[ ESTADO ]
CNDH documenta abusos del ejército en Veracruz
Debe proporcionarles rehabilitación, a través de atención médica y psicológica, además de otorgarles los medicamentos y materiales gratuitos convenientes a sus padecimientos
Agencias SPI
Xalapa, Ver. – – Tuvieron que pasar 13 años para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitara a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reparar de manera inmediata los agravios que militares cometieron en contra de una mujer veracruzana, actualmente recluida en el Centro de Readaptación Social del Estado de México desde 2009.
El organismo dirigió la Recomendación 67VG/2022 al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, tras acreditar las violaciones graves a los derechos humanos de una mujer, detenida arbitrariamente en el año 2009 en Coatzacoalcos, Veracruz, por elementos militares.
Los agravios cometidos en contra de la fémina, fueron violaciones a su libertad y seguridad personal, por la detención arbitraria; a la integridad personal; al trato digno por actos de tortura y violencia sexual en agravio de la persona detenida; así como al interés superior de la niñez de sus dos hijos menores de edad.
De allí que la CNDH solicitó al titular de la Sedena proceda a la reparación inmediata del daño causado a las víctimas directas e indirectas de este caso, incluyendo para ello una compensación justa tomando en cuenta la gravedad de lo ocurrido.
Debe proporcionarles rehabilitación, a través de atención médica y psicológica, además de otorgarles los medicamentos y materiales gratuitos convenientes a sus padecimientos.
Y, finalmente, colaborar en el trámite y seguimiento de la carpeta de investigación iniciada por lo ocurrido; emitir una circular para exhortar al personal castrense en el estado de Veracruz a cumplir con las directrices en materia de prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; además de la violencia y la tortura sexual.
Según el expediente de queja, el 9 de septiembre de 2009, la víctima (Ana Georgina Domínguez Macías) se encontraba en su hogar en Coatzacoalcos, en compañía de su esposo, cuando escuchó ruidos y salió de su habitación.
En el inmueble había alrededor de 13 elementos castrenses quienes derribaron la puerta y le solicitaron identificarse. Acto seguido, le preguntaron por “el dinero, por la droga y su jefe” y posteriormente le ataron las manos, le colocaron una venda y la subieron a una camioneta de la Sedena.
La víctima fue trasladada a una Base Militar donde un médico la revisó y le tomó fotografías para después subirla a otra camioneta militar, siendo custodiada por dos soldados, quienes realizaron tocamientos en su cuerpo, la amenazaron con abusar sexualmente de ella, advirtiéndole que “debía cooperar” o matarían a sus hijos.
Finalmente, la víctima ingresó a un Centro de Readaptación Social del Estado de México donde actualmente continúa privada de la libertad.
Aun cuando la Sedena informó a la CNDH que la víctima había sido detenida en un patrullaje realizado en calles de Coatzacoalcos y que, tras ser asegurada, aceptó su participación en la comisión de diversos ilícitos y formar parte una organización criminal, personal de la CNDH entrevistó a una víctima indirecta que narró las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
Así como a un testigo que señaló que ese día el personal militar se “equivocó” de casa e ingresó a la suya, causando múltiples destrozos, con lo cual se acredita que la víctima fue detenida de manera ilegal y arbitraria.
Por otro lado, la revisión de diversos documentos -como análisis médico-psicológicos elaborados por personal de la CNDH, la declaración ministerial de la víctima y el informe de puesta a disposición-, permitieron certificar las afectaciones derivadas de las agresiones físicas y psicológicas que sufrió la víctima por parte de los elementos militares que participaron en su detención.
Además de ello, comprobó que existió daño causado a sus hijos quienes tenían 6 y 10 años al momento de los hechos, quienes fueron privados de los cuidados maternos indispensables para su pleno desarrollo en los primeros años de vida hasta cumplir la mayoría de edad.
PorSPI Veracruz
Xalapa, Ver..- Un total de 60 tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron localizadas en territorio veracruzano durante el primer trimestre del año, según documentó el Observatorio Ciudadano Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM).
La cifra representó que en promedio cada día y 12 horas se haya detectado una toma clandestina en ductos de la empresa, ello con el fin de hurtar diversos productos que se trasladan en el sistema de Pemex.
Además, de acuerdo con el análisis de la organización civil, esa cifra representó un incremento del 3.45 por ciento con relación al primer trimestre pero del año 2025, cuando Pemex reportó un total de 58 tomas clandestinas.
De acuerdo con los registros indicados por Pemex, en el primer trimestre del año en curso, a nivel nacional se identificaron 2,563 tomas clandestinas en ductos de petrolíferos y/o hidrocarburo, lo que representó un incremento del 4.87% en comparación con el mismo período de 2025, mientras que, en los registros de TC´s en ductos de gas LP el incremento fue del 6.79%
En el estado de Hidalgo en el primer trimestre de 2026 se identificaron 731 tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo, lo que representó un incremento de 19.84% en comparación con el mismo período de 2025
Por otro lado, el estado de Puebla, registró el mayor número de tomas clandestinas en ductos de gas LP con 157, lo que, representó un incremento del 35.34%
En el país Pemex identificó en el primer trimestre de 2026 una toma clandestina en ductos de hidrocarburo (petrolíferos) cada 51 minutos 27 segundos, mientras que en ductos de gas LP cada 7 horas 19 minutos.
