo, que varios de los implicados habrán de ser llamados a cuentas por malversación y desvío de dinero público.

El miércoles de la semana pasada, en este espacio se refirió cómo la directora general de Administración del Poder Judicial de Veracruz, Joana Marlén Bautista Flores, se constituyó como el verdadero “poder tras el trono” pues representa los intereses del subsecretario de Administración y Finanzas Eleazar Guerrero, primo hermano del gobernador Cuitláhuac García y quien controla todo lo que se hace con los recursos públicos del estado en este sexenio.

Pues bien, fue Bautista Flores la encargada de operar lo que representaría un fraude a las arcas del Poder Judicial, comparable con las jugadas que acostumbraba realizar Javier Duarte a través del mecanismo de desvío de recursos conocido como “la licuadora”.

Información en poder de quien esto escribe señala que mediante el fideicomiso número 108839 el Poder Judicial llevaba a cabo inversiones a plazos fijos en una cuenta bancaria en HSBC, con la finalidad de incrementar el patrimonio del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia de ese órgano, las cuales se realizaron en los últimos años en los plazos señalados cada 90 días y hasta reportaron rendimientos de entre cuatro y seis millones de pesos en cada vencimiento.

Eso cambió a la llegada de Joana Marlén Bautista a la Dirección General de Administración en agosto de 2020. Una de sus primeras acciones fue instruir el retiro de la cantidad existente en el fondo de inversiones -sin acordarlo con el Comité Técnico para la Administración de dicho fondo- y así disponer de 265 millones de pesos.

Pero eso no es todo. Esa cantidad habría sido puesta a disposición del Poder Ejecutivo como un “préstamo”, sin contar con documento alguno que respaldara tal acción por parte del Consejo de la Judicatura, con cargo al presupuesto del próximo año.

De ahí nace precisamente el déficit de 500 millones de pesos que enfrenta el Poder Judicial en este momento, pues por un lado Joana Marlene Bautista retiró esos 265 millones de pesos de las cuentas del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia para transferirlos al Ejecutivo bajo una afectación al presupuesto de 2022. Es decir, que se tiene un faltante de recursos del Fondo Auxiliar y una afectación a las cuentas del presupuesto del próximo año.

No por nada la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros afirmó en una entrevista la semana pasada –luego de ser injuriada por los textoservidores del régimen en Veracruz al negarse a reducir su salario por órdenes del gobernador- que en el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia “simplemente, el dinero lo desaparecieron”.

CICE, los Ruiz y hasta Sánchez Cordero, los “ganones” del desfalco

El otro barril sin fondo en el Poder Judicial, como se ha mencionado, son las Ciudades Judiciales, cuya construcción pasó de cinco mil millones iniciales a 15 mil millones de pesos, y cuya investigación le costó su destitución a la anterior presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta.

¿Cuáles son los intereses que se afectaron? Pues precisamente varios que escalan hasta el ex presidente del TSJEV Edel Álvarez Peña y sus acuerdos alcanzados con la administración de Cuitláhuac García Jiménez; a poderosos consorcios empresariales asentados en la entidad y hasta a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Y es que el contrato para la construcción de las Ciudades Judiciales beneficia a varios consorcios cuyos dueños son los hermanos Francisco y Javier Ruiz Anitúa, cuya familia ha hecho grandes negocios en todos los últimos gobiernos estatales, sin importar el partido que los encabece.

También aparece entre las empresas “ganonas” el Consorcio Integral de Comercio Exterior, mejor conocido como CICE, una de las principales operadoras de negocios en el puerto de Veracruz y que “extrañamente” decidió incursionar en el ramo inmobiliario como contratista gubernamental.

Otra de las empresas es Construindustrias Comerciales S.A. de C.V., representada por Carlos Nachón Llanos, quien resultaría ser, ni más ni menos, que sobrino de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Por eso es que los contratos para las Ciudades Judiciales no se tocan ni por equivocación.

Email: aureliocontreras@gmail.com

Twitter: @yeyocontreras

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Consummatum est, Yunes Iscariote 

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Así como Judas Iscariote besó a Jesús después de la última cena, para traicionarlo, así lo hizo hoy Miguel Ángel Yunes Linares, ahora senador suplente de su hijo, y no sólo traicionó a los 21 senadores de su bancada, ni a su partido, traicionó a los veracruzanos, a los mexicanos.

Y no solo fueron 30 monedas, fueron las múltiples denuncias que hay contra él y contra toda su familia. Su culpabilidad y sus manos sucias lo llevaron a aceptar el trueque de traicionar a los mexicanos, de dejarlos en la completa indefensión.

Qué estarán pensando el millón de votantes que creyeron en ellos, los mismos que mencionó en el pleno que consiguieron para Marko Cortés, qué pensarán que solo los ocuparon como moneda de cambio, para un escaño y para ganar su impunidad.

Hoy los Yunes azules se vistieron de guinda, hoy no solo traicionaron a un partido, traicionaron a la patria; sus militantes fueron la moneda de cambio para que no tocarán ni siquiera un ministerio público; hoy fueron eso que tanto criticaron unos traidores.

