Agencias SPI

Xalapa, Ver. – Ante el incremento del delito de secuestro en el país la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer el Programa Nacional para Prevenir, Perseguir y Sancionar el Delito de Secuestro 2021-2021 a fin de mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La creación del citado programa responde a al aumento de la incidencia delictiva del secuestro en el territorio nacional y la rápida evolución del delito, superior a la velocidad de respuesta de las autoridades, de los modus operandi, lo que exige un constante perfeccionamiento y actualización de los métodos de investigación y persecución.

Además de una continua capacitación especializada de los servidores públicos con la finalidad de que las carpetas de investigación iniciadas por secuestro concluyan en con sentencia condenatoria y con ello, reestablecer la seguridad y la confianza ciudadana.

El programa tiene un enfoque de absoluto respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género, incluyente, intercultural y no discriminatoria, que incluye acciones puntuales de prevención, programas de orientación y fomento a la denuncia.

El programa se integra por tres objetivos primordiales, el primero de ellos es el fortalecimiento de la prevención integral del delito de secuestro, considerando la diversificación del ilícito y su impacto.

Este primer objetivo, incluye campañas de difusión, elaboración de diagnósticos y el desarrollo y fortalecimiento de mecanismos de coordinación en intercambio de información.

También crear en los centros penitenciarios módulos para personas sentenciadas por el delito de secuestro todos los estados para evitar se relación; vínculos de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, autoridades internacionales, sociedad civil, sector privado y promover la participación ciudadana.

El segundo objetivo consiste eficientar los procesos de investigación y persecución del delito de secuestro y, entre las acciones están fortalecer las 32 Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS), con personal debidamente capacitado y equipamiento tecnológico para el apoyo a las investigaciones.

El documento destacó que actualmente se trabaja en la reingeniería de los procesos internos en las UECS y sus sistemas de apoyo, así como en el equipamiento de todas las áreas para realizar tareas operativas.

Asimismo, se trabaja en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, para conseguir un acercamiento más efectivo entre las procuradurías o fiscalías y las secretarías de seguridad pública de los estados, y mejorar el intercambio de información que contribuya a la identificación de zonas de alta incidencia o con mayor actuación de grupos delictivos.

Además, se promoverá la elaboración de un protocolo de investigación del delito de secuestro que, una vez aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, dé dirección a las acciones, así como elementos para la persecución conjunta de este delito.

Igualmente, se fomentará el uso de mecanismos jurídicos vigentes para intervenir y debilitar la estructura financiera de las organizaciones delictivas dedicadas al delito de secuestro, como pueden ser las figuras de extinción de dominio y aseguramiento de bienes.

Se reconoció en el texto que el ascenso del delito de secuestro se caracterizó por la ineficiencia de los procesos de investigación y persecución y a las altas tasas de impunidad, con un impacto negativo en la percepción de la población.

Y, desde la perspectiva económica del delito, el secuestro podía percibirse como una actividad rentable y de bajo riesgo para quien lo comete en algunas zonas donde este delito de focalizó.

En ese sentido, destacaron los 10 estados con mayor incidencia de secuestros, en donde Veracruz se ubicó en un segundo lugar, después del Estado de México con 175 secuestros en 2018; 298 en 2019 y; 138 secuestros en 2020.

El tercer objetivo del Programa es promover que las 32 UECS del país apliquen mecanismos de atención integral a personas en situación de víctimas de secuestro.

Durante 2020 reportaron mil 130 personas en situación de víctimas por este delito, con el Estado de México en primer (221 víctimas), seguido de Veracruz (155) y Morelos (79).

Por ello se estableció que personal de las UECS apliquen mecanismos de atención integral a las víctimas de secuestro durante el proceso de investigación, se les capacite y se especialicen; así como enriquecer y actualizar instrumentos de medición sobre el número de víctimas por las instituciones de procuración de justicia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que con dicho programa las Fiscalías de Justicia de las entidades federativas, a través de las UECS, contarán con investigaciones consistentes que permitirán la liberación de un mayor número de personas secuestradas y la captura de los presuntos secuestradores.

Las investigaciones concluirán con sentencias condenatorias, lo que aminorará la impunidad y ayudará a recuperar la confianza de la sociedad en las autoridades.

Se dará un trato justo y respetuoso a las personas en situación de víctimas de este delito, lo que permitirá procurar en todo momento el acceso a sus derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, así como su empoderamiento y no revictimización.

Y, con ello contar en el 2040 con un Estado de Derecho fortalecido, a través de las instituciones encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia,  capaces de revertir las inercias delincuenciales, enfrentándolas de forma eficaz y eficiente, lo que propiciará una disminución de la incidencia del delito de secuestro a su mínima expresión y su eventual erradicación.