Por Inés Martinez
Álvarado, Ver.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevará a cabo una inversión superior a los 500 millones de pesos para ejecutar nuevos proyectos de infraestructura eléctrica en el municipio de Alvarado, informó el presidente municipal Alberto Cobos
Lo anterior, con el objetivo de fortalecer la capacidad del sistema y mejorar la calidad del servicio para las familias alvaradeñas.
Durante una reunión de trabajo con el Gerente Estatal de la División Oriente de la CFE Luis Bernardo Rojas Andrade, el alcalde dio seguimiento a las acciones que actualmente desarrolla la paraestatal en diversas comunidades, colonias y la zona centro de la demarcación, donde se realizan trabajos de mantenimiento, modernización y fortalecimiento de la red eléctrica.
En ese sentido, el representante de CFE informó que las interrupciones programadas en el suministro de energía registradas en los últimos días obedecen a maniobras técnicas indispensables para la ejecución de estas obras, las cuales permitirán brindar un servicio más eficiente, confiable y de mayor calidad.
Asimismo el munícipe, refirió que entre los principales acuerdos alcanzados destaca la continuidad de los trabajos de sustitución de postes, renovación de líneas eléctricas y cambio de transformadores, acciones que forman parte del programa de modernización de la infraestructura eléctrica que impulsa la CFE en el municipio.
Destacó que, en apenas siete meses, la inversión ejercida por la Comisión Federal de Electricidad en Alvarado supera la realizada durante los últimos diez años, reflejando el resultado de las gestiones emprendidas por la actual administración municipal para atender una de las principales demandas de la población.
“Mejorar el servicio de energía eléctrica ha sido una prioridad desde el inicio de mi gobierno y continuaremos gestionando recursos y proyectos que contribuyan al desarrollo del municipio y al bienestar de las familias alvaradeñas”.
Por último, reconoció y agradeció a la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, por el respaldo brindado a Alvarado, así como a personal directivo de la CFE por la disposición y coordinación institucional para impulsar estas importantes acciones en beneficio del municipio.
[ ESTADO ]
Revisión en la UPAV detecta presuntas irregularidades
continúa proceso de regularización administrativa
Inés Martínez
Xalapa, Ver.- El proceso de regularización administrativa que se desarrolla en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) continúa bajo revisión de las instancias competentes, como parte de una estrategia impulsada por el Gobierno del Estado para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el funcionamiento de la institución.
De acuerdo con integrantes de la comunidad universitaria, las acciones incluyen la verificación de la situación administrativa y académica del personal, así como la revisión de diversos procedimientos internos que presuntamente presentan inconsistencias.
Entre los aspectos que son objeto de análisis se encuentran posibles casos de docentes con asignaciones simultáneas en distintos centros de estudio, la validación de documentación académica de directivos, adeudos en la entrega de calificaciones, denuncias por presuntos cobros indebidos relacionados con certificados y asesorías de titulación, así como la existencia de personal que habría recibido pagos sin contar con carga académica registrada.
También se revisa la situación de docentes y directivos que no aparecen en el sistema de control escolar y de trabajadores que, hasta el momento, no han podido ser localizados para efectos de la verificación administrativa.
Autoridades educativas señalaron que estas acciones forman parte de un proceso de saneamiento institucional cuyo objetivo es garantizar que la universidad opere bajo criterios de legalidad, eficiencia y transparencia, privilegiando el servicio que se brinda a miles de estudiantes en la entidad.
El Gobierno del Estado ha reiterado que las investigaciones se desarrollan con apego a la ley y respetando el debido proceso, por lo que hasta el momento no existe una determinación definitiva sobre responsabilidades individuales.
No obstante, docentes que solicitaron el anonimato señalaron que un grupo de profesores ha manifestado su inconformidad con el proceso de revisión, al considerar que las investigaciones podrían afectar intereses al interior de la institución.
De acuerdo con esos testimonios, el grupo identificado como Movimiento Estatal UPAV, integrado públicamente por Verónica Sánchez Ramos, Mauricio Tapia Tentle, Elsa Andrea Maldonado Alemán, Silvia Ivette Lara Barradas, Roberto Ibáñez y Carlos Enrique Sierra, ha cuestionado las acciones emprendidas por las autoridades universitarias y estatales.
Hasta ahora, las instancias responsables no han informado la conclusión de las investigaciones ni la emisión de sanciones o resoluciones específicas. El proceso de regularización continúa conforme a los mecanismos legales y administrativos establecidos, mientras el Gobierno del Estado sostiene que el objetivo es consolidar una universidad con mayor transparencia, certeza administrativa y mejor servicio educativo para la comunidad universitaria.
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