Agencias SPI

Xalapa, Ver.- El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 es un documento con lenguaje y frases retóricas, con proyecciones idealizadas y metas irreales que demuestra que el Gobierno Federal no sabe qué hacer para manejar la crisis de inseguridad en el país, según una investigación de la organización Causa en Común,

El investigador de Causa en Común Francisco de Villa realizó un análisis al citado programa de seguridad pública del Gobierno Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 2 de julio del presente,

El programa está dividido en cinco apartados: análisis del estado actual;  objetivos prioritarios; estrategias prioritarias y acciones puntuales; metas para el bienestar y parámetros y;  epílogo: visión hacia el futuro.

Expuso en palabras sencilla que el programa sectorial es una hoja de ruta, el plan de acción; empero, el programa presentó serias deficiencias en cada uno de los apartados analizados.

En el apartado: análisis del estado actual, no es un verdadero diagnóstico de la inseguridad del país, sino un texto con frases retóricas y lugares comunes y menciones incorrectas.

Un ejemplo de esto: “Hacer frente a estos desafíos se relaciona estrechamente con la creación de la Guardia Nacional como respuesta ante la necesidad de contar con una corporación de policía capaz de afrontar los desafíos de la inseguridad y la violencia prevalecientes, con la participación corresponsable de entidades federativas y municipios”.

“Como se sabe, la Guardia Nacional no es una corporación de policía. Son las propias Fuerzas Armadas con una distinta denominación”, puntualizó el experto.

También se afirmó que se fortalecerán a las policías estatales y municipales; sin embargo, durante el 2020, las policías no fueron una prioridad en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Fondo de Aportaciones para Seguridad Púbica tuvo un aumento del 0.4 por ciento de 7,210 mdp en 2019 pasó a 7,444 mdp en 2020. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de 84,264 mdp en el 2019 pasó a 86,971 mdp en el 2020; es decir, aumenta un 0.4% en términos reales. Por mencionar algunos.

En el apartado objetivos prioritarios del Programa Sectorial (que son cinco), se detectó éstos no tienen soporte técnico y, en cambio, insisten en un lenguaje propio de la retórica política.

Por ejemplomejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz; contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional; impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural.

Así como fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito; fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente.

Igualmente, en los objetivos se detectaron enumeración inconexa de conceptos y ambigüedades a lo largo del documento, es decir, lleno de impresiones, enumeración de conceptos, que den cuenta dan cuenta de una supuesta intención renovadora e incluyente.

En el tercer apartado: estrategias prioritarias y acciones puntuales, carece precisamente, de estrategias y acciones puntuales, confundiendo ambos niveles de análisis.

Francisco de Villa precisó que sorprende que a casi dos años de gobierno, el documento menciones que se generarán y aplicarán metodologías para la elaboración de diagnósticos en materia de prevención de la violencia y el delitos a través de mesas de trabajo; propuestas para el diseño e implementación de capacitación en materia de prevención; entre otros.

Respecto al apartado cuarto: metas para el bienestar y parámetros, se observó que existe una visión sumamente estrecha el principal criterio para definir metas de carácter operativo son encuestas de victimización y percepción.

“Cuando son múltiples las consideraciones que determinan ese tipo de metas: desde incidencia delictiva, hasta desarrollos institucionales locales de carácter policial y ministerial, hasta consideraciones orográficas, y/o a partir de análisis de inteligencia, entre otros”, puntualizó el documento.

“De hecho, ni en éste ni en ningún documento oficial conocido se ofrece alguna explicación sobre los criterios para el despliegue operativo de la Guardia Nacional”, expresó el investigador.

En el ultimo apartado del Programa Sectorial; Epilogo, visión hacia el futuro, aquí se encontraron las proyecciones idealizadas de una propuesta de seguridad para el corto plazo.

Con respecto al tráfico de drogas, señala que “en 2024 se habrá consolidado el combate y trasiego de drogas (sic) a través de la estrategia del Gobierno de México, orientada principalmente en el combate a la corrupción, atender las causas que generan la inseguridad y la violencia”.

“A la luz de los resultados de los primeros dos años de gobierno, la frase carece de sentido”, dijo Francisco de Villa.

También que para 2024, “se habrán instaurado los controles necesarios para inhibir el ingreso ilegal y la circulación de armas de fuego en el país, en coordinación con las fuerzas armadas, como un factor que favorezca la construcción de paz en las comunidades y regiones del país desde la perspectiva de seguridad y protección ciudadana”.

Destacó también el siguiente compromiso: “los delitos de homicidio doloso, secuestro, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a transeúnte y en el transporte público habrán disminuido en un 50%, alcanzando con esto la meta del Gobierno de México”.

“Se trata, a todas luces, de una meta irreal e irresponsable, pero natural en un documento que no se aparta, en ningún momento, de su intención propagandística”, afirmó.

Y Agregó: “¿Por qué es grave que un programa sectorial se formule con este cúmulo de insuficiencias y deficiencias? Es grave porque denota, en un planteamiento oficial del más alto nivel, que el Gobierno Federal no puede explicar de manera rigurosa, coherente y precisa, en qué consisten sus definiciones para enfrentar la situación de inseguridad, violencia y crimen más grave de los últimos cien años”.

Es grave, prosiguió De Villa, porque lo que constituye una obligación de ley para explicarle al país los qué, los cómo y los cuándo, se degrada al nivel de un panfleto publicitario.

“En pocas palabras, si se va a juzgar, a partir de este documento, si existe comprensión y competencia para enfrentar esta crisis, queda acreditado, en sus propias palabras, que el Gobierno Federal, simplemente, no sabe qué hacer”, acotó el investigador de Causa en Común.