“Ni traidor ni cobarde” dijo con la mano temblorosa el patriarca, pero como dicen las sagradas escrituras, por sus actos los conoceréis, y no es la primera vez que lo hace, lo hizo cuando militaba en el PRI, y ahora lo hace en el PAN, mañana lo hará con Morena, es su modus vivendi; así ha sobrevivido políticamente, apuñalando por la espalda a quienes lo apoyaron y a los miles de veracruzanos que creyeron en ellos, en todos los de su familia.

Ante esta nueva traición, sin duda, la vergüenza y la deshonra ahora los perseguirá para toda su vida. Su cárcel será esa, no poder ver a la cara a los veracruzanos, a los mexicanos y hasta a sus propios descendientes. A todos ellos se les olvidó que “la patria es primero”.

Lo peor de esto también fue cómo traficaron con sus puestos, con su apellido, y en la acalorada discusión en la máxima tribuna del país, el presidente de su partido Marko Cortés, le recordó cómo su hijo, el senador con licencia por “problemas en la espalda”, los ayudó en 2021 que impugnaron su candidatura por falsificar su residencia, pidió que pusieran a su mujer Paty Lobeira.

Como años atrás consiguieron la gubernatura por Veracruz y actualmente pidieron la senaduría que obtuvieron como primera minoría y de suplente al patriarca de la familia.

Hoy, la mayoría oficialista que tanto acusaba y señalaban los Yunes, esa que ventiló las propiedades y cuentas bancarias de la próxima gobernadora de Veracruz, lo recibieron como su héroe nacional. Al mismo que acusaban de corrupto, hoy le abrieron la puerta del Senado con porras y ovaciones mientras a la democracia de este país ya se la llevó la chingada.

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Rúbrica: Gobierno de violentadores de mujeres

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Por Aurelio Contreras Moreno

En las últimas semanas han aparecido cada vez más denuncias de mujeres víctimas de situaciones de acoso sexual y laboral dentro del gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez.

En este espacio se han documentado varios casos en los que se encubre a violentadores y prácticamente se obliga a las víctimas a desistirse de sus denuncias y hasta a “conciliar” con sus agresores, revictimizándolas y colocándolas en situaciones de riesgo para su propia vida, al exponerlas a un recrudecimiento de la violencia en su contra.

El número de casos registrados en la Secretaría de Educación de Veracruz, vía todo el sistema educativo estatal, es pavoroso. En 2022, se presentaron 100 denuncias por violencia de género, acoso laboral, hostigamiento sexual y acoso sexual, mientras que en el 2023 las denuncias rebasaron el centenar.

El gobierno, más allá de la sola Secretaría de Educación, está perfectamente al tanto de estas cifras, que se reportan al Instituto Veracruzano de las Mujeres en la Actividad Institucional de la Alerta de Violencia de Género, en el apartado del Programa de Sensibilización del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

Sin embargo, la respuesta de las autoridades siempre es la misma: recibir las denuncias pero no darles curso. Y en el inter, hostigar, amedrentar y acosar, ahora laboralmente, a las mujeres que se atreven a denunciar la violencia machista, sexista, verbal y hasta física que sufren en sus centros de trabajo.

Pero la SEV no es el único espacio del gobierno estatal -ése que lanzó una supuesta estrategia de “cero tolerancia a la violencia contra las mujeres”- en el que el acoso sexual es algo común y cotidiano.

Durante la marcha por el Día Internacional de las Mujeres del pasado viernes 8 de marzo en Xalapa, fueron exhibidos en pancartas como violentadores y acosadores sexuales y laborales varios funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García, incluidos dos titulares de dependencias.

Eran ni más ni menos que el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández, así como el director de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales de la misma dependencia, Herman Alderete, quienes aparecieron en pancartas tildados de “acosadores, violentadores y misóginos”.

Elio Hernández es además esposo de la magistrada “exprés” Ailett García Cayetano, quien a su vez es hermana de la ex secretaria de Trabajo Dorheny García Cayetano, ambas cercanísimas del gobernador Cuitláhuac García, que por esa razón las favoreció durante todo su sexenio, mientras que a él lo sostuvo en la SIOP a pesar de las múltiples inconsistencias, obras de baja calidad y sospechas de manejos irregulares en la asignación de contratos.

Otro de los exhibidos fue el director del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda), Hazael Flores Castro, sobre quien se colocaron carteles durante la marcha donde se le señalaba como “acosador sexual”.

El mismo viernes, el Capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo hizo público un pronunciamiento en el que sentenció que no se ha cumplido con el mandato legal de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres que habitan el territorio veracruzano, ni con las que laboran en cada una de las dependencias de la administración pública veracruzana, “como ha sucedido en los casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral que sitúan a esta administración como un foco de violencia hacia las mujeres que en ella laboran”.

Recordaron que el primer caso en hacerse público tuvo lugar en la Secretaría del Medio Ambiente, “en donde las víctimas tuvieron que salir a los medios de comunicación para atraer la atención hacia la protección que se brindaba a un agresor que estaba en el ánimo del que gobierna, canonjía con la que abusaba del poder acosando a trabajadoras de la dependencia en que servía”.

