Agencias SPI
Xalapa, Ver. – Cuando un persona candidata a puesto de elección popular sufre un atentado de agresión contra su vida, la asistencia de ir a votar disminuye 1,3 por ciento y por cada ataque a un funcionario pública la tasa de homicidios se incrementa en el lugar del atentado, según un análisis de Data Cívica.
Las organizaciones Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, como parte de su proyecto Votar Entre Balas, presentaron los resultados de su más reciente reporte, La violencia Político-Criminal en México 2018-2023.
Entre los hallazgos, resaltó que en 2022-2023, la violencia político-criminal se extendió a casi todo el país, con Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas y Baja California, ocupando los primeros cinco lugares de mayor frecuencia de estos ataques.
Las agresiones en esos cinco estados, ocurrieron en 581municipios que concentran 75 millones de habitantes. Es decir, 60 por ciento de la población mexicana vive en un territorio donde el crimen organizado ha buscado incidir en la esfera política, mediante el uso de ataques dirigidos a actores políticos y sus círculos más cercanos.
El estudio mencionó que por cada agresión a una persona candidata se registró una disminución de 1.3por ciento en promedio en la asistencia de la ciudadanía a votar entre las elecciones de 2018 y 2021, y por cada persona que desempeñaba un puesto en la función pública la caída fue de 3 puntos porcentuales.
Además de afectar la asistencia de la ciudadanía a votar, la violencia también provoca que las personas que habían sido seleccionadas y capacitadas para ser funcionarias de casilla no se presenten y, como marca la ley, sean sustituidas por las primeras que se forman en la fila para ejercer su voto.
En ese sentido, por cada persona candidata o militante de partido atacada, hay un aumento de casi 1 por ciento de sustitución.
El estudio subrayó la importancia de analizar no sólo las agresiones en periodos electorales, sino también durante la trayectoria de las personas ya como autoridades, ya que la violencia continúa y tiene efectos en el contexto municipal que también se analizaron.
En ese sentido, otro de los hallazgos fue que por cada ataque a funcionarios públicos, al año siguiente aumenta cinco puntos la tasa de homicidios en el municipio.
El documento citó como ejemplo, en Atoyac, Veracruz, el presidente municipal suplente fue secuestrado y posteriormente asesinado a principios de 2019, después de lo cual se disparó casi cinco veces la tasa de homicidios.
Y es que, según el análisis de las organizaciones, la mayoría de las víctimas de violencia política-criminal se concentran en la administración pública municipal, misma que se ha expandido en todo el territorio nacional en los últimos seis años con mayor intensidad durante los ciclos electorales y una tendencia al alza sostenida desde 2022.
Asimismo, entre las conclusiones, se afirmó que ante el aumento sustantivo en el número de ataques al conjunto de sus autoridades electas y personas funcionarias municipales, sugiere que los grupos criminales buscan afianzar o recrear redes informales de protección para ejercer el control sobre la política local.
Esto es parte de un fenómeno más amplio de gobernanza criminal, mediante el cual el crimen organizado busca controlar sus territorios de influencia y convertirse en gobernantes de facto.
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