[ LOCAL ]
Convoca a foro “Iniciativa de Ley para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Afroveracruzanas”
Congreso de Veracruz

Córdoba, Ver.- Este lunes, el presidente municipal, Juan Martínez Flores, presidió la rueda de prensa “Foro: Iniciativa de Ley para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Afroveracruzanas”, impulsada por la Diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Margarita Corro Mendoza, misma que tiene como finalidad convocar a la participación de todas aquellas personas que así se autodenominen para acudir a esta consulta de análisis y opinión que se llevará a cabo el 3 de mayo en el municipio de Yanga a partir de las 9:00 horas.
La primera autoridad, indicó que, se recibió esta invitación del Congreso del Estado, para difundir desde el gobierno local, una serie de trabajos que se realizarán en diversos municipios de Veracruz para brindar el reconocimiento de Ley a estas comunidades que radiquen en el territorio veracruzano, y participen en estas consultas.
La Diputada y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Margarita Corro Mendoza, comentó que la iniciativa trata de una reforma constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte integrante de la composición pluricultural de la nación mexicana; contando con una adicción al apartado C del artículo segundo Constitucional que establece: “que estas comunidades tendrán en lo conducente los derechos señalados, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía e inclusión social”.
Con ello, se tendrá a bien, realizar una convocatoria pública y abierta para asistir a los foros de conocimiento de esta iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Afroveracruzanas, y a su parecer convenga participen para enriquecer, nutrir o aportar lo que estas comunidades así lo crean necesario.
Los interesados, podrán consultar la convocatoria en la página http://www.legisver.gob.mx/convocatorias/comunidadesafroveracruzanas o para mayor informes comunicarse al (228) 842 05 00 ext. 2100.
A la rueda de prensa también asistieron el abogado, Arturo Aguilar Lira; y los regidores, Sergio Armando de Llave Migoni y María del Carmen Aguilar Mendoza.

Miguel Ángel Contreras Mauss
Córdoba, Ver.- Integrantes del Comité de Motociclistas Unidos del Estado de Veracruz rechazaron públicamente el nuevo cobro por concepto de reemplacamiento anunciado por la gobernadora Rocío Nahle, al considerar que se trata de una medida confusa, inconsulta y carente de justificación para quienes ya cumplieron con sus pagos.
Abraham Aíza, representante de la organización que agrupa a más de 25 mil motociclistas en el estado, señaló que no están en contra del reordenamiento vial ni de la legalización del parque vehicular, pero sí de pagar nuevamente por un trámite ya realizado.
“Lo que pedimos es claridad, coherencia y empatía. No se puede improvisar una política pública con declaraciones cambiantes”, sostuvo.
La molestia entre el gremio se ha hecho evidente no solo en Córdoba, sino también en otras ciudades como Coatzacoalcos, Xalapa y Veracruz, donde este lunes se realizaron protestas pacíficas.
El reclamo central gira en torno a las contradicciones de la mandataria estatal. En menos de dos semanas, la gobernadora declaró primero que el reemplacamiento sería gratuito; luego, que tendría un costo de mil 380 pesos; y posteriormente, que bajaría a 980 pesos.
A la fecha, no existe un decreto, reglamento ni comunicado oficial que establezca los lineamientos del nuevo programa.
“No estamos negados a cumplir con nuestras obligaciones, pero es inaceptable que pretendan cobrarnos por segunda vez sin bases legales ni operativas claras. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está el boletín oficial?”, cuestionó Aíza.
El vocero también destacó que, según estimaciones de agencias distribuidoras, en Veracruz hay alrededor de 12 millones de motocicletas, y que al menos 7 millones circulan de manera irregular, una cifra que refleja la urgencia de políticas públicas eficaces, pero no arbitrarias.
Finalmente, los motociclistas insistieron en que el gobierno debe emitir un posicionamiento formal y dejar de recurrir a declaraciones ambiguas.
“No somos enemigos del orden, pero tampoco aceptaremos abusos disfrazados de reordenamiento”, concluyeron.

Miguel Ángel Contreras Mauss
Córdoba, Ver. – Córdoba se ha vuelto una ciudad hostil para los motociclistas. Silenciosamente, pero de forma constante, las motocicletas están desapareciendo. No es percepción: los datos duros lo confirman.
De enero a mayo de este año, al menos 32 motocicletas han sido robadas, lo que significa que cada 112 horas —menos de cinco días— una moto es robada en esta ciudad.
Los datos provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y revelan un aumento preocupante: en el mismo periodo del año pasado, se denunciaron 23 robos.
Es decir, el delito creció casi un 40% en un solo año, y lo más grave es que la mayoría de estos casos*ocurren sin violencia, a plena luz del día y sin que nadie intervenga.
De los 32 casos denunciados, 29 fueron robos sin violencia, lo que indica que los delincuentes no necesitan armas, solo tiempo, organización y la certeza de que no hay vigilancia ni consecuencias.
Las motos se esfuman de estacionamientos, calles transitadas, colonias populares y hasta de zonas céntricas sin que una sola cámara de seguridad logre identificarlos.
Los otros 3 robos fueron con violencia, donde los dueños fueron interceptados y amenazados para entregar su unidad, generalmente en la periferia de la ciudad o en caminos menos vigilados.
Expertos en seguridad consultados por este medio señalan que las motocicletas son actualmente uno de los botines más rentables para el crimen común: fáciles de transportar, difíciles de rastrear, y con un mercado negro ávido de refacciones.
>“Una moto robada puede ser desarmada y revendida por piezas en menos de 24 horas. Si no la encuentras el mismo día, ya no la encuentras”, afirma un exagente de investigación que pidió el anonimato.
Pese al crecimiento de este delito, no existe una estrategia clara para combatir el robo de motocicletas en Córdoba.
Las denuncias son archivadas, las carpetas de investigación no avanzan, y los dueños, además de perder su medio de transporte, se enfrentan a una cadena de indiferencia institucional.
Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en la única herramienta de búsqueda para muchos: publicaciones de “se busca esta moto” son compartidas a diario por grupos de motociclistas, muchas veces sin que las autoridades intervengan.

Córdoba, Ver. — En una jornada de protesta que paralizó las actividades académicas, docentes de la Escuela de Bachilleres “Dr. Alfonso Ortiz Tirado” (ESBAO) tomaron tanto el plantel educativo como las oficinas de la Dirección General de Bachillerato (DGB), ubicadas sobre la avenida 11 de esta ciudad.
La movilización se realizó en rechazo a lo que calificaron como una imposición arbitraria de un nuevo director.
La inconformidad surgió tras la sorpresiva salida de la maestra encargada de la dirección, cuya remoción no fue explicada ni consultada con la comunidad escolar.
Los profesores exigieron que el proceso de designación del nuevo titular se realice con apego a la normatividad y con total transparencia.
“No estamos en contra de los cambios, pero exigimos claridad en los procedimientos. La comunidad docente merece respeto y participación en las decisiones que afectan directamente la vida académica del plantel”, expresaron los inconformes, quienes colocaron lonas y pancartas en ambos puntos de protesta.
Como consecuencia de la toma, más de un millar de estudiantes se quedaron sin clases.
Padres de familia manifestaron su preocupación ante la interrupción del ciclo escolar y pidieron a las autoridades estatales una pronta solución que no vulnere el derecho a la educación de sus hijos.
Hasta el momento, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no ha emitido un posicionamiento oficial al respecto.
Los docentes advirtieron que el paro se mantendrá de manera indefinida hasta que se instale una mesa de diálogo y se garantice un proceso justo en la asignación de la nueva dirección.
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