“De entonces a la fecha, se han hecho públicos casos de acoso en dependencias como la Secretaría de Gobierno, la de Seguridad Pública y la de Educación, en donde claramente la consigna es intentar por todos los medios que las agraviadas no denuncien, llegando al extremo de hacerlas conciliar con sus acosadores, todo con tal de no elevar el número de denuncias sin que haya responsabilidades fincadas a los agresores que siguen protegidos, mientras que las mujeres son revictimizadas, amenazadas y a veces sancionadas por hacer públicas estas violencias recurrentes”.

Es el de Veracruz, sin duda alguna, un gobierno de violentadores de mujeres. ¿Alguien duda por qué el estado es el cuarto lugar nacional en feminicidios al arranque de 2024?

Email: aureliocontreras@gmail.com

X: @yeyocontreras

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Le pega al blanco Sergio Gutiérrez Luna en su reforma religiosa

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Por Víctor Hugo Arteaga

La reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Libertad de Culto presentada por el diputado veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, en la que se garantiza la observancia del sábado para aquellas religiones que creen en ese día bíblico como día de reposo, fue esperada 100 años en México.

Desde el 24 de febrero de 1822, fecha en la que por primera vez un Congreso y una Cámara de Diputados sesionó de manera oficial en el México independiente, los observadores de religiones que guardan el sábado habían esperado una ley en la que se les tomara en cuenta.

Más de 100 años después, el 10 de agosto de 2022, Sergio Gutiérrez Luna, el diputado veracruzano de Minatitlán, ingresó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Constitución Mexicana y la ley que rige a las asociaciones religiosas del país, para garantizar los derechos de los observantes del sábado.

Las cifras soportan la iniciativa del diputado Gutiérrez Luna, pues su distrito tiene en Minatitlán 300 Iglesias Adventistas del Séptimo Día y en total en toda esa zona existen unas 40 mil personas que guardan el sábado y quienes históricamente han sido segregadas por las autoridades civiles y militares.

Los estudiantes, maestros, doctores y demás profesionistas creyentes de esta doctrina, se enfrentan cada año a los caprichos de las autoridades de dejarlos o no presentar exámenes de admisión, de oposición, de evaluación e incluso el servicio militar, violando de esa manera sus garantías individuales.

La Ley Gutiérrez beneficiará al menos a unos 250 mil miembros de religiones que guardan el sábado en todo el estado de Veracruz, pero también garantizará los mismos derechos de otros creyentes que tengan el mismo problema con sus doctrinas en cualquier otro día de la semana.

No es una reforma que sólo beneficie a los observadores del sábado, sino que garantice la libertad de culto de todas aquellas personas que consideren violentados sus derechos en ese sentido.

Para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la reforma propuesta por Sergio Gutiérrez Luna le abre el panorama y pretende garantizar que la observancia del sábado no sea castigada más para sus miembros, sino que desde la Ley, se establezca que todas las instituciones gubernamentales, permitan en sus marcos jurídicos, que nada interfiera con el principal derecho universal: La Libertad.

Por eso la iniciativa de reforma se convierte en histórica y es celebrada por unos 10 millones de mexicanos creyentes y observantes del sábado bíblico, entre ellos también los descendientes judíos en México, el pueblo de Israel, cuyos miembros deben regresar a su país al cumplir los 18 años de edad, para cumplir con esta obligación, ya que en México tienen el mismo problema.

De golpe y porrazo el diputado Sergio Gutiérrez Luna, se convirtió en el abanderado de una “cartera electoral” que nadie había visto y en la que nadie en 100 años se había interesado, nadie la había tomado en cuenta y nadie la había valorado.

Con esta iniciativa de reforma, los miembros de estas religiones se pondrán en el ojo de las autoridades mexicanas y de cada estado, quienes a lo largo de la historia determinaron ignorarlas, viéndolas como una minoría, a la que no necesitaban.

Siendo Morena un partido de izquierda dura, que apoya el uso de drogas, que soporta el matrimonio igualitario, la diversidad sexual, se aplaude que uno de sus legisladores haya decidido ponerse al servicio también de estos grupos religiosos, que han soportado a sus estados y al país en los peores momentos con sus filosofías humanistas.

Sólo en Veracruz, desde donde se dio forma a esta reforma, existen al menos 250 mil adventistas del séptimo día, que administran unos 50 colegios de nivel preescolar hasta preparatoria.

En ellos tienen una matrícula de casi 6 mil alumnos y le dan trabajo a unos 600 empleados graduados en sus universidades y preparados para que desde su sistema educativo, puedan ayudar a México a ser un mejor país, un estado mejor a través de sus programas educativos y sociales de ayuda.

Los adventistas veracruzanos, según datos de la Secretaría de Gobernación en su área de Asuntos Religiosos, administran al menos 1200 templos de todas las dimensiones, que han sido albergues útiles a los veracruzanos en las tragedias climáticas como huracanes.

Por ello, la bien pensada reforma a esta ley por parte de Sergio Gutiérrez, le llega al país en el mejor momento, cuando el país se encuentra convulsionado y necesita las manos de todos los grupos que puedan ayudar a traer paz